Una criada es una mujer que sólo es relevante en la sociedad porque puede parir. Cuando las capas privilegiadas son incapaces de tener hijos (ignoremos ahora las razones que han llevado a esto, por importantes que sean), entra en juego la utilización del cuerpo de esa mujer que sí puede procrear. Ella debe dar gracias: al menos le reconocen una utilidad en este mundo en el que sólo cuentan los resultados que se pueden medir en números. Es una privilegiada. Este es parte del argumento de El Cuento de la Criada, la aclamada novela de Margaret Atwood. ¿Distopía? Por supuesto, pero algunas de las ficciones que narra bien se parecen a ciertas realidades. ¿Qué es, si no un poco eso, la maternidad subrogada?
En ‘Hij@s del Mercado. La maternidad subrogada en un Estado Social’ (Cátedra, 2017) María Luisa Balaguer hace un repaso conciso sobre un debate recurrente en los últimos meses en España. Con un título que es ya una declaración de intenciones, la autora ignora sentimentalismos para analizar concienzudamente el derecho en torno a los vientres de alquiler. En un tema tan controvertido, donde entra en juego conceptos tan subjetivos como la moral o la dignidad (¿cómo separarlos de su tradición cristiana?), resulta reconfortante encontrarse con un examen tan pormenorizado.
La jurista deja claro su punto de vista: la maternidad subrogada (por mucho que quieran llamarla ‘gestación’, tratando de despojarla de su esencia: la madre) es una forma de cosificación de la mujer y de instrumentalizar su cuerpo: partirlo en trocitos para quedarse con lo que interese (el vientre, el útero) y venderlo en esos pedacitos.
Porque cuando hablamos de maternidad subrogada hablamos de esa dignidad de la mujer (que es, por si alguien lo olvida, mucho más que un vientre) y de los derechos del fruto de ese contrato (un bebé). Pero, por encima de todo, hablamos de mercado, y de cómo el mercado se cree por encima de ciertos derechos fundamentales de las personas. Poderoso caballero es Don Dinero, que diría Quevedo. Habermas, sin embargo, ya puso los puntos sobre las íes: no todo lo que es biológicamente posible es legítimamente ejercitable. Y es ahí donde el Estado Social debe entrar a proteger a sus ciudadanas, aún si algunas de ellas querría formar parte de esta compraventa en su propio cuerpo.
Un repaso minucioso en el que se ponen sobre la mesa todas las controversias alrededor de este complicado asunto, empezando por las dudas que surgen cuando se escuchan los argumentos a favor de esta clase de contrato. Aquellos que defienden la legalización de estas prácticas argumentan que se trata de un acuerdo entre dos partes con igualdad, que es "una relación hermosa y respetuosa para ambas partes”. Es decir, que la mujer que gesta un bebé ajeno lo hace voluntariamente. Si es así, ¿qué problema puede haber? ¿Por qué la ley debería impedírselo? Básicamente, porque es complicado valorar objetivamente esa voluntariedad de la mujer, ¿lo hace porque realmente lo desea (asumiendo las muchas consecuencias negativas que esto tiene para su cuerpo), o porque se ve obligada a hacerlo por culpa de un entorno que no le permite otra salida ante una situación de discriminación? Sí, ese entorno se puede llamar liberalismo, patriarcado, machismo.
El Estado establece limitaciones a la libertad individual porque hay conductas individuales que producen daños al conjunto de la sociedad
La mujer es merecedora de dignidad, aunque a lo largo de la historia esto no haya sido así. Además, la dignidad de la mujer es un valor que el Estado debe proteger, incluso a veces por encima de la voluntad individual de ella misma. Es lo que la autora llama “irrelevancia del consentimiento en una cuestión de carácter general”. Esto es así porque “la salud, la integridad física o psíquica y la dignidad adquieren más fuerza de la que tiene esa conducta individual”, explica la jurista. Es decir, y volviendo a utilizar sus palabras: “El Estado establece limitaciones a la libertad individual porque hay conductas individuales que producen daños al conjunto de la sociedad”. Y he aquí donde entra la maternidad subrogada: es una práctica por la cual el cuerpo de la mujer “ha sido instrumentalizado por el sistema patriarcal” y hay que preservarlo aunque haya ciertos sujetos a los que les dé igual cuidarlo o no.
¿Y qué pasa con los niños?
La argumentación de esta catedrática no sólo se centra en la dignidad de la mujer en todas sus formas, sino que habla largo y tendido sobre los derechos del producto de este contrato: niños. Vida humana. No es un punto baladí en el debate, pues la realidad nos está mostrando cómo, pese a que los vientres de alquiler están prohibidos en nuestro país, aquellos que pueden pagárselo viajan hasta donde es legal comprar un bebé con esta técnica y vuelven a España a inscribirlo en el Registro como hijo propio. El problema aquí no es menudo, pues toca los derechos de los seres más protegidos del ordenamiento jurídico internacional: los menores.
Sin embargo, es importante lo que pone sobre la mesa Balaguer: cuando hablamos de registrar a los niños estamos cambiando el debate sobre la maternidad subrogada. Eso sí, esta situación requiere de una solución y ninguna de las posibles “es de fácil compatibilidad con constitucional” pues, si se permite la inscripción del menor para no perjudicarle, estamos ante “un claro fraude de ley” al “convalidar un acto surgido de la ilegalidad”.
¿Tienes derecho a ser padre o madre?
La maternidad subrogada como resultado de un contrato implica dos partes contratantes (comprador, comprada) y un resultado (el bebé). Hemos hablado de los dos últimos eslabones pero, ¿qué hay del primero? El que quiere ‘tener una familia’ y desea hacer cualquier cosa para conseguirla, incluso comprar un bebé gestado en un útero ajeno.
Bajo una apariencia de altruismo se esconde un negocio. Un importante negocio privado
“Bajo una apariencia de altruismo se esconde un negocio”, comenta la jurista en su estudio en el que deja claro que en todo momento hablamos de un “importante negocio privado”. ¿Cómo evitarlo? Se puede optar por la vía Portuguesa: legalizar la gestación subrogada pero estipular que la mujer gestante debe hacerlo voluntariamente y no percibir nada a cambio (más allá de lo que ‘aminore’ las molestias relativas al embarazo), pero poco factible es poder controlar esto. ¿Cómo sabes que no se está haciendo negocio (y mucho) con la compra de este bebé? Una solución puede ser coger la vía de la donación de órganos: que todo pase por el Estado: “solamente con la intervención estatal se podría considerar que los requisitos de altruismo, solidaridad y protección de los derechos del menor estarían garantizados”, escribe la autora, asegurando que de esta forma “desaparece el interés comercial por completo”.
Ahora bien, queda una pregunta esencial por resolver: si el Estado entra a proveer este servicio debe estar justificado en un derecho: ¿es la maternidad un derecho que el Estado debe proteger? ¿Tenemos derecho a ser padres, a formar una familia? Y, más aún, en un mundo con recursos limitados, ¿debe el Estado priorizar esto frente a otras necesidades de asistencia sanitaria? La pregunta está abierta y la solución la encontraremos, dice, en la sociedad. En lo que, como en El Cuento de la Criada, queramos hacer que sea la “normalidad”.