Iñaki Urdangarin (52 años), marido de la infanta Cristina (55), cumplirá esta semana dos de los cinco años y diez meses de prisión a los que fue condenado por el caso Nóos, un periodo al que llega con sus permisos y sus salidas de voluntariado suspendidas desde hace tres meses debido a la pandemia de coronavirus.

Será el próximo jueves, 18 de junio, cuando habrán transcurrido dos años desde que ingresara en la cárcel de Brieva (Ávila), el centro elegido por él para cumplir la condena que le fue impuesta por el Tribunal Supremo por malversación, prevaricación, fraude a la administración, dos delitos fiscales y tráfico de influencias.

Clasificado como interno en segundo grado, tiene derecho a disfrutar de 36 días al año fuera de la cárcel, con un máximo de siete cada vez, y desde septiembre pasado acudía a desempeñar tareas de voluntariado en el Hogar Don Orione, un centro para discapacitados situado en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón.

Al principio dos, y después tres días por semana (lunes, miércoles y viernes), Urdangarin recorría en coche los 103 kilómetros de distancia que separan este municipio de la cárcel abulense. Pero tanto esta labor de voluntariado como los permisos a los que tiene derecho se han visto suspendidos desde marzo por la pandemia de coronavirus. El Hogar Don Orione restringió las visitas desde el 9 de marzo para garantizar la protección de las personas que atiende, y a ello se unió la prohibición derivada del estado de alarma de viajar entre comunidades. El Ministerio del Interior anuló también los permisos de los reclusos para evitar contagios, una medida que dejó sin efecto el 14 de mayo (junto a la de recibir visitas en locutorio) siempre que su lugar de residencia fuera de prisión estuviera en la misma provincia que el centro penitenciario.

Por tanto, Urdangarin, de 52 años, puede recibir alguna visita, siempre con mamparas de por medio, guantes y mascarillas, pero no disfrutar aún de permisos porque el domicilio que ha comunicado para ellos es en Vitoria y no es posible aún esa movilidad.

Fuentes penitenciarias han informado de que el esposo de la infanta Cristina tiene concedidos dos permisos pendientes de disfrutar aún. Hasta ahora se le habían concedido otros dos, uno de ellos de seis días el pasado mes de febrero y otro de cuatro la última Navidad.

Además, cuando se decretó el estado de alarma Urdangarin contaba con poder salir de la cárcel dos fines de semana al mes ya que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria se lo había concedido. Pero esa decisión fue revocada el 1 de abril por la Audiencia de Palma, que fue la que dictó la sentencia inicial por el caso Nóos, tras el recurso presentado por la Fiscalía al entender que con esa medida se situaba al interno en un régimen de semilibertad equiparable a un tercer grado encubierto.

Si no se le concede antes, a ese tercer grado podrá acceder cuando cumpla la mitad de su condena, en mayo de 2021. Mientras tanto, la infanta Cristina, que este sábado ha cumplido 55 años, sigue residiendo en Ginebra con sus dos hijos menores y viaja con frecuencia a España.

La última ocasión en que coincidió públicamente con la Familia Real fue el pasado 29 de enero en el funeral por su tía la infanta Pilar de Borbón, en la basílica del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Los dos años de prisión de Urdangarin coinciden prácticamente con los cinco transcurridos desde que Felipe VI (52) revocara el título de duquesa de Palma a su hermana Cristina después de que el juez instructor del caso Nóos, José Castro, decidiera llevarla a juicio como presunta cooperadora en dos delitos fiscales y de los que fue finalmente absuelta.

El 11 de junio de 2015, poco antes de que se cumpliera un año de su proclamación, el rey firmó el real decreto que privaba a su hermana de ese ducado. Fue una de las decisiones que ha adoptado durante los casi seis años de su reinado (se cumplirán el 19 de junio) enmarcadas en la conducta ejemplar que prometió en su discurso de proclamación.

La última de ellas, el anuncio de que renuncia a la herencia de su padre, el rey Juan Carlos (82), y la retirada de la asignación presupuestaria que percibía. Una decisión hecha pública el pasado 15 de marzo tras las informaciones en las que se aseguraba que Felipe VI era beneficiario de dos fundaciones de Suiza vinculadas a Juan Carlos, una de ellas mediante la que supuestamente el anterior jefe del Estado habría obtenido una comisión de 100 millones de dólares de Arabia Saudí.

Hace una semana la Fiscalía del Tribunal Supremo comunicó que asumía la investigación que dirigía Anticorrupción sobre el presunto pago de comisiones en la construcción del AVE a La Meca al comprobar que una de las personas que podrían estar involucradas en los hechos sería el rey Juan Carlos. 

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