El galeón San José se aleja de la propiedad española tres siglos después de haber sido hundido en el mar Caribe por la Armada británica en 1708. “Es propiedad de todos los colombianos”, dijo en la multitudinaria rueda de prensa el presidente Juan Manuel Santos, dejando claras las intenciones del país sobre el pecio español. Por su parte, en declaraciones a este diario, el Secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, desde el sábado en La Habana, ha asegurado que el Gobierno español será “prudente, pero firme” en la recuperación. “Vamos a recabar información precisa y tras conocerla se adoptarán las medidas que procedan en defensa del patrimonio subacuático español”, añade.
Sin embargo, los especialistas ven un caso mucho más complicado al rescate del tesoro de la fragata de Nuestra Señora de las Mercedes de manos de la empresa Odyssey. “No hay nada que hacer”, asegura a este periódico Javier García Fernández, catedrático de Derecho Constitucional en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y jurista de referencia en conservación y protección del patrimonio histórico.
Ya no hay cañones británicos, pero la única posibilidad que tenía España frente a la ley colombiana era la Convención de la UNESCO de 2001. En ella se reconoce “la importancia del patrimonio cultural subacuático como parte integrante del patrimonio cultural de la humanidad y elemento de particular importancia en la historia de los pueblos”. Todos los Estados firmantes de la convención están obligados a cumplir los 35 artículos. Colombia no está entre ellos, por lo que queda libre de la regulación internacional, prioritaria frente a la nacional.
Una ley polémica
“Si es propiedad del Estado español, será español allá donde esté”, cuenta García Fernández. “Pero la ley colombiana, aprobada en 2013, lo privatiza todo y permitirá a una empresa similar al Odyssey desmantelar el pecio en poco tiempo. Sólo un entendimiento amistoso podría poner de acuerdo a ambas partes, pero lo veo muy complicado. Lo normal que ocurra es que con su ley en la mano se lo concederán a un tercero para su explotación. Colombia se llevará un porcentaje de la explotación del negocio de la venta del producto y quizá elegirá alguna pieza representativa para quedársela”, explica a EL ESPAÑOL.
La polémica Ley de Patrimonio Cultural Subacuático, que invocó el pasado sábado Juan Manuel Santos, prevé la creación de alianzas entre empresas privadas y el Estado para las labores de localización y rescate de pecios. En ella se estipula la remuneración para esas compañías en el caso de hallazgos “que estén constituidos por bienes y materiales que no formen parte del patrimonio cultural de la nación”.
Esa remuneración es "hasta del 50 % del valor de esos bienes". Pero además, la ley recoge que el Ministerio de Cultura de Colombia puede pagar esa compensación "hasta con el 50 % de las especies rescatadas que no constituyan patrimonio cultural de la nación o con su valor en dinero".
La mitad para un Odyssey
Aplicado al caso del galeón San José, Colombia entregaría a la empresa con la que establezca la alianza la mitad de los 5.000 millones de dólares en oro, plata y piedras preciosas. En este caso, el Estado colombiano estaría favorecido por una sentencia de 2011 de la justicia norteamericana que, tras una solicitud de la compañía Sea Search Armada, estableció que la propiedad del pecio era del país. En 1996, el cargamento de porcelana y oro rescatado de una nave con bandera holandesa se subastó en Christie’s y alcanzó un precio de 16.000.000 de dólares.
La ministra de Cultura, Mariana Garcés, explicó el pasado sábado que se recurrió a una alianza público-privada "para financiar este tipo de procedimientos que son enormemente costosos". Sin embargo, no dio más detalles sobre ese convenio ni acerca de la compañía con la que se selló el acuerdo.
La Convención de la UNESCO determina una dirección científica contraria a la especulación. El imperativo de la norma internacional para los firmantes es la conservación e investigación, “la necesidad de reunir las colecciones dispersas, así como la necesidad del acceso, la exposición y educación públicos”. Los intereses culturales, no comerciales.
Además, la UNESCO dice que la conservación in situ es la opción prioritaria para proteger el patrimonio cultural subacuático. La norma segunda aclara que “la explotación comercial de patrimonio cultural subacuático que tenga por fin la realización de transacciones, la especulación o su dispersión irremediable es absolutamente incompatible con una protección y gestión correctas de ese patrimonio”. “El patrimonio no deberá ser objeto de transacciones ni de operaciones de venta, compra o trueque como bien comercial”.
De todas formas, la Convención no regula la propiedad de los pecios hallados, aunque detalla dos circunstancias: si el buque es hallado fuera de sus aguas territoriales, el Estado que lo encuentra (Colombia) debe informar al Estado propietario (España) y consultar su consentimiento antes de emprender cualquier intervención. Y dos: si es hallado en aguas jurisdiccionales no hará falta la consulta. De momento, el Gobierno español está en trámites de pedir información a Colombia.
La ley española dicta que si un pecio está en aguas jurisdiccionales españolas y tiene también bandera española está protegido por el Estado español. Incluso si tuviera bandera extranjera pasaría a ser propiedad del Estado a los tres años del abandono. El problema aparece con las aguas internacionales. En las aguas de todos no se aplica la ley de un país. Cuando un barco se hunde más allá de las 12 millas, la ley que se aplica no es la propia, sino la legislación internacional. El asunto en aguas internacionales es claro: el barco, convertido en pecio, pertenece al Estado al que perteneció. Sin embargo, el descubridor o los caza tesoros de un pecio en aguas internacionales puede reclamar su propiedad.
Un espectador inesperado
Entre la audiencia y en los actos oficiales del sábado, estaba el jurista y exprocurador de Colombia, Carlos Gustavo Arrieta. Su presencia no es vana, puesto que se trata del representante de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), donde mantiene un litigio con Nicaragua acerca del archipiélago de San Andrés (ubicado en el Caribe).
La CIJ ya falló acerca del caso en 2012, cuando definió los límites marítimos entre Nicaragua y Colombia en el Caribe. Sin embargo, y ante la no aplicación de la sentencia, el país centroamericano presentó dos nuevas demandas ante la corte, un litigio en el que Arrieta está presente como agente de Colombia.
Su labor en el caso San José no fue aclarada durante el acto en el que se presentaron las evidencias del galeón y el propio Arrieta rechazó la posibilidad de hablar con los medios allí presentes. Podría deberse a las labores de asesoramiento para el Gobierno.