La proyección de datos que hoy presenta EL ESPAÑOL permite aventurar que, tras las elecciones del 20-D, en torno a 135 mujeres conseguirán acta como diputadas. Eso supone un 38,6% de la Cámara, dos puntos y medio más que en la pasada legislatura, donde el porcentaje fue del 36%. Nunca antes se ha logrado una presencia femenina tan alta, un dato que, por sí solo, es un claro reflejo de los cambios sociales que se han operado en España.

Pero si se escarba en esos números, evidentemente positivos, afloran situaciones contradictorias. Por ejemplo, un partido como Ciudadanos, en el que la elección de candidatos se realiza por primarias y, por tanto, mediante un sistema plenamente democrático, sólo incorpora a un 24% de mujeres en puestos de salida.

Enfrente, el PSOE es el partido que más mujeres incorporará al Parlamento, por su compromiso con las denominadas "listas cremallera", confeccionadas a partes iguales por varones y hembras en puestos alternos.

A rebufo de la Ley de Igualdad

Como consecuencia de la Ley de Igualdad que el Gobierno de Zapatero aprobó en 2007 se modificó la normativa electoral. Desde entonces, las candidaturas deben presentar "una composición equilibrada de mujeres y hombres", de tal forma que ninguno de los sexos tenga una representación inferior al 40%. Este precepto, no exento de polémica, por cuanto supone forzar la paridad, fue recurrido al Tribunal Constitucional, que a la postre avaló la norma.

Por otra parte, la proporcionalidad de sexos en la lista no afecta a los puestos de salida, que cada partido puede establecer a su antojo. Precisamente uno de los argumentos del Alto Tribunal para declarar constitucional la norma fue que ésta no imponía un orden en las candidaturas.

Cuotas y corrección política

Ahora bien, que exista un número similar de diputados y diputadas, más allá de corregir un desequilibrio histórico y de intentar que el Congreso sea un espejo de la realidad poblacional, no es garantía de más democracia ni, evidentemente, de mejores parlamentarios. Al contrario, las cuotas que impone la corrección política, llevadas al extremo, pueden acabar relegando a candidatos objetivamente más preparados.

En última instancia, lo que la realidad demuestra es que el ejercicio de la libertad choca con el establecimiento de barreras y los criterios rígidos, sean del tipo que sean. La solución no es que Ciudadanos o Podemos se obliguen a que de sus primarias salga un determinado número de hombres y mujeres, sino que esas votaciones sirvan para tratar de elegir a las personas más capacitadas.