La guerra abierta entre varias ONG contra la expresidenta del Círculo de Empresarios, Mónica Oriol (55 años) y su marido, el empresario naviero Alejandro Aznar Sáinz (55), por las obras de remodelación de su casa del Parque Nacional de Cabañeros (Ciudad Real) va para largo. Una batalla legal que comenzó en 2014 cuando el presidente de bodegas Marqués de Riscal y su esposa llevaron a cabo unas "remodelaciones" en la finca que poseen en dicho enclave natural y que fueron denunciadas por varias ONG, que aseguraron que la pareja había cometido una "auténtica tropelía contra el medio ambiente" y se había construido una mansión de 12 metros de altura.

Ahora, el recurso del matrimonio ante el Contencioso Administrativo por la multa de 201.000 euros es el último episodio de esta guerra que llevó a la actual ministra de Agricultura en funciones, Isabel García Tejerina, a comparecer en el Congreso de los Diputados.

Tras presentar el recurso por la condena, el representante legal de la pareja ha calificado de "disparate" la sanción ya que considera que la cuantía es "muy elevada". Sin embargo, a pesar del adjetivo del abogado, la multa impuesta es la mínima que contempla la Ley de patrimonio natural y de la biodiversidad para dichas infracciones, mientras que la máxima es de dos millones de euros. Por ello, las ONG denunciantes, Ecologistas en Acción y WWF, recurrirán de nuevo la sanción y pedirán su ampliación hasta el millón de euros. "El Ministerio de Agricultura estima que se han excedido en las obras, pero no dicen nada del daño causado a la vegetación y vamos a recurrir para que reparen el daño causado. Además la multa es escasa teniendo en cuenta que son millonarios", explican desde Ecologistas en Acción.

Los Aznar-Oriol contaban con el permiso pertinente para las obras

El abogado de la pareja ha demostrado a EL ESPAÑOL que el matrimonio contaba con el permiso necesario para realizar las obras en la casa. El 27 de marzo de 2013, la inmobiliaria Bullaque, propietaria de la finca, solicitó al Ayuntamiento de Alcoba de los Montes –localidad en la que se ubica la propiedad- el permiso para "la demolición parcial, rehabilitación, reforma y ampliación" de la casa principal de la finca. Días después, el Director-Conservador del Parque Nacional de Cabañeros respondió a la solicitud asegurando que "dichos trabajos cuenta con la autorización del órgano gestor del Parque y no existe inconveniente alguno por parte de esta Dirección, en el marco de sus competencias, para su realización".

La concesión de estos permisos es una de las alegaciones que el representante legal del empresario naviero y también presidente de las bodegas Marqués de Riscal ha presentado ante el Contencioso Administrativo. "Las obras no son inamovibles siempre y cuando sean compatibles con la licencia, como sucede en este caso", explica el abogado.

Además, ha recordado que el principio general sancionador dice que las multas han de ser "proporcionadas". "Es un despropósito la sanción de 200.000 euros", asegura el abogado, quien al enterarse de que los denunciantes van a solicitar una sanción económica mayor, se sorprende y lo tilda de "barbaridad".

Por otro lado, el abogado también indica que el Parque Nacional ha realizado una "interpretación demasiado rigurosa" de la legislación. "Existe una superposición de tres leyes autonómicas de Castilla La Mancha, como son la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla La Mancha (LOTAO), el reglamento del suelo rústico de la comunidad y a Instrucción Técnica de Planeamiento, además de la Ley de declaración del Parque Nacional de Cabañeros y el Plan Rector de Cabañeros, que actualmente no existe pero se toma como referencia el proyecto. Todo esto lo vamos a alegar”, explica el defensor de los Aznar-Oriol.

¿Remodelación de la casa o construcción de una mansión?

Mientras que el abogado de la inmobiliaria Bullaque, propietaria de la finca, asegura que la obras realizadas en la misma son una pequeña remodelación de la vivienda, las ONG denunciantes aseguran que el matrimonio ha construido en pleno corazón del Parque Nacional "una auténtica mansión" y han cometido una "auténtica tropelía contra el medio ambiente". Y es que estas obras han supuesto la construcción de un garaje con capacidad para 16 vehículos y de una zona encofrada de evisceración de 1.000 metros cuadrados, así como la construcción de más alturas en la vivienda, que ya ha alcanzado los 12 metros de altura.

Pese a las duras acusaciones de las ONG, el abogado respalda y justifica la actuación de su cliente. "Para las obras se han seguido las directrices verbales de los técnicos de Cabañeros, quienes dijeron que el parking evitaría el deterioro causado por el movimiento de los vehículos y la zona de evisceración es de obligado cumplimiento para los cotos de caza privados para así recoger mejor los restos de las cacerías", argumenta.

Ante el recurso judicial presentado por el abogado de los Aznar-Oriol, las ONG anuncian que darán batalla hasta el final para que "paguen todo lo posible por lo que han hecho. "Se han saltado la ley a la torera", explican desde Ecologistas en Acción. La batalla en los juzgados se antoja larga y compleja.