Cultura acuerda un calendario con la SGAE para parar la 'rueda'

Hace más de un mes que la Policía Nacional detuvo a 18 presuntos implicados en el mayor escándalo de corrupción protagonizado por la SGAE, y sólo ahora el Ministerio de Cultura empieza a movilizarse, presionado por la propia SGAE -personada como parte afectada en la investigación-, por las quejas de decenas de músicos españoles -escandalizados por los amaños de la "mafia" que gobierna la la entidad de gestión de derechos de autor- y por las críticas de la oposición en bloque, que cuestionan el control que el ministro Íñigo Méndez de Vigo y el secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, han ejercido sobre la 'rueda'.

No es de extrañar que la noticia de que el juez Ismael Moreno determinó en su auto una estafa de más de 100 millones de euros -entre 2006 y 2011- no haya alarmado al Ministerio, ya que las denuncias de la "rueda" se conocen desde hace cuatro años, siendo Antón Reixa, como presidente de la SGAE, quien hizo pública la estafa. Ahora las tuercas empiezan a apretarse, y, tal y como confirman desde Cultura a este periódico, el viernes tuvo lugar una reunión entre Benzo y el presidente de la entidad, José Miguel Fernández Sastrón.

El plan de actuación del Ministerio

¿Cuál es el plan de actuación? Según señalan desde el Ministerio, ya emplazaron a la SGAE a que acudiese a la mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) -su laudo impone a la entidad que los ingresos por la música nocturna no superen el 20% del total, aunque, en estos años, llegaron a representar el 70% de la recaudación- y ahora apelan a que la entrada en vigor de ese laudo sea "acelerado". Deben ceñirse al plazo que indica la OMPI y que, según el Ministerio, es "antes de que termine el año".

Una de las críticas más feroces que ha recibido el Ministerio por su inactuación en este caso ha sido su inmovilidad ante la aplicación de la Ley de Propiedad Intelectual, que, según su última reforma, abre las puertas a Cultura a las cuentas de las entidades de gestión de derechos de autor para intervenirlas en caso de indicio de fraude.

Cultura no aplicará la LPI 

¿Por qué no se ha hecho uso de esta Ley? Desde el Ministerio explican a EL ESPAÑOL que la LPI les deja escaso margen de actuación, ya que las medidas que pueden tomar afectarían a todos los asociados: la primera consistiría en retirar el permiso a la entidad para poder gestionar los derechos de autor, la segunda supone imponer una sanción que podría llevar aparejado hasta un 0,5% de la facturación del año anterior -sanción que también recaería en el conjunto de los socios-, y la tercera, la intervención, conlleva quitarle el derecho de la capacidad de decisión a todos los asociados.

Desde el Ministerio aseguran que no pueden interferir en un procedimiento abierto -que deben determinar los jueces- y que confían en la pronta aplicación del laudo por parte de la SGAE: ahí Benzo apretándole las tuercas al presidente de la entidad para parar la 'rueda' en el plazo que exige la OMPI.