Los historiadores se posicionan con la Ley de Memoria Democrática: ¿necesaria o polarizadora?

El pasado martes 20 de julio, el Gobierno aprobó el envío de la nueva Ley de Memoria Democrática a las Cortes para su ratificación. El texto original, presentado en septiembre de 2020, se ha visto modificado por distintos informes en los últimos meses, dando lugar a una nueva proposición que plantea la reconversión del Valle de los Caídos en cementerio civil, la creación de comisiones autonómicas para la exhumación de fosas comunes o un nuevo marco educativo en las escuelas con respecto al estudio de la Guerra Civil y el franquismo entre otras medidas.

Esta ley, además, es pionera en nuestro país en lo que a la definición de un marco legal con respecto al franquismo se refiere. El texto define la exaltación del franquismo como un delito de odio, que todavía a está a la espera de ser ratificado por el poder judicial. Además, pretende invalidar las sentencias y condenas ejercidas por tribunales franquistas posteriores a 1936. 

Una ley que también recoge una tipifación de víctima que recorre todo el texto y que servirá de vía para la recuperación de cuerpos y la creación de plataformas que faciliten la localización de fosas comunes y la exhumación de restos. 

Con la Ley de Memoria Democrática a punto de ser aprobada, planteamos a varios historiadores preguntas con respecto a su futuro e impacto en materia de educación, investigación histórica o su viabilidad democrática. 

¿Avance democrático?

Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática de España, apuntaba a esta ley durante su presentación en Moncloa como una vía para "no repetir etapas negras del pasado". Bolaños defendió el texto como un paso adelante en lo que a principios fundamentales expresados por organismos internacionales de derechos humanos: verdad, justicia, reparación y deber de memoria se refiere.

Ángel Viñas (Madrid, 1941), economista, diplomático e historiador especializado en la guerra Civil Española y el franquismo, cree que esta nueva ley coge el pulso de su antecesora del 2007 y sigue "las recomendaciones de organismos internacionales", teniendo en cuenta "los avances de las administraciones autonómicas".

Aunque apunta que es necesario "fortalecer por todos los medios posibles la voluntad de los españoles de permanecer libres", añade: "Dependerá de la voluntad política de los gobiernos y de la fortaleza de una sociedad el ser consciente de que la libertad se perdió una vez y que siempre es posible que la historia se repita". 

Roberto Villa García (Granada, 1978) es profesor titular de historia política en la Universidad Rey Juan Carlos, así como autor de varios libros referentes a la Segunda República. En su opinión la nueva ley no supone un avance en materia democrática y apunta a la necesidad de libertad en una ciencia, como es la historia, que es "producto del libre contraste de diversas tesis sobre el pasado y de las fuentes que los sostienen".

Villa García añade, además, que "establecer relatos oficiales y obligatorios es propio de dictaduras, no de democracias". Se muestra también escéptico con respecto al futuro conciliador del texto: "Esta ley reproduce en 2021, y de manera completamente artificial, las líneas de fractura de los años treinta. Es divisiva y polarizadora". 

El Valle de los Caídos  

Otro de los puntos cruciales de la Ley de Memoria Democrática es la reconversión del Valle de los Caídos en un cementerio civil, la desmantelación de la gran cruz del conjunto o la exhumación de los restos mortales de Primo de Rivera. Una cuestión rodeada de incógnitas todavía, pero en la que ya se apunta a la marcha de la orden benedictina que la guarda desde su creación. 

Xosé Manoel Núñez Seixas (Ourense, 1966), catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela y autor de diversos libros sobre historia española en el siglo XX, se muestra a favor de la "desacralización del recinto" pero sin negar un espacio a quienes "quieran recordar a sus familiares siguiendo el culto religioso". Sobre la reestructuración del conjunto opina: "lo más conveniente es la resignificación en clave de derechos humanos y democráticos". 

Sobre el futuro del Valle tiene claro que seguirá siendo "una meca de peregrinación de 'nostálgicos'", aunque apunta a la necesidad de que sea "explicado a las nuevas generaciones, sin ser destruido o derruido". 

