Otro galeón San José, como el descubierto en Colombia hace unos días, ha emergido en batalla legal de los fondos marinos, pero en Panamá. Setenta años antes de que la Armada británica acabara con el San José en las costas colombianas, el otro San José, se enfrentó a una fuerza catastrófica: navegar a ciegas. En 1631 el galeón de guerra de 400 toneladas y 32 cañones de la Armada española naufraga tras rozar con un bajío no registrado en las cartas náuticas a bordo. El casco se desprende, pierde su carga y se hunde. Parte de los restos caen a la deriva en las cercanías. Fin de la historia.
El navío portaba 1.417 barras de plata, 416 cajones con plata labrada, alhajas, junto con 73.436 reales de a 8 y 27 piñas de plata
Las autoridades coloniales españolas intentaron el rescate varias veces y los restos permanecían protegidos en las aguas. La carga declarada incluía 1.417 barras de plata, 416 cajones con plata labrada, alhajas y numerosos reales de a 8, junto con 73.436 reales de a 8 y 27 piñas de plata. Artillaba sólo 28 cañones y todos fueron recuperados en su momento. Pero seguían sin recuperarse más de 400.000 pesos en moneda y 267 barras de plata.
En 2003 Panamá firma un contrato de explotación y salvamento de los restos con la empresa Investigaciones Marítimas del Istmo (IMDI) y le concede: “Los derechos exclusivos para realizar toda clase de estudios en los sitios especificados […] y realizar el salvamento y rescate de los bienes localizados en las aguas territoriales de Panamá, incluyendo objetos de metal: tesoros, embarcaciones, tales como barcos hundidos y abandonados, barcazas, botes y equipo flotante en general, incluyendo la carga que se encuentre en las embarcaciones o pecios que sean rescatados”.
Reparto del tesoro
Diez años después, en 2013, la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico del Instituto Nacional de Cultura de Panamá autoriza a la compañía a identificar, recuperar y salvar los artefactos del naufragio histórico en las Islas de las Perlas. Ambas partes acuerdan que la meta es “conservar los bienes recuperados, documentar el hallazgo”. La empresa debe entregar al Estado panameño “la porción de los bienes con valor comercial que corresponda”, porque por acuerdo se lo dividen ambas partes. Quedan exentos de la negociación los bienes declarados de valor histórico y patrimonial.
Entonces, el país - como Estado parte de la Convención sobre la Protección de Patrimonio Subacuático de 2001- pide a la Unesco asesoría del proyecto de extracción del pecio del galeón San José hundido en sus costas. La organización manda en 2015 a un grupo de expertos en misión científica y técnica, dirigida por el arqueólogo español Xavier Nieto, al que acompañan las arqueólogas Dolores Elkin y Helena Barba, que descubre las maniobras habituales de los cazatesoros.
Se requisaron cerca de 3.000 monedas de plata con un destino incierto cuando estaban en posesión de uno de los directivos de IMDI
¿Cuál es el veredicto del informe de la misión que la Unesco acaba de publicar? La empresa IMDI no ha actuado con las cautelas científicas exigidas por los estándares arqueológicos subacuáticos internacionales, impulsados por la Convención de 2001, los mismos que Colombia se negó a firmar. En el estudio se detalla cómo se han producido varios hechos alarmantes para los investigadores: el pasado mes de julio IMDI “trató aparentemente de exportar desde Panamá sin los permisos necesarios” piezas que debía custodiar.
Archipiélago de Las Perlas, en Panamá.
A los pocos meses, la empresa vuelve a exportar de manera irregular, esta vez a los EEUU, varias piezas arqueológicas objeto de protección. El ministerio de Cultura panameño abre proceso administrativo contra IMDI y reclama a las autoridades estadounidenses el retorno inmediato de las piezas a Panamá.
Además, se requisaron cerca de 3.000 monedas de plata con un destino incierto cuando estaban en posesión de uno de los directivos de IMDI. En otro momento se incautaron 94 monedas de plata por personal de las autoridades aduaneras de los EEUU a un trabajador de IMDI. Según su declaración, las monedas le fueron entregadas en compensación por su trabajo como capitán de uno de los buques que extrajeron dichas monedas. En la propia página de Facebook de IMDI los expertos encontraron objetos extraídos del sitio arqueológico a la venta.
