“¿No estamos en plazo? Claro que sí”, se pregunta Emilio del Río, portavoz de cultura del PP, en el Congreso de los Diputados. Este jueves se vota en la Cámara Baja la tramitación de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), con cuatro años de retraso. Y volverá a entrar Kafka en escena: la oposición en bloque forzará al Gobierno a que la tramitación sea como Proyecto ley para poder arreglar el desaguisado que hay en el Real Decreto-ley aprobado el pasado 12 de abril, para adecuar la ley a las exigencias europeas en materia de transparencia y gobernanza de las entidades de gestión de derechos de autor.

Lo kafkiano sucederá cuando el PP vote a favor de debatir sobre una ley que ha convertido en Real Decreto sin buscar el consenso con el resto de grupos, que se han encontrado con un par de “sorpresas” al final del mismo: el PP ha añadido unas disposiciones adicionales sobre la situación laboral de los bailarines del Centro Nacional de Danza y el Ballet Nacional, que se incluyeron “a hurtadillas” y que expone a los trabajadores a una situación de precariedad, tal y como ha podido saber este periódico.

Chapuza con multa

Desde la oposición interpretan este voto a favor de la discusión parlamentaria como un reconocimiento de la “chapuza” que se ha gestado con esta Ley. Es la norma más importante del sector de las industrias culturales y se ha mantenido -desde la etapa de José María Lassalle, actual secretario de Estado de Agenda Digital- en KO técnico, grogui sobre la lona. El equipo de la Secretaría de Cultura ha tenido cuatro años para arreglar lo que sabían que debían corregir, pero ha esperado hasta la amenaza de multa de la Unión Europea (100.000 euros por cada día del retraso de su tramitación) para solucionarlo.

Desde Ciudadanos, Félix Álvarez asegura que “llega tarde”. “No nos gusta nada el texto, es manifiestamente mejorable y vamos a procurar que salga adelante para evitar el multón, pero como Proyecto de ley, es decir, debatiendo enmiendas que presentaremos”. Hay 15 días para hacerlo desde este jueves. Añade que han “colado” el asunto de los bailarines del CND y BN sin tener en cuenta a los agentes sociales.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid sentenció a favor de los bailarines de las compañías estatales para que fueran contratados como personal indefinido del INAEM (no como funcionarios) y los afectados denuncian que el PP, en lugar de acatar la sentencia, han cambiado la ley para contratarles por obra y servicio. Eduardo Maura, de Unidos Podemos, asegura que el Ministerio debe acarar la sentencia, cumplirla y pagar. Pedirá que se supriman estas disposiciones.

Un Gobierno sin rumbo

“Este texto retrata a la perfección al Gobierno: actúan a golpe de impulso, sin reflexión, sin consenso… para cubrir el expediente”, cuenta Álvarez. Eduardo Maura apunta que también les falta “anticipación”. “Tiene demasiados defectos”, señala Maura. La oposición en bloque coincide que el Real Decreto se aprobó “de cualquier manera”, porque estaban obligados a hacerlo. “Es el resultado de un Gobierno sin rumbo, ni anticipación a los problemas. Van con prisas y tarde, bajo amenaza de multa y tratando de resolver desaguisados de hace años. Solucionan un problema y generan otro”, explica Maura a este periódico.

No se puede olvidar que se refunda con varios caracteres decisivos en la gestión de los derechos de autor. Por un lado, se obliga a los operadores sin ánimo de lucro (fundamentalmente a la SGAE) a fortalecer la transparencia, la gobernanza y la gestión financiera. Por otro, se abre el mercado a operadores independientes con ánimo de lucro, para que gestionen algunos de los derechos de autor. Es una norma decisiva y se resuelve tarde y sin cuidado.

Desde el PSOE explican que hay cuestiones que no convencen, sobre todo, el cambio laboral de los bailarines. Iban García del Blanco, secretario de Cultura del PSOE, explica a EL ESPAÑOL que la votación del jueves es muy importante porque se introduce el ánimo de lucro en la gestión de derechos y, “aunque obliga la directiva, no nos parece que sea la modernidad, sino un paso atrás”. Asegura que votarán para que se tramite como Proyecto ley, porque hay muchos flecos “estropeados” que arreglar.

Y también la SGAE

Para Emilio del Río la opción del Proyecto de ley es una muestra de la intención de consenso y debate que pretende el PP, que la actualización de la Ley no llega tarde porque está en plazo y que lo importante es que salga bien, aunque sea tarde.

La crisis de los bailarines no será la única bofetada que recibirá el PP por este texto, en el plazo abierto para las enmiendas. También se han negado a retirar el artículo 71, que permite a las discográficas la explotación de los autores musicales. También tendrán que exponer cómo piensan resolver la crisis del reparto de las tarifas, que tumbado recientemente el Tribunal Supremo. Y, por supuesto, los estatutos que planea reformar José Miguel Fernández Sastrón, a pesar de que muchos de ellos rozan con la ilegalidad, según las fuentes de la oposición consultadas.