Mirta Núñez Díaz-Balart (Cuba, 1958) es directora de cátedra del Departamento de Comunicación Social de la Universidad Complutense. Sus estudios se han centrado en las víctimas de la represión franquista, con especial atención a los niños y mujeres, el grupo más vulnerable y olvidado dentro de la historiografía del conflicto.

La historiadora defiende que no debería ser destruido y añade que "su existencia es la constancia del esfuerzo cautivo de miles y miles de presos políticos hasta su culminación después de veinte años". Díaz-Balart ve en esta nueva ley un "avance indudable", haciendo especial hincapié en "el reconocimiento de la ilegalidad de los consejos de guerra aplicados por los golpistas a civiles". Una "herramienta de represión 'legal'" que sirvió de base también para el régimen franquista. 

Fundación Francisco Franco

En el marco de lo que esta nueva ley propone, la Fundación Francisco Franco podría quedar fuera de la legalidad. El texto propone la exaltación del franquismo como delito de odio, algo que todavía tendrá que ser ratificado por los organismos jurídicos de nuestro país, pero que ya pone en peligro a esta organización fundada en 1976 con el objetivo de "difundir y promover el estudio y conocimiento sobre la vida, el pensamiento, el legado y la obra de Francisco Franco Bahamonde", como reza su página web. 

Roberto Villa García se pregunta "¿qué se busca exactamente?" con respecto al texto presentado por el gobierno. El historiador plantea que si el gobierno desea "poner fuera de la ley las ideas (y sus medios de difusión) que no concuerden con la democracia liberal", entonces debería atender a otras "manifestaciones de ideas antidemocráticas que existen en España". 

Viñas por otro lado opina que la labor de la fundación en sus más de cuatro décadas de historia ha sido "muy escasa", añadiendo además la incapacidad de "dibujar o proyectar una imagen de su patrón que sea aceptable desde el punto de vista científico". En palabras del autor es "un tambor a la mayor gloria de Francisco Franco".

Para la historiadora Mirta Núñez Díaz-Balart, la medida es un acierto al tratarse de una organización "al servicio del enaltecimiento de un golpe militar que desencadenó una guerra civil", añadiendo además que se trató de una "dictadura genocida". 

Víctimas

El texto recoge un concepto de víctima que hace referencia a "todas las de la guerra y la dictadura", poniendo especial atención en los asesinados por cuestiones ideológicas o por su pertenencia a la Comunidad LGTBIQ+. Sin embargo, algunas voces críticas han puesto en entredicho la definición al no mencionar a los asesinados de la retaguardia republicana. 

Núñez Seixas apunta a que al igual que en el texto del año 2007, las "víctimas de la zona republicana se podrán acoger a este nuevo marco". Aunque señala que "la gran mayoría de ellas tuvieron reparación en épocas anteriores". Esta nueva categoría de víctima abre para el historiador un "terreno de consenso" que "no olvida unas víctimas en detrimento de otras", aunque sí que incluye "más jerarquías" entre ellas por cuestiones históricas. 

Ángel Viñas niega tal distinción excepto en "lo fundamental", indicando que las "víctimas de la represión republicana, la 'vesania roja', obtuvieron reconocimiento desde el primer momento". El historiador apunta a "los libros y monumentos que rindieron honores" a los caídos del bando sublevado durante cuatro décadas, y que además gozaron de "bendiciones episcopales", concluyendo que "a situaciones fundamentalmente desiguales no se les puede dar un trato igual". 

El profesor Villa García opina que existe una "asimetría entre unas víctimas y otras" en este nuevo corpus legislativo, señalando que se ha eliminado "cualquier responsabilidad por las violaciones de los derechos civiles en el bando republicano o las organizaciones armadas de la izquierda antidemocrática". Añadiendo a esto último que "muchos se opusieron a Franco en nombre, no de la democracia, sino de dictaduras de distinto signo". 