Daños al patrimonio
Por si fuera poco, el responsable del proyecto de IMDI ni es arqueólogo, ni posee experiencia alguna en arqueología subacuática. Así que no debería extrañar que la metodología de excavación empleada por IMDI haya sido a base de potentes chorros de agua y hélices que han removido el sedimiento y producido “un importante daño tanto al patrimonio arqueológico como a su entorno natural”.
Uno de los aspectos más graves de la intervención privada en el legado público a proteger es la falta de especificación del origen exacto y localización de los descubrimientos. De hecho, en gran medida la empresa ha atribuido a los restos del galeón piezas posteriores, como un herraje del siglo XVIII.
Las acciones de la empresa cazatesoros han originado la destrucción del yacimiento arqueológico y la pérdida de su valor como documento histórico
La conclusión final de los expertos es que “se evidencia un incumplimiento general por parte de IMDI de las Normas de la Convención así como de los principios generales de la misma”. “Las acciones llevadas a cabo hasta el momento por la empresa IMDI han originado la destrucción de un yacimiento arqueológico y la pérdida de su valor como documento histórico”, por eso desaconseja llevar nuevas acciones arqueológicas en el lugar.
El proyecto es una simple operación de extracción de objetos enmascarada en un proyecto supuestamente arqueológico, con la intención de explotar comercialmente los objetos
Los científicos proponen montar una exposición de los restos recuperados para desarrollar “una campaña de sensibilización en los medios para mostrar el cambio de rumbo de la política panameña en este campo y lograr la complicidad y apoyo de los diversos sectores de la comunidad local en la protección de este patrimonio”.
“En definitiva, a esta misión no le cabe duda alguna sobre el hecho de que el Proyecto de 2013 –y el contrato de 2003- es una simple operación de extracción de objetos enmascarada en un proyecto supuestamente arqueológico, y con la intención de explotar comercialmente los objetos “preciosos” extraídos del fondo del archipiélago de las Perlas”, revela la Unesco en el informe.
Recomendaciones a Colombia
La misión determinó cinco obligaciones en función de la Convención de 2001, que deberían servir como ejemplo para Colombia en la recuperación del pecio español. El hecho de no haber firmado la Convención libera a las autoridades de cualquier obligación, sus fondos submarinos no se rigen por las leyes compartidas internacionalmente:
Primera: el respeto a la protección in situ como opción prioritaria para conservar el patrimonio cultural subacuático.
Segunda: prohibición de explotar comercialmente el patrimonio cultural subacuático.
Tercera: la exigencia de una capacitación técnica y científica de quienes lleven a cabo la actividad, así como una reputación contrastada.
Cuarta: respeto de las metodologías antes y durante las actividades de extracción, mediante el diseño de un proyecto arqueológico.
Quinta: exigencia de conservar y gestionar el sitio arqueológico y los objetos rescatados.
“Ya hace varios años que se ha advertido acerca de la incompatibilidad entre los intereses de una empresa comercial y la preservación del patrimonio cultural, en este caso subacuático”, dice el informe de la Unesco. Una apreciación que choca frontalmente con la ley de patrimonio aprobada por Colombia hace dos años. “Ello se debe a que las empresas comerciales focalizan su actividad en la extracción de objetos que pueden venderse, en tanto que en el ámbito de la arqueología y la preservación del patrimonio no se discrimina entre aquellos que tengan valor comercial y aquellos que no”.
La explotación comercial altera el contexto arqueológico, “dado que el registro cuidadoso y la conservación de la totalidad de los restos arqueológicos representa una pérdida de tiempo y dinero para la empresa”. Esta es una de las principales consecuencias negativas que tiene la explotación comercial del patrimonio, como pudo verse con la cazatesoros Odyssey. La comunidad científica aconseja legislar en contra de la explotación comercial del pasado. Sólo falta que los gobiernos escuchen su reclamación.