Francisco Espinosa: "Los franquistas tenían un programa de aplicación de violencia y de exterminio"

Villanueva de la Serena fue el único pueblo de Badajoz, una provincia piloto en la reforma agraria y con mucha presencia del PSOE, donde triunfó el golpe de Estado de julio de 1936. El líder de la sublevación local, que desembocó en gravísimos enfrentamientos con numerosos muertos y heridos en ambos bandos, fue el capitán de la guardia civil Manuel Gómez Cantos. Sin embargo, a finales de mes, los milicianos republicanos y las fuerzas de Asalto enviadas desde Mérida recuperarían la localidad, obligando a los rebeldes a huir a Cáceres. En su escapada se llevaron a medio centenar de presos.

Gómez Cantos se unió entonces a la Columna Madrid, participando en la ofensiva sobre la capital, y posteriormente sería enviado a Marbella, encargándose de las tareas represivas. Su campo de actuación abarcaría todo el suroeste del territorio español. No le tembló el pulso a la hora de asesinar a niños o a mujeres embarazadas. En febrero de 1938, el general Queipo de Llano, que había mostrado simpatía por él —"¡Qué juego está dando este Gómez Cantos!", dijo al principio de la guerra—, lo nombró delegado de Orden Público a Badajoz. Allí, de donde había tenido que huir, se dedicó a llevar a los prisioneros a los muros del cementerio y eliminarlos él directamente.

Según Francisco Espinosa, Gómez Cantos es uno de "los siniestros personajes que deberían figurar en el cuadro de honor del fascismo español"; también uno de los personajes que conforman el nuevo libro del doctor en Historia, Por la sagrada causa nacional (Crítica), una investigación detallada, microhistórica, sobre las matanzas perpetradas por los franquistas en la provincia de Badajoz tras el estallido de la Guerra Civil. El relato, que recoge las realidades cotidianas de víctimas y victimario, está construido en base a más de 60 expedientes que arrojan luz sobre el funcionamiento de la justicia militar de los golpistas en la zona.

"El único objetivo que tiene la represión a medida que van tomando los pueblos es el de arrasar absolutamente con todo lo que representó la Segunda República. En primera instancia, se hace una limpieza donde caen todos los que habían sido representantes políticos y sindicales. En segunda, caen familiares de los que han podido huir, de gente marcadamente de izquierdas. Eso se consigue con el terror más absoluto y haciendo una matanza sin límites", explica el historiador pacense, coordinador científico del proyecto Todos los Nombres y autor del Informe sobre la represión franquista, en conversación con este periódico.

La metodología de estudio aplicada es la de la microhistoria, que permite analizar con lupa, "a ras de suelo", toda la complejidad del fenómeno de la violencia en la retaguardia; no solo rescatando los nombres y las biografías de los represaliados, también las de los que tuvieron responsabilidad en los asesinatos. "Poner nombres a los verdugos resulta muy complicado porque uno nunca ve un papel donde se diga que alguien participó en el fusilamiento, pero esta documentación permite ver quiénes ocupaban el poder entonces y que va a ser la base de lo que luego fue la dictadura", asegura Espinosa.

Un caso paradigmático de esto es el de Agustín Carande Uribe, número dos de la Falange de Badajoz. Fue denunciado en un par de ocasiones por su actuación en Ronda, a donde se había desplazado en septiembre de 1936 tras conocer el asesinato de su hermano: primero por robar unos maletines de joyas valorados en 600.000 pesetas de entonces y por detener y luego ejecutar a sangre fría a varias personas en la plaza local como acto de venganza. Ambos procedimientos serían sobreseídos con la complicidad de los militares y el falangista terminaría ocupando altos cargos públicos durante el franquismo.

La lectura de la investigación de Francisco Espinosa recuerda al Retaguardia roja (Galaxia Gutenberg) de Fernando del Rey, obra premiada el pasado año con el Nacional de Historia, solo que intercambiando bandos. Del Rey también corroboraba una "política de limpieza selectiva" en la provincia de Ciudad Real como respuesta al golpe en la que participaron anarquistas, republicanos, comunistas y, sobre todo, socialistas. ¿Son comparables ambas violencias?

Responde Espinosa: "En el caso concreto de lo que yo he estudiado no se admite comparación alguna. Lo que se presenta es un golpe militar donde se actúa con una violencia inusitada y lo que en principio hacen los comités que se forman en los pueblos es detener a toda persona de derechas que tuviera posibilidades de tener armas y quedarse a la espera a ver qué ocurre. Normalmente, a esos detenidos, que a veces son centenares, no les ocurre absolutamente nada. O bien los han dejado salir antes o los libran de la cárcel los que toman pueblo. No hay posibilidad alguna de comparar porque los organismos de la República y los comités no tenían planificación para matar a nadie".

"En el otro lado", añade el historiador, "los que cometieron el golpe tenían un programa de aplicación de violencia y de extermino claro que es el que llevan a cabo a medida que van avanzando. Desde el momento que se produce la primera violencia, que la imponen los que dan el golpe y practican la primera represión, es una cadena prácticamente imparable. Si analizamos una tierra donde han muerto 1.500 personas de derechas y 13.000 de izquierdas, pues la comparación resulta rara, y es así también en todas las provincias de Andalucía. No cabe en modo alguno equiparar ambas violencias".

Militares y falangistas

La documentación que conforma Por la sagrada causa nacional procede de los fondos del Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla, un material con el que el mismo autor ya ha publicado La justicia de Queipo (2000), un estudio sobre cómo funcionó la justicia militar en el suroeste ampliado en 2006, y La columna de la muerte. El avance del ejército franquista de Sevilla a Badajoz (2003). En la nueva obra, además de desvelar la mecánica de los consejos de guerra o de los expedientes abiertos, se ofrece una "perspectiva inusual" sobre los conflictos entre los propios grupos de los sublevados por cuestiones como el reparto de los bienes saqueados y expoliados.

Otra de las cuestiones que aborda Francisco Espinosa en su investigación es ese mito de que los falangistas encabezaron la maquinaria represiva. "Falange no era más que una parte del proceso, y no precisamente la primera", explica. En lo alto de la pirámide estaban los militares, que daban las órdenes y dictaminaban cómo actuar; inmediatamente por debajo las delegaciones de Orden Público y la Guardia Civil; y en el tercer escalafón grupos paramilitares como los falangistas, los requetés o las llamadas guardias cívicas, explica el historiador, los encargados de las detenciones o de participar en las ejecuciones, sobre todo en los pueblos.

"Mantengo que Falange formaba parte del proceso represivo, pero estaba en el proceso final, no en la parte que se decidía a quién eliminar. Los que tenían toda la información eran los militares", ahonda Francisco Espinosa. "Cuando se dice que Falange llevó todo aquello, se actúa con una perspectiva que tiene la base de que para la gente de los pueblos lo único visible relacionado con la represión eran los falangistas. Al comandante militar de cada localidad no lo conocían porque no ejercían públicamente".

También se aborda en el libro, en un capítulo específico, la violencia que emplearon los franquistas contra la población femenina. "La represión se dio desde tres ángulos: por el simple hecho de ser mujeres —el Estado de derecho se pierde y las consideran suyas y las violan—, contra las que habían tenido responsabilidad durante la Segunda República —hubo sindicatos femeninos que se implicaron en lucha obrera o maestras marcadamente de izquierdas—, y luego como venganza contra las familiares de líderes sindicales o políticos", cierra el historiador". "Fue un periodo de tiempo absolutamente demencial por la humillación permanente y los castigos a las que fueron sometidas".