Este pasado viernes, 16 de junio, salía a luz que Bárbara Rey (73 años) y sus hijos, Sofía (39) y Ángel Cristo Jr. -fruto de su relación con el domador Ángel Cristo- serán juzgados por un presunto delito de alzamiento de bienes. El juicio, inicialmente, estaba fechado para el próximo lunes, día 19, en la Audiencia Provincial de Madrid.
24 horas después de conocerse la noticia, la vedette se ha pronunciado al respecto por primera vez, aclarando los detalles del caso. Según ha confesado ante los micrófonos de Europa Press, tanto ella como sus hijos se encuentran "muy tranquilos, sin ningún tipo de problema". Bárbara Rey ha dejado claro que "no puedo hablar porque está en manos de los tribunales", pero sí ha querido desvelar que no es una información nueva. "Llevamos años con esta historia, no sé porqué ha salido ahora esto", ha desvelado la televisiva.
"Parece ser que cualquier cosa que sale con mi nombre tiene una repercusión que no te quiero ni contar", ha expresado Bárbara Rey. En sus palabras, se trata de un acontecimiento que "no tenía que haber existido". "Con este país no pasa nunca nada", ha incidido.
Por otro lado, Bárbara Rey ha confirmado que en los próximos días se emitirá un comunicado oficial, ya que "se están diciendo muchas cosas que no corresponden con la realidad".
Cuando se le pregunta por su interpretación de los hechos, comenta: "No existe mi versión porque no puedo hablar del tema, de todas formas, esta semana se hará un escrito para desmentir las informaciones en condiciones. Está en manos de los tribunales". Rey, además, ha querido desmentir que el juicio no se vaya a celebrar porque un familiar suyo esté en paradero desaparecido: "Eso no es cierto".
Siguiendo el mismo discurso que su madre, Sofía Cristo expresaba en su reaparición ante las cámaras: "Ya se aclarará todo cuando se tenga que aclarar y os daréis cuenta de las cosas, de cómo son".
La Fiscalía solicita tres años de prisión para María Margarita García García, nombre real de la artista, por un delito de alzamiento de bienes en relación a varias operaciones financieras llevadas a cabo para provocar "una situación de indefensión económica", lo que le imposibilitaba satisfacer el dinero que le reclamaba la Agencia Tributaria que asciende a 143.902,24 euros. Los hijos de la vedette, por su parte, se enfrentan a una pena de dos años y seis meses de cárcel por haber cometido presuntamente el mismo delito que su madre.
Los hechos en que se basa el escrito de acusación se remontan al 10 mayo de 2011, cuando la AEAT comenzó una inspección a la actriz en relación al pago del Impuesto sobre las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) de los periodos fiscales comprendidos entre los años 2006 y 2008.
Así, el 16 de noviembre del 2012 se dictaron sendas actas por el IRPF, la primera del año 2006 y la segunda, correspondiente al año 2007/08, por importes de 135.031.21 euros y 131.568,98 euros, respectivamente.
Dichas actas fueron notificadas a la acusada el 12 de febrero del 2013 y tenían de plazo de ingreso voluntario hasta el 20 de marzo de ese mismo año. De ahí que el 18 de julio se dictaran acuerdos de imposición de sanciones en ambos expedientes, por importes de 51.496,62 euros y 60.675.47 euros, igualmente notificados a Bárbara en fecha 8 de agosto de 2013.
A sabiendas de que habían comenzado las labores de investigación de la AEAT, la vedette, "con ánimo de eludir dicha responsabilidad de pago y frustrar las legítimas expectativas de cobro de la AEAT", se puso en contacto con varios familiares para actuar en "connivencia" a fin de llevar cabo la realización de ciertos actos de disposición patrimonial "que tenían como objetivo la finalidad de generar la quiebra de las deudas contraídas, haciendo imposible el cobro de los mismos por sus legítimos titulares". A fecha de 19 de diciembre del 2017 existía un saldo de deuda pendiente de ingreso de 143.902,24 euros.