El pasado 20 de julio, después de abrir el ataúd de Salvador Dalí a las nueve y media, los especialistas acabaron su trabajo en la cripta de la Fundació Gala-Dalí. Antes de la medianoche, y después de una delicada operación de más de tres horas, incluyendo levantamiento con poleas de la losa de tonelada y media, los restos del artista muerto en 1989 ya habían sido troceados y apartados del cuerpo que, mutilado, fue devuelto a su tumba. Así descansa todavía hasta que restituyan lo que ha sido apartado de su ser.

Las partes que han servido a los especialistas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña (IMLCFC) para determinar que entre Pilar Abel y Dalí sólo hay una relación de interés, no han regresado a su tumba. Es posible que ocurra este octubre, aprovechando algún lunes cerrado al público. Entonces volverán a abrir y a cerrar para olvidar definitivamente el comportamiento “caprichoso” de la aspirante a la herencia del pintor.

Los análisis han determinado que Pilar Abel no es hija de Savador Dalí. Efe

La comisión del descuartizamiento se llevó una tibia, un fémur, uñas y muelas del pintor, protagonizando un regreso a la vida pública tan surrealista como agresivo. Dalí no podría haber diseñado una performance mejor. Porque todo ha sido para confirmar que Pilar Abel quedará para los postres como aspirante a heredera.

Una factura alta

Ahora, la Fiscalía ha determinado que Abel debe pagar las costas del juicio, pero nunca el precio del tinglado de la exhumación, que tal y como ha podido saber EL ESPAÑOL, ya ha sido adelantado por la Fundació Gala-Dali de su bolsillo. La institución prefiere no hacer pública la factura del capricho, siendo lo más caro la infraestructura de la operación, que se ha llegado a comparar con la exhumación del cadáver de Juan March, en 2013, por 20.000 euros.

Sin embargo, el de Dalí es más costoso debido a que los técnicos tuvieron que hacer frente a un cuerpo embalsamado, y las tareas se complican, tal y como ha aclarado la directora del IMLCFC, Aina Estarellas. Las tarifas del cotejo de ADN, tal y como ha podido saber este periódico, no sumarían más allá de 3.000 euros.

"Se ha actuado de manera caprichosa, infundada y no se ha probado nada que pueda poner en duda la seriedad del Instituto Nacional de Toxicología", ha dicho el fiscal en sus conclusiones, en las que ha pedido que se condene en costas a Pilar Abel, si bien no incluyen los gastos de la exhumación. La Fundació Gala-Dalí ya advirtió en su día que podría iniciar acciones para reclamar a Abel la cantidad adelantada. De confirmarse una sentencia en contra de la demandante, ésta ya ha advertido que se declarará insolvente.

Gastos incluidos

De hecho, hace dos años, cuando inició el pleito, demostró que carecía de fondos para hacerse cargo del pago del abogado y el procurador. Ha realizado el proceso gracias a la justicia gratuita. Los abogados de la Fundació Gala-Dalí, el bufete Roca Junyent, explican a este periódico que la sentencia, que se hará pública en los próximos diez días o un mes, el juez determinará si hace responsable a Abel de las costas. “Técnicamente, la exhumación no forma parte de las costas, pero sí de los gastos del proceso. La sentencia no determinará qué es una costa. Si la condena a pagarlas, los gastos están incluidos”.

¿Y si se declara insolvente de nuevo? Primero tendrá que demostrar que en estos dos años no ha tenido ingresos que se puedan hacer cargo del pago del proceso que, tras las pruebas de ADN, lo tiene perdido. Si demuestra que no ha obtenido ingresos, la Fundació Gala-Dalí perderá la cantidad que se ha visto obligada a pagar por la decisión de la jueza.

La fundación mostró su malestar, ante todo, con la titular del juzgado de Madrid que ordenó el levantamiento del cadáver. La jueza aclaró que “al no existir restos biológicos ni objetos personales sobre los que practicar la prueba por el Instituto Nacional de Toxicología” la prueba biológica era necesaria para la investigación de paternidad.

Todos lo pagamos

Una vez se ha confirmado que Salvador Dalí no es el padre de Pilar Abel, la Fundació califica esta decisión judicial como “inusual e injustificada”. Y “totalmente inadecuada y desproporcionada, poniendo en evidencia su total improcedencia y la inutilidad de los costes y perjuicios de todo tipo que ha ocasionado”. Señalan como responsable no a la demandante, sino a la jueza.

Los perjuicios a los que se refiere son, además del pago de la operación, los días que la fundación mantuvo bloqueada la compra de entradas online cuando se le notificó la decisión del juzgado. Pasaron varios días hasta que la jueza confirmó que se podría actuar de noche y sin alterar el horario de visitas.

Desde el bufete de Roca Yunyent se explica a EL ESPAÑOL que, en caso de que Abel sea declarada insolvente, sus clientes sólo podrán recuperar el dinero de la factura si elevan al Tribunal Supremo la denuncia contra la jueza y el máximo organismo declare la exhumación un “error judicial”. Entonces se reclamará a la Administración el pago de los gastos y serán los fondos del Ministerio de Justicia los que se hagan cargo del pago. Es decir, se pagaría con el tesoro de todos los contribuyentes.