Educación

Con la nueva Ley de Memoria Democrática en la mano, la educación también se vería afectada en lo que al estudio de la Guerra Civil y el franquismo en las aulas se refiere. Todavía no existe la información suficiente sobre cómo puede afectar este cambio a docentes y alumnos desde la ESO hasta la Formación Profesional. Aunque el ministro Bolaños señaló que entre estas nuevas medidas se pondrá un especial énfasis en incluir entre sus fines "el conocimiento de la historia y de la memoria democrática española". 

Con este objetivo en mente, el Gobierno plantea ofrecer talleres y cursos tanto para docentes como alumnos, en lo que promete ser una actualización simultánea para ambos grupos. En cuanto a la educación universitaria, en la rueda de prensa del pasado martes el ministro indicó que desde dicha ley se fomentará "en todos los ámbitos académicos" incluyendo "la formación, docencia e investigación en materia de memoria democrática".

Ángel Viñas señala que la situación actual de la educación en esta materia se "enseña mal". El historiador hace referencia a un discurso que dio en la Universidad Complutense sobre la Guerra Civil en el que se asombró por las "distorsiones que sobre ella tenían los estudiantes, arrastradas desde tramos de enseñanza anteriores". Sobre la proposición del Gobierno opina que "es preciso impulsar la enseñanza de la historia contemporánea", y apunta a los "ejemplos de países de Europa Occidental invadidos por el nacionalsocialismo" en este respecto. 

Roberto Villa García opina que es necesario que en democracia se preserve "la libertad y el pluralismo, prerrequisitos de un conocimiento científico del pasado y de su transmisión en la escuela". Para García esta nueva ley "va en sentido contrario" en lo que a educación democrática se refiere. 

Para Xosé Manoel Núñez Seixas la Guerra Civil sigue siendo una asignatura pendiente en las escuelas e institutos, una materia que debería ser "enseñada sin adoctrinar, ni caer en una historia maniquea de buenos y malos", apuntando a la "escala de grises" que conforma el estudio histórico. Una historia que considera que debe huir de la "versión familiar y formar en valores democráticos y el respeto a los derechos humanos", así como "prevenir los bulos propagados en internet".

Por su parte, Seixas cree que sería imprescindible que la "historia incómoda" se enseñase también visitando "lugares de memoria como el Valle de los Caídos o el Pazo de Meirás", siempre con una "preparación previa". 

Estudiar la historia

Desde los sectores más críticos a esta nueva ley se plantea también el futuro de la historia como ciencia en nuestro país. Quienes consideran que este nuevo marco legal supone una traba a la libertad de expresión, también apuntan a los inconvenientes que podría causar en las futuras investigaciones con respecto al periodo comprendido entre 1936 y 1975. 

Villa García se muestra escéptico con el "relato oficial de la Guerra Civil y sus orígenes, el franquismo y la Transición hasta 1978". La posibilidad de que se puedan "impugnar libros, reportajes o conferencias" por apología del franquismo es un asunto clave para el historiador que opina además que esta nueva ley pretende "disuadir a los que no concuerdan con este relato de entrar en el debate público". 

Para Seixas en cambio esta nueva ley no fija una "interpretación incontrovertible ni una verdad única a la que se deban atener los futuros estudios sobre la guerra civil y el franquismo". Para el catedrático es más importante el "respeto a las víctimas" y la "condena de la apología del régimen dictatorial". El historiador señala otras iniciativas legislativas sobre la "fijación de la verdad histórica" en países como Hungría, Polonia o Rusia, añadiendo además que "los historiadores del presente y del futuro siguen siendo libres de historiar la guerra civil y el franquismo".

Con respecto a la interpretación histórica, Viñas tiene claro que el historiador debe buscar "asideros a los cuales fijar su propia representación", pero que esta ley no supone un problema en ese sentido. Añade además que a partir de estos estudios no hay ninguna forma de "salvar el franquismo como régimen potable", de la misma forma que es imposible hacerlo "con el nacionalsocialismo".