Desde que el pasado 25 de octubre un juez de Valladolid diera, por primera vez, la razón a un ciudadano particular frente a Volkswagen por el caso de las emisiones, Carlos Martín Soria y sus compañeros en Vidau Abogados -el bufete que les emplea- están desbordados de trabajo. En España hay medio millón de afectados por el llamado Dieselgate que ahora saben que hay una posibilidad seria de tumbar a la poderosa empresa alemana en un juzgado.
Recordemos que, en septiembre de 2015, Volkswagen reconoció que había instalado en su motor diésel EA 189, es decir, en cientos de miles de vehículos, un software que diferenciaba si el coche estaba en modo de pruebas o en condiciones de tráfico real, modificando las emisiones de óxidos de nitrógeno, el mismo tipo de gases por el
que Madrid acaba de establecer un Protocolo de Contaminación. El escándalo propició, entre otras cosas, la renuncia de su CEO, Martin Winterkorn.
En Estados Unidos, se produjo una demanda conjunta -en la que participaron tanto la Agencia de Protección Ambiental como los propietarios de vehículos afectados- que se resolvió en julio con compensaciones a 475.000 consumidores y un fondo de 2.700 millones de dólares para mitigación de daños al medio ambiente. La empresa alemana tendrá que desembolsar en Estados Unidos una cantidad cercana a los 15.000 millones de dólares.
Inauguración de la nueva planta de Volkswagen en Wrzesnia, Polonia.
Sin embargo, en España todo se estaba resolviendo de una forma diferente: con unas cartas del Ministerio de Industria que conminaban a los afectados a llevar sus coches al taller más cercano para que les repararan el software problemático, sin coste alguno y en unos 30 minutos. Hubo cinco sentencias (dos en Valencia, Zaragoza, Torrelavega y Madrid) antes que ésta de Valladolid, todas a favor de Volkswagen.
Entonces, ¿qué hizo de especial este abogado para darle la vuelta a la situación y poner contra las cuerdas al fabricante alemán?
"No basamos la demanda desde un punto de vista ecológico, porque aunque exista ese trasfondo no es un factor que lleve a los consumidores a elegir una u otra marca de coche", explica Martín Soria a EL ESPAÑOL.
Pese a que la compañía ha sido criticada, sobre todo, por el daño ambiental causado por las emisiones trucadas, como estrategia judicial era una vía muerta. Optaron por el consumo. Algunas de las infructuosas demandas anteriores contra Volkswagen se habían basado en un vicio en el consentimiento. Los demandantes aseguraban que, de haber sabido que sus coches contenían un software fraudulento, no los habrían comprado. "Decían que se había dañado su sensibilidad ecológica, pero eso tampoco aparecía acreditado", explica el abogado. Por tanto, no prosperaron.
El juicio duró sobre cuatro horas y media, fue largo y fatigoso. Volkswagen estaba además asesorada por unos contrastados abogados del despacho Cuatrecasas que trataron de llevar la contienda al lado técnico, con un minucioso informe elaborado por cuatro catedráticos y un profesor de la Universidad Politécnica de Valencia.
"Una de las cuestiones que planteamos en el juicio es que Volkswagen no reparaba los coches sino que modificaba las características de su motor", indica Martín Soria. En esencia, si algo no está roto -y estos coches no lo estaban- no puede repararse. "Lo que nosotros y nuestros peritos especificábamos era que al hacer esas modificaciones para reducir las emisiones, dado cómo funcionan los motores diésel, tendrían que aumentar el consumo o disminuir la potencia".
Todo el mundo lo hace
En un momento dado, el abogado preguntó a los peritos de Volkswagen por qué. Por qué, si la reparación apenas requería media hora y era gratuita para el consumidor, se siguieron fabricando coches con esa anomalía y permitiendo que circularan por España, Europa y Estados Unidos.
La respuesta fue "no lo sabemos".
Otra de las principales líneas de actuación de los abogados del fabricante teutón fue que no se empleara en el juzgado la palabra "fraude" para referirse a la acción de instalar ese software. La propia sentencia incluye en varias ocasiones el término "fraudulento" para referirse a ello, pero, como recuerda el letrado de Vidau: "Insistían en emplear el eufemismo de que era una modificación para diferenciar la posición del modelo de prueba y homologación con la conducción real, pero nosotros somos de Valladolid y llamamos a las cosas con su nombre".
Los de Volkswagen acabaron concediendo que la manipulación de las emisiones en el modo de pruebas era una práctica extendida en toda la industria
Ante la estrategia desplegada por los vallisoletanos, la defensa de Volkswagen se vio obligada a reaccionar. Uno de estos movimientos desconcertó a los letrados locales, ya que, al aludir a una clasificación de emisiones elaborada por ADAC, la asociación de automovilistas alemanes, los de Volkswagen acabaron concediendo que la manipulación de las emisiones en el modo de pruebas era una práctica extendida en toda la industria automovilística. "Es un melón que ha abierto Volkswagen y que puede tener consecuencias bastante graves", dice el abogado.
Qué pasará ahora
Un día antes de la sentencia en Valladolid, se hizo pública una carta de Věra Jourová, Comisaria Europea de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género al español Francisco García Sanz, miembro del consejo de administración de Volkswagen, en la que reclamaba que los consumidores de la Unión Europea -donde se vendieron la mayoría de los coches- fueran compensados al mismo nivel que los estadounidenses.
Para el abogado que ha logrado la única compensación de Volkswagen en España hasta la fecha, y además una de cuantía similar a las que se barajan en Estados Unidos, los dirigentes europeos están pecando de timidez: "¿Qué pasa, que somos ciudadanos de segunda, y siendo además ésta una empresa alemana?", se pregunta.
Ahora, el gigante de Wolfsburgo tiene la opción de recurrir la sentencia -y arriesgarse a perder y sentar un peligroso precedente en la Audiencia Provincial- o aceptar la compensación de 5.006 euros a este ciudadano vallisoletano y exponerse a que otros muchos afectados busquen a continuación las suyas.
Por su parte, Martín Soria, que exigía al principio para su cliente un nuevo Audi Q5 de 177cv pero sin software fraudulento, no descarta que acaben recurriendo la sentencia.