Susana Díaz plantea suspender el régimen de visitas a los padres denunciados por maltrato

Asturias, noviembre de 2014. Se acababan las dos horas del régimen de visitas con sus dos hijas de siete y nueve años. Había pasado la tarde con las menores como cada martes y jueves tras la separación, cuando instantes antes de llevarlas de nuevo con la madre, José Ignacio Bilbao acabó con la vida de las pequeñas Amets y Sara a golpes utilizando una barra de hierro. Luego se suicidó. Antes envolvió la barra del crimen en papel de regalo.

Pontevedra, agosto de 2015. David Oubel estaba pasando parte de sus vacaciones con Candela y Amaya, sus dos hijas menores de cuatro y nueve años. Era miércoles y el fin de semana debían regresar con su madre, pero no volvieron: el hombre de 40 años las mató con una radial. Luego se intentó suicidar. Antes envió una carta a la madre avisando de que las mataría.

Y Castelldefells, en julio de 2015. Alicante, en mayo. Málaga, en enero... Así hasta sumar hasta 23 de los 44 menores asesinados en la última década por violencia de género durante el régimen de visitas o en el periodo de custodia compartida, según datos de la Federación de mujeres separadas y divorciadas. Es decir, en más de la mitad de los casos los niños estaba al cuidado de su progenitor -de acuerdo con lo dictado por un juez- cuando fueron asesinados.

Ante este escenario, el gobierno andaluz ha tomado la iniciativa y ha dado un paso al frente al plantear la suspensión del régimen de visitas a los hijos de aquellos padres denunciados por maltrato. Independientemente de que haya una condena firme en su contra.

Se trata de una medida incluida en el borrador de pacto de Estado para la erradicación de la violencia de género, que en los próximos días la presidenta socialista remitirá al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

“Es un tema que hay que regularlo con toda la crudeza que tiene”, ha reconocido la consejera de igualdad de la Junta de Andalucía tras la presentación del borrador. Y aunque recuerda que son los tribunales los que tienen la competencia para decidir sobre el régimen de visitas, explica que la propuesta pretende evitar casos de menores que son “utilizados o incluso asesinados” por el padre para “vengarse” de la madre.

“No hay que esperar a que exista una sentencia firme”

“Por supuesto que no hay que esperar a que exista una sentencia condenatoria en firme. Estamos hablando de una acción de prevención y este tipo de medidas tienen que actuar de inmediato”, valora la presidenta de la Federación de mujeres separadas y divorciadas, Ana María Pérez del Campo a EL ESPAÑOL, quien califica como “muy positiva” la propuesta de la presidenta andaluza.

Según sus argumentos, los casos que recopila a través de los medios de comunicación la organización que dirige ponen de manifiesto que los padres denunciados por maltrato perpetúan la violencia contra la madre a través de sus hijos: “No podemos seguir corriendo ese riesgo”. “Uno”, prosigue, “porque la vida de los menores corre peligro y dos porque las actitudes violentas no son genéticas, sino que son adquiridas. Un niño viviendo con un padre maltratador sufre un aprendizaje de estas conductas”.

Así, Pérez del Campo pide “soluciones materializadas ya” al Gobierno central, del que espera que recoja el testigo del Ejecutivo andaluz. No obstante, reconoce haber perdido “toda la esperanza” de que se materialice la iniciativa por la gestión de estos últimos cuatro años en temas relacionados con la violencia de género.

“Todos tenemos derecho a la presunción de inocencia”

Desde la Fundación Ana Bella reciben la propuesta con más cautela y consideran que sí debe haber una sentencia firme que condene al padre para suspender el régimen de visitas a los hijos, “todos tenemos derecho a la presunción de inocencia”, explica Silvia Torres, una de las coordinadoras de la organización.

Para Torres, sí debería ser esencial que mientras los tribunales resuelven el caso estas citas entre padre e hijos sean en centros vigilados por los profesionales para que no se pueda ejercer ningún tipo de violencia contra los menores: “Si hay denuncia se tienen que extremar al máximo las precauciones, hay que trabajar en esta línea”.