El telón se abre y aparece una actriz aprendiendo a montar a caballo para su próxima película. Los ensayos no han empezado, el rodaje queda lejano, pero ella debe saber hacerlo. Un día, la actriz cae del caballo y se rompe el fémur. Adiós a la película, el trabajo y los ingresos. No tiene derecho a ningún reconocimiento laboral, porque la preparación del papel no se le reconoce como actividad laboral, aunque esté trabajando. Se cierra el telón y aparece el título de la película: España.
Ahora vemos a un guionista trabajando en su casa. Encerrado en su habitación y apurando los ahorros de su último trabajo. Tiene un año por delante para escribir una obra que guste a una productora y lo convierta en serie. O en película. Pero eso no ocurre y el trabajador cultural se vuelve a su casa sin nada. ¿Puede cotizar el trabajo realizado durante un año? ¿Puede la actriz cotizar sus ensayos? No, ninguno, en ningún caso.
La película tiene más capítulos: uno de los más sangrantes el de los autores jubilados, incapacitados para seguir creando si quieren cobrar su pensión después de varias décadas cotizando. La Seguridad Social los amputa, negando su experiencia si deciden compartirla. El panorama es desalentador y la norma que regula los derechos del trabajador de la cultura (que aportan el 4% al PIB del país) es de hace tres décadas y nunca ha contemplado la especificidad de sus tareas.
Primer día de derechos
Este miércoles, uno de marzo, por primera vez en la historia democrática española, el Congreso de los Diputados se abre a las necesidades de las más de 500.000 personas empleadas en el sector, con la primera sesión de la subcomisión para la elaboración de un Estatuto del artista acorde a la actualidad. Hoy es el primer día que el congreso de los diputados se toma en serio los derechos de una profesión que había permanecido ocultas a los ojos del legislador”, dice Eduardo Maura, portavoz de cultura de Podemos. Hasta el momento se han hecho borradores, que exponían los motivos y las dolencias del sistema, pero nunca se planteó hacer comparecer a un alto cargo del Ministerio de Hacienda ante los responsables de los grupos parlamentarios para explicar los problemas propios del trabajador cultural.
Fotografía del ensayo de Séneca.
“La subcomisión es el lugar para poner en claro las dudas”, comenta Maura, quien junto con los votos de PSOE, PNV y ERC pusieron en marcha la subcomisión. Todos los partidos lo llevaban incluido en su programa electoral, pero PP y Ciudadanos se abstuvieron en la primera votación. Más tarde rectificaron y se sumaron a la iniciativa que, finalmente, se aprobó por unanimidad. Un momento democrático dulce.
Durante un año, a partir de hoy, los grupos políticos escucharán al sector y elaborarán la hoja de ruta legislativa que el Congreso deberá seguir para la aprobación de la norma. La subcomisión se reunirá una vez al mes. Los seis primeros meses pasarán por el Congreso casi 30 representantes de las diferentes disciplinas del sector para alumbrar a los legisladores. Los seis meses restantes, se pondrán a legislar. Dato: la subcomisión contra la violencia de género es de seis meses.
No es vinculante
Primer escollo para la esperanza: el informe no es vinculante. Segundo problema: Hacienda. “Si Hacienda se niega en rotundo a modificar cualquier detalle, porque considera que no es relevante, te quedas sin el soporte legal para construir la norma”, cuenta Maura. La última palabra la tiene Cristóbal Montoro, cuya política cultural en la anterior legislatura se puede resumir en la asfixia del IVA cultural. “Con la comparecencia de los técnicos de Hacienda y Trabajo creemos que se implicarán para sacar adelante el estatuto”.
Si Hacienda se niega en rotundo a modificar cualquier detalle, porque considera que no es relevante, te quedas sin el soporte legal para construir la norma
Al diputado del PSOE José Andrés Torres Mora le gusta este titular: es el primer día del final de la precariedad del trabajo cultural. “Mi esperanza se debe a que hay una conciencia muy extendida de la situación de precariedad de quienes trabajan en la cultura. Esa conciencia colectiva puede dar su fruto. Hacerlas visibles ya es mejorar”, dice. También piensa lo contrario, que “se ha instalado la idea de que la cultura es casta y esto es injusto”. No piden un trabajo fijo, porque por naturaleza es inestable. Reclaman unos derechos que no tienen. Para empezar, un guionista o un escritor, si quieren inscribirse en el Catálogo Nacional de Profesiones, deberán hacerlo en el epígrafe de “ceramistas”...
Ensayo de Zenit.
“Hacienda es la que se ha mostrado más hostil con el mundo de la cultura, vamos a ver si somos capaces de hacerles cambiar”, explica Torres Mora. El informe técnico debería estar listo en abril de 2018, con las modificaciones necesarias para refundar la situación laboral. Pero los grupos de la oposición prefieren ir aprobando medidas de urgencia durante el camino y no esperar a la puesta en marcha del estatuto, que se podría retrasar más allá de esta legislatura.
“Sobre todo los asuntos fiscales y de salud son los de mayor urgencia”, señala Maura. “El catálogo de profesiones necesita una reforma de urgencia. Hay profesiones que no existen hoy para el Ministerio de Hacienda”. La compatibilidad de los ingresos por actividad cultural y jubilación también es urgente.
La maternidad, urgente
“La maternidad es lo más urgente, es una cuestión de justicia”, dice el abogado de la Unión de Actores y Actrices, Ignacio Martín Pina. “Es un día importante porque se estudiará la actividad intermitente del trabajador cultural”. La naturaleza de este tipo de empleos es temporal y en el mejor de los mercados posibles seguirá siendo temporal. “Además, es inestable porque la actividad no se realiza siempre en el mismo lugar. Hay giras, no hay turnos, etc. Es muy difícil hacer rutinas y dinámicas como el resto de trabajadores”, añade. Es optimista porque es un primer paso, pero es “una reforma muy compleja”. “No hay nada, sólo hay indicios y consenso. Falta la política”.
Curro Royo, vicepresidente de ALMA, el sindicato de guionistas, sale contento de su comparecencia. Cree que el consenso garantiza la corrección de la distorsión que supone el trabajador cultural en el marco general. “Alternamos periodos muy intensos de trabajo, con otros de ausencia laboral. Eso debe reflejarse en la fiscalidad”.
Fotografía del ensayo de Festen.
“Somos el cuarto país exportador de series de televisión en el mundo. Tenemos talento y sabemos hacer las cosas. Pero el mercado descansa sobre los hombros de los trabajadores, que están indefensos. El guionista es el que paga el I+D+I del sector con su trabajo en solitario, la industria no arriesga”, dice. La situación es tan peculiar que no se puede regularizar el precio de un guion. “¿Cuánto se cobra por un guion? No podemos responder legalmente a esa pregunta”.
Todos reconocen que se ha creado una imagen de sector privilegiado y subvencionado que estigmatiza cualquier defensa del derecho laboral básico. Para Eduardo Maura es un problema de desigualdad del sector con respecto a otros. “España es un país sin modelo cultural por eso no reconoce las profesiones”. Y la duda es si Hacienda querrá asumirlo o lo intentará demorar. El diputado de Podemos asegura que todo dependerá de “la molestia y el trabajo que estén dispuestos a hacer Hacienda y Trabajo”. “A lo mejor la norma no se consigue en cuatro años, pero con pequeñas modificaciones legislativas la situación laboral puede corregirse”.