Mariano Rajoy premia a José María Lassalle por el trabajo que ha hecho en la Secretaría de Estado de Cultura durante estos cinco años y le coloca al frente de la Secretaría de Estado de la Sociedad de la Información y la Agenda Digital. Gracias a la decisión, Lassalle cambia de lado de la mesa de negociaciones en cuestiones de explotación de la propiedad intelectual: de defender a la Cultura, pasa a sentarse donde antes estaba Víctor Calvo-Sotelo para defender a las empresas que se enriquecen con la explotación de los derechos de los contenidos. “No es una ironía gratuita ni ingenua”, comenta una fuente de una sociedad de gestión de derechos de autor a este periódico.
Si la reforma que aplicó contra el canon digital ha supuesto el final de la carrera política vinculada a la cultura de Lassalle, la misma norma le mantiene a flote como ministrillo. No en vano, ejecutó una reparación que el Tribunal de Justicia de la UE ha calificado como ilegal por no compensar correctamente a los autores. Lassalle liberó a las empresas tecnológicas, que ahora pasa a defender, de pagar 115 millones de euros anuales a los creadores para que fueran los españoles los que pagaran de su bolsillo 5 millones de euros al año.
Reunión en el Círculo de Bellas Artes contra Lassalle, en 2014.
El relato se desenmascara, aunque el sector cultural ya lo había advertido con la reforma de la LPI cuando pidió la dimisión de Lassalle por no defender la causa de quienes representaba, los titulares de esos derechos. En septiembre de 2014 se amotinó a las puertas de la sede del antiguo Ministerio de Cultura: “El sector cultural ha quedado devastado y destruido, en beneficio de las empresas tecnológicas”, denunciaron. A golpe de altavoz, lamentaron que la Ley haya sido “arrebatada a Cultura por los intereses de otros ministerios”. El tiempo parece haberles dado la razón.
Leyes usurpadas
También abarrotaron el Círculo de Bellas Artes autores, creadores, productores, técnicos, etc, que se reunieron para clamar contra el entonces secretario de Estado de Cultura. Señalaron a Lassalle como su peor enemigo y montaron la campaña “#leylassalleno”, porque la reforma de la LPI iba en contra de sus derechos e intereses.
José Luis Acosta, entonces presidente de la SGAE, dijo que la ley “ha sido usurpada por otros ministerios implicados”. Ese día pidieron a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que intercediera para paralizar el proyecto. La cultura retiró de manera tajante su apoyo a José María Lassalle, factótum de la ley que “deja indefensos a los actores culturales”, en un acto multitudinario que no se recordaba desde aquellas marchas de 2003 por el No a la guerra.
A veces esos intereses no son simétricos y encontramos fuerzas muy poderosas contra otras mucho más débiles
Unos días más tarde se presentó en el Congreso de los Diputados para defender su postura. Instalado como mártir aseguró que “he tenido que gestionar el peor de los mundos posibles” y reconoció las presiones de las empresas tecnológicas para favorecer sus intereses: “El conflicto obliga a hacer un encaje entre intereses”, una aseveración que desveló sus carencias como defensor de las necesidades del sector al que representaba. “Los intereses en presencia son muy complejos y obligan a encajes y ajustes complicados”, añadió para subrayar la fuerza de los lobbies en sus decisiones.
“Las dificultades de conciliación entre intereses son propias en un marco como el de la LPI”, explicó al resto de los diputados, a lo que hábilmente José Andrés Torres Mora, portavoz del PSOE, le respondió: “A veces esos intereses no son simétricos y encontramos fuerzas muy poderosas contra otras mucho más débiles”. Le recordó que la política debería servir para equilibrar esas fuerzas. “Todavía puede llegar a un acuerdo con la cultura”, añadió. Pero prefirió premiar a las tecnológicas que a la cultura. Como dicen en EEUU: “No pain, no gain” (sin sufrimiento no hay beneficio), una frase propia de un corredor de fondo como él, en la que los escrúpulos no cuentan.