Han pasado ya más de 10 años. En abril de 2008, un total de 57 medios de comunicación recibieron una notificación inesperada y que marcaría jurisprudencia. Telma Ortiz (45 años), la hermana de la entonces princesa Letizia (46), y su entonces marido, Enrique Martín Llop, decidieron demandar a la prensa contra la que pedían medidas cautelares para defenderse de la presión mediática, a la que según ellos, estaban sometidos. Un enfrentamiento judicial que se recuerda ahora que su padre, Jesús Ortiz, reclama a EL ESPAÑOL 8.000 euros por "sentir mancillado su honor, su intimidad y su propia imagen" al llamar "republicanos" a "los Ortiz".
Un mes después de que la hermana de la reina interpusiese la demanda, en mayo de 2008, los distintos medios (revistas, cadenas de televisión, periódicos gratuitos, agencias y páginas web) se encontraron en el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Toledo. La expectación era máxima, y los involucrados eran tantos que tuvieron que habilitar la Sala de Matrimonios, la más grande de los juzgados, que aún así se quedó pequeña.
Permanente acoso, 24 horas al día
La petición de Telma al juez era clara : "que los medios se abstengan de captar, publicar, distribuir, difundir, emitir o reproducir" imágenes o instantáneas suyas o de su pareja.
Telma y Enrique, en una vista oral en 2008.
Para poder evitarlo, los defensores de la hermana de Letizia pedían la "adopción de medidas cautelares por vulneración del derecho a la propia imagen". Unas acciones que se debían tomar con "urgencia por el inminente alumbramiento de la demandante y el indiscutible morbo que despierta entre los papparazis' y medios de comunicación".
Su abogado Fernando Garrido, aseguraba que la presión mediática estaba basada en un "permanente acoso las 24 horas del día". "Corren peligro físico real. El acoso es insoportable".
En la demanda de más de 300 folios, Telma además justificaba que no había tomado medidas antes porque pensó que era mejor guardar "silencio en la incrédula esperanza de que el paso del tiempo haría que su persona perdiera cualquier atractivo incluso para la curiosidad del ciudadano medio".
Pierde y tiene que pagar las costas
La juez que instruyó la causa, María Lourdes Pérez Padilla, desestimó la demanda en un auto de ocho páginas. En este, y "sin hacer referencia" al parentesco de Telma Ortiz con su hermana Letizia, señalaba que es "evidente" la "inviabilidad jurídica" de su solicitud por considerar que la demandante sí tiene proyección pública.
La magistrada señaló que los demandantes buscaban "una prohibición genérica que va contra la legalidad" para captar y difundir su imagen, según la sentencia. Así, se condenó a Telma a pagar las costas, aunque reconocía que su demanda no había estado movida por la mala fe.
Telma entrando en los juzgados.
La magistrada distinguía en su auto los supuestos en los que debe protegerse la intimidad y el derecho a la propia imagen de particulares anónimos, amparados en la Constitución, y la de aquellos con proyección pública y cuya imagen es conocida, como el caso de la hermana de Letizia.
Respecto a la denuncia de la defensa de una "posible existencia de un peligro físico" que pudiera sufrir Ortiz ante el acoso de los medios, la jueza consideró que para ellos están las leyes que condenan la "conducción temeraria" y otras conductas.
Una decisión que no compartían ni Telma ni Enrique ni sus abogados, que recurrieron la sentencia. En noviembre de 2008 la Audiencia Provincial de Toledo desestimó el recurso presentado, confirmando que debían pagar las cuotas que rondaban los 40.000 y 60.000 euros.
Acusados de promover una censura previa
La demanda de la hermana de Letizia no pasó desapercibida. Por un lado, porque nunca un personaje tan cercano a la Familia Real había ido contra los medios, y menos de manera judicial. Por otro lado, esta acción generó un intenso debate sobre los límites de expresión, y muchos consideraron que con esta demanda lo que quería instaurar Telma era la "censura previa".
Juan Luis Ortega Peña, cuyo despacho representó a Lecturas, Semana y Sorpresa, aseguró en ese entonces que "lo que se analiza es si esta mujer puede pedir que no se hable sobre ella. Y esto atenta contra la libertad de expresión". Una resolución que si resultara a su favor "implicaría una censura previa que nos devolvería al franquismo", apostillaba.
En el documento presentado, Telma demandaba no contra algo ya publicado, sino en previsión de lo que los medios pudieran publicar sobre ella.
El mismo abogado que su padre
En ambos casos, la demanda que presentó Telma en 2008 y la que ha presentado su padre contra EL ESPAÑOL, el encargado de la demanda ha sido el letrado Fernando Garrido Polonio, que trabaja en el bufete Garrido Abogados.
Fernando García en una imagen de la web de su bufete.
Desde su despacho en Toledo, Garrido Abogados asesora a "empresas y particulares de Castilla-La Mancha y del resto de España, directamente y por medio de equipos de profesionales locales con los que tiene acuerdos de best friends", reza en la página web del bufete.
Lo cierto es que Fernando tiene un currículum que avala la elección por parte de los familiares de la reina. El letrado ejerce la abogacía desde 1986, es director de la Escuela de Práctica Jurídica de Toledo desde 2013 y miembro del Consejo de la Abogacía de Castilla-La Manch, entre otros.
Está licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, tiene un diploma de Estudios Avanzados por la Universidad de Castilla-La Mancha, un curso de doctorado en materia de Derechos Humanos y Libertades Constitucionales, entre otros logros.
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