La dirección del Museo Reina Sofía incumple con las buenas prácticas en la gestión de las contrataciones de servicios de gestión. Así reza en la denuncia a la que ha tenido acceso este periódico, presentada en la Inspección de trabajo y Seguridad Social de Madrid del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y en la Dirección de función pública y Secretaría de Estado del Ministerio de Hacienda. Se acusa a la cúpula de la institución de “incumplimiento del ordenamiento de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública y, en particular, el incumplimiento de las instrucciones sobre buenas prácticas para la gestión de las contrataciones de servicios”.
En el pliego se recoge la denuncia de dos contratos de servicios externos que vulneran las funciones para las que fueron adjudicadas. El primero debía ser un contrato menor para ejecutar en tres meses nuevas estrategias del Área de Actividades Públicas, por un importe de 10.743 euros. Sin embargo, acusan a la dirección por haber convertido a Mela Dávila, la persona adjudicada, en “la nueva Directora del Departamento de Actividades Públicas del MNCARS”, desde noviembre de 2015 hasta nuestros días.
Exposición Lo contemporáneo, a partir de la colección del Reina Sofía.
Y aportan las siguientes pruebas: Dávila firma documentos como “Directora del Departamento de Actividades Públicas del MNCARS” en documentos oficiales, dirige y da órdenes al personal del Museo, la Gerencia (Michaux Miranda) le ha asignado un despacho propio, en la cuarta planta del Edificio Nouvel Biblioteca y “en la puerta del mismo figura un cartel” con su nombre y cargo: “directora del Departamento de Actividades Públicas”. Además, de disponer de equipo informático del centro, teléfono fijo y teléfono móvil propiedad de la institución.
Por lo tanto, se denuncia una “vulneración del contrato adjudicado, cuyo objeto es de asistencia técnica y en modo alguno faculta a la adjudictaria para ejercer funciones de directora del Departamento de Actividades Públicas del Museo”. “Podría tratarse de un contrato de fraude de ley”, sentencia.
La doble estructura
Lo más llamativo es la denuncia del incumplimiento del Código de instrucciones sobre buenas prácticas para la gestión de las contrataciones de servicios y encomiendas, de 2012. Que dicen así: “Se evitará, tanto por los órganos gestores de personal como por los responsables de la gestión de los servicios, el recurso, como primera medida, a la contratación de servicios externos para suplir la carencia de medios personales cuando se trate de hacer frente a necesidades permanentes de personal”.
También se argumenta que este contrato cae en la “confusión de funciones y tareas compartidas” que el Código de Buenas Prácticas exige impedir
El demandante advierte que este puesto puede ser desempeñado por un empleado público del mismo centro, siempre respetando el procedimiento para su provisión de los principios de igualdad, mérito y capacidad. Además, el objeto del contrato adjudicado era muy diferente a las funciones que la trabajadora externa desempeña en la actualidad. Diseñar nuevas estrategias en el área no es dirigirlo. También se argumenta que este contrato cae en la “confusión de funciones y tareas compartidas” que el Código exige impedir.
El segundo contrato que se denuncia se firmó en diciembre de 2015 (aunque la persona contratada llegó en septiembre), cuando la contratada comenzó a ejercer en el museo funciones de Jefe de Educación y Públicos, “aunque se hace llamar Asesora de Educación y Públicos”. ¿Era necesario una asesora para este área? ¿Por qué no se publicitó el cargo y se sacó a concurso público de méritos?
Visitante en el Museo Reina Sofía.
“Ninguno de los dos puestos existe en el organigrama funcional del Centro”, advierte la denuncia. También cuenta con los mismos recursos que la Directora del Área de Actividades oficiosa. De nuevo, el museo recurre al contrato por el “servicio de implementación de nuevas estrategias”, esta vez en el área de Educación. En la puerta de su despacho figura como “Asesora de Educación y Públicos”.
16 millones de euros
No es la primera vez que el Museo Reina Sofía es denunciado por contratar trabajadores autónomos, mucho más baratos y dóciles que los empleados públicos. Éstos son suplantados por empresas contratadas, como el caso de los mozos de almacén, reemplazados por la empresa Ordax, beneficiada con el contrato de “manipulación y montaje de obras” (86.703 euros, en 2015). En las cuentas anuales del museo, publicadas por el BOE, quedan reflejados los gastos por servicios externos: en 2015 la dirección gastó 16,2 millones de euros, un millón de euros más que en 2014.
Por ejemplo, Beatriz Herráez, comisaria externa de la exposición de la última parte de la colección, Lo contemporáneo, inaugurada este martes, acumula tres contratos de servicios seguidos en 2015, en apoyo e investigación de la colección. El total de los tres pagos en 2015 suma más de 65.000 euros. Esto podría incurrir en una fragmentación de pago. Según CCOO, un Director adjunto cobra 110.000 euros y un Coordinador, 75.000 euros. El falso salario abonado a Herráez es un salario más dentro de la estructura del Museo Reina Sofía, cuyas cuentas este año han crecido en ayudas públicas, a pesar de haber perdido dinero en recaudación y patrocinadores respecto al año anterior.
El denunciante, A. V. S., pide que se adopten las medidas necesarias ara el cese de estas irregularidades y el restablecimiento de la legalidad vigente. También reclama responsabilidades a los empleados públicos infractores, “responsables de estas contrataciones irregulares”.
Una práctica habitual
Este periódico se ha puesto en contacto con los sindicatos CCOO, que reconocen que “hay muchas denuncias de este tipo” y que es “una práctica habitual” de la actual dirección. Con UGT ha sido imposible contactar. A pesar de reconocer la práctica incorrecta no han interpuesto denuncia por estos dos casos de falsa contratación ante el juez para que inicie la investigación. De hecho, el museo ya perdió un juicio en el año 2014 a favor de una trabajadora que denunció una situación similar (por trabajar de 2009 a 2012 en calidad de autónoma).
Tampoco ha querido responder a EL ESPAÑOL el Presidente de Comité de Empresa, Tomás Merino. Ha declinado informar del trámite de la denuncia Jaime Rodríguez de Rivera, Subdirector General de Personal del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y sus cargos inferiores, Rafael Moral y Ángel Feliz.