Estas son las cuentas pendientes de España con la memoria histórica (y el PP lo sabe)

Pedro Corral es un rastreador de las historias más rocambolescas de la Guerra Civil, con varios libros publicados al respecto; también es político, exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, un rara avis dentro de la formación conservadora que ha participado en varias exhumaciones de fosas comunes. Él tiene que hacer equilibrismos con el tema de la memoria histórica entre su posición personal y la disciplina de su partido, liderado por Pablo Casado, que hace poco declaró en un mitin que "los de izquierdas son unos carcas, todo el día con la fosa de no sé quién y la guerra del abuelo". 

"Yo he vivido con los familiares de las víctimas lo que supone una exhumación, un momento de mucha emoción, y no soy de los que dicen que eso reabre las heridas", cuenta Corral, que participó en la tramitación de la Ley de Memoria Histórica en el Congreso. "Los restos de las personas desaparecidas no tienen en el cráneo grabado una bandera, una ideología. La superación de todos esto es reconocer que son compatriotas nuestros que sufrieron violaciones de derechos humanos, tanto de un bando como del otro".

El político y escritor, autor de Esto no estaba en mi libro de la Guerra Civil (Almuzara), es uno de los participantes en la mesa redonda titulada Las políticas de la memoria en la España del siglo XXI, enmarcada en el III Congreso de la Memory Studies Association que se celebra esta semana en la Complutense. Y su voz, progresista en comparación con lo que se defiende desde el PP, es la más diferente del resto de integrantes del debate, con Francisco Ferrándiz (investigador del CSIC), Emilio Silva (presidente de la ARMH), Zira Box (socióloga e historiadora, UV), Rafael Escudero (doctor en Derecho por al UC3M), Pablo Sánchez León (Universidad Nova de Lisboa) y Marina Montoto, antropóloga social.

Las fosas comunes, el cambio del callejero, ahora la exhumación de Franco del Valle de los Caídos... todas estas cuestiones han adquirido una gran relevancia en los últimos años, lo que ha provocado un debate social y político "muy crispado". "El problema se ha sobredimensionado desde principios de siglo, cuando los nietos de la generación que vivió la guerra empezaron a encontrar deficiencias en la Transición y empezaron a abrir las fosas", expone Ferrándiz.

Fue Emilio Silva uno de los primeros en romper este pacto del silencio, desenterrando en el 2000 a su abuelo, que llevaba 64 años desaparecido. Él encabeza la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, es decir, una organización destinada a indagar en hechos históricos que no aparecen en los documentos, como la represión, a través de la memoria de los testigos. "El significante franquista (hechos, monumentos, narrativa negacionista de los crímenes) se ha mantenido inmóvil durante décadas", explica el sociólogo. "Las exhumaciones están descolocando el significante (abren la tierra, enseñan lo que hay ahí, muestra lo que dicen los huesos), y dan lugar a un nuevo proceso, una gran conversación sobre el pasado, que, sobre todo, ha conseguido un cambio de significado".

En suma, como bien señala Francisco Ferrándiz, el debate se centra fundamentalmente en el tema necropolítico, con especial seguimiento de las exhumaciones de fosas, casi todas de represaliados republicanos. ¿Pero qué sucede si se escarba un poco más? "Estas exhumaciones no son las primeras, sino las últimas. Durante el franquismo hubo multitud de exhumaciones, de creación de panteones a los caídos por Dios y por España. Lo mismo que hubo dos Españas en la guerra, esto tiene una expresión funeraria: las fosas que se han abandonado y las que se han homenajeado", reflexiona el experto del CSIC. 

En este sentido, Zira Box, estudiosa en profundidad del franquismo, incide que el culto a los caídos fue una pieza clave del proceso legitimador del régimen al actuar como una "teodicea". "Las políticas de la muerte forman parte de los regímenes antiliberales, y el franquismo emerge de una muerte masiva que se convirtió en una muerte significativa como puntal de legitimación continua", asegura la historiadora, autora de España, año cero (Alianza).

Sin embargo, el régimen franquista fue tremendamente heterogéneo en el tratamiento de la muerte, un tema sobre el que se lidiaron buena parte de las pugnas internas entre los sectores políticos e ideológicos que lo conformaban. La gran manifestación al respecto es la denominación de caídos frente a mártires. "Son concepciones diferentes de la muerte: una fascistizada, que terminaba con el grito de ¡presente! [por José Antonio Primo de Rivera] y adquiría sentido porque se había realizado por la nación; y otra estrictamente religiosa: quienes han muerto por Dios y por España nunca pueden ser caídos, sino mártires", explica Box.

Deberes legislativos

Pablo Sánchez León, investigador de la Universidad Nova de Lisboa, habla de la justicia transicional (verdad, justicia y reparación) y de las anomalía que presenta la dictadura española por su duración, casi cuatro décadas, en comparación con otros regímenes homólogos. "La transmisión intergeneracional de la memoria se dificulta porque está divida en vencedores y vencidos", dice, y habla de lo incómodos que fueron los testigos de la guerra y de la posterior represión en el proceso de aterrizaje de la democracia.

"Durante la Transición ha podido haber reparación sin justicia —como la reincorporación de soldados republicanos a sus escalafones militares— y más tarde procesos de justicia sin verdad —la Ley de Memoria Histórica o cuando se rehabilita a los represaliados enviándoles el Estado un documento que dice que su juicio no fue justo—", expone Sánchez León. "Lo que nos queda es la verdad. El movimiento memorialista ha conseguido que las cuestiones que tienen que ver con la verdad simbolizan los problemas de la democracia española".

Aunque respecto a las primeras exhumaciones populares el movimiento de memoria histórica ha avanzado mucho —por ejemplo, en un nivel logístico-técnico ya cuenta con el apoyo de laboratorios forenses—, la solución y reparación definitivas nunca serán posibles sin la contribución de la política y la legislación. Y a pesar de que el debate se ha internacionalizado con la querella argentina de 2010 o los informes de la ONU que reclaman un “plan nacional de búsqueda” de víctimas de la Guerra Civil, la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 por el Gobierno de Zapatero se ha revelado insuficiente, según los expertos.

"Las políticas de la memoria desde la Transición hasta ahora no satisfacen los estándares mínimos de derechos humanos. Son parciales, fragmentarias y están vinculadas únicamente a la reparación económica", afirma Rafael Escudero, doctor en Derecho. "La ley de 2007 no define qué es una víctima del franquismo legalmente y tampoco habla de violaciones de derechos humanos". Los "rayos de luz" los contempla en la legislación autonómica de Cataluña o País Vasco, que asumen el concepto de memoria histórica, las obligaciones internacionales que competen al Estado español y establecen como una política pública autonómica llevar a cabo el procedimiento de exhumación. Pequeños pasitos de un maratón al que le quedan muchos kilómetros.