La Audiencia Nacional vuelve a la carga contra Neymar

De nuevo la Audiencia Nacional abre una investigación a Neymar. La causa por presunto fraude se llevó a un juzgado de Barcelona por considerar que el delito se habría perpetrado allí. Pero ahora el brasileño tendrá que deslazarse a Madrid para declarar dada la apertura de una nueva investigación sobre él por presunta estafa y delitos de corrupción en su fichaje. Junto a él, también serán investigados el presidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu, su antecesor, Sandro Rosell, el padre del jugador y el propio FC Barcelona como persona jurídica.

Así lo ha acordado la sección cuarta de la Sala de lo Penal en dos autos en los que rechaza los recursos de todos ellos contra la admisión a trámite de la querella presentada por el fondo brasileño DIS, que tenía parte de los derechos de Neymar, por delitos de corrupción entre particulares y estafa en el fichaje del brasileño por parte del Barcelona cuando éste jugaba en el Santos.

El principal argumento esgrimido por los afectados contra la decisión del juez José de la Mata de admitir a trámite esta querella se centraba en la presunta similitud de este nuevo caso y la causa sobre el supuesto fraude de 13 millones de euros en el fichaje del jugador brasileño, que juzgará la Audiencia de Barcelona y por el que Bartomeu y Rosell se enfrentan a sendas peticiones fiscales de 2 y 7 años de cárcel.

A este respecto, la Sala entiende que mientras que en la nueva causa "se investiga la actuación supuestamente delictiva de los querellados en hechos que pudieran perfilarse como enmarcados en los tipos de la estafa por otorgamiento de contratos simulados y de la corrupción entre particulares, en el procedimiento que se tramita en Barcelona se han investigado (...) hechos cometidos por la parte española de los aquí querellados, constitutivos de los presuntos delitos societarios y fiscales".

Si bien "el ejercicio de ambas acciones criminales se apoya en los mismos documentos suscritos por las partes, sus conductas son diferentes, independientes y no están interrelacionadas", zanjan los magistrados Ángela Murillo, Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel.

En cuanto a la alegación de inexistencia de indicios del delito de estafa, el tribunal señala que con los datos de la querella se deduce "la posible simulación de varios contratos entre los clubes de fútbol Barcelona y Santos, por medio de los cuales podría estar disfrazándose el pago por la transmisión de los derechos federativos" de Neymar.

Todo ello, "fingiendo otros conceptos irreales y con claro perjuicio de la querellante (el fondo DIS), que tenía al tiempo de tales contratos el derecho al 40 % de los derechos económicos derivados de los derechos federativos del referido jugador".

"De forma que si el club Santos hubiera percibido del Barcelona una cantidad superior a los 17,1 millones de euros por el traspaso (...) sin conocimiento de la querellante", ello no sería constitutivo de "un mero incumplimiento civil sino una posible infracción criminal", abunda la resolución.

Los contratos simulados serían el suscrito entre el Barcelona y el Santos, el 25 de julio de 2013, y por el que el primero abonó al club brasileño 7,8 millones de euros, "para ejercitar el derecho de preferencia sobre tres jugadores del Santos, derecho que no ha cumplimentado en los plazos marcados".

El otro es el acuerdo del 31 de junio de 2013 para disputar un partido amistoso entre ambos clubes en Brasil de carácter gratuito, con el compromiso de los altos directivos del Barcelona (Bartomeu y Rosell) a abonar al Santos la suma de 4,5 millones de euros si el partido no se celebraba mientras Neymar fuera jugador del Barça, "sin que dicho partido se haya efectuado aún".

En cuanto al delito de corrupción entre particulares, "tampoco puede descartarse", ya que de los documentos y contratos aportados subyace una "posible alteración de las reglas del libre mercado de fichajes de futbolistas, con perjuicio de la querellante, al privársele de la posibilidad de que el jugador entrase en el mercado de conformidad con las reglas de la libre competencia.

Uno de los contratos es el suscrito en noviembre de 2011 en Sao Paulo, en el que la sociedad N&N, propiedad del padre de Neymar y contra la que también se dirige la querella, se autoproclamaba titular de los derechos económicos futuros del jugador cuando adquiriera la condición de agente libre.

El otro es el que se firmó un mes después en Barcelona por el que se entregó a N&N 10 millones de euros "y para completar los 40 millones de euros convenidos para asegurar el futuro fichaje" se abonaron los restantes 30 millones de la siguiente manera: 25 en 2013 y los otros 5 en 2014.

A DIS le correspondía un 40 % del dinero que pagara el Barcelona al Santos por los derechos federativos del jugador, pero solo percibió ese porcentaje de los 17,1 millones que el club dijo haber abonado por el brasileño, cuando el fichaje le costó, según se desprende de las investigaciones de la Audiencia Nacional, un total de 83,3 millones.