Ángel María Villar paraliza el TAD

¿Es capaz de asumir el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) su función en cuestiones complejas que involucran a personas con auténtico poder? La pregunta sobrevuela el mundo del deporte desde que la máxima instancia de la justicia deportiva en España haya postergado ya en dos ocasiones su decisión sobre un asunto de gran relevancia: la petición del Secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, para que abran expediente a los presidentes de las dos principales federaciones del deporte español: la de fútbol (Ángel María Villar) y la de baloncesto (José Luis Sáez).

La respuesta del tribunal, que se producirá probablemente (y por fin) este próximo viernes, podría incluir la inhabilitación cautelar de ambos dirigentes, pero se quedará probablemente en la apertura de un procedimiento de información reservada (especie de paso previo a la iniciación -o no- de un expediente, que retrasa el proceso).

¿Por qué se solicita la apertura de expedientes? En el caso de la federación de fútbol, el CSD denuncia los casos del Recreativo de Huelva y del CD Marino Tenerife-Sur, en los que identificó un supuesto "agravio comparativo" y un "menoscabo del principio de igualdad de los clubes" por haber aliviado su situación económica en contra de la ley (extremo que niega Villar, amparado en que eran "circunstancias excepcionales" contempladas en la legislación deportiva).

Respecto a la federación de baloncesto, las autoridades enviaron el caso al TAD tras revisar las alegaciones del presidente de la federación catalana y estimar que puede existir una "imputación de gastos particulares a las cuentas de la Federación" y "una incorrecta utilización de los fondos federativos" por parte de su presidente, que ya apareció en varios periódicos por gastos cuestionables el pasado mes de diciembre.

"Asustados"

Fuentes muy próximas al caso han explicado a EL ESPAÑOL el "susto" que invade a los miembros del tribunal (originalmente siete, de los cuales en este caso se han abstenido dos) desde que Ángel María Villar hiciese uso de artillería para influir en las deliberaciones del órgano deliberador. Otros personajes del mundo del fútbol, y del deporte en general, muestran en privado su preocupación por la 'piel fina' del TAD y la eventual inutilización del órgano por presiones y amenazas, encallado en la mera apertura de un expediente sancionador. 

La primera medida de Villar fue enviar una carta al Secretario de Estado, asesorado por su servicio jurídico, en la que acusaba a Cardenal de "actuar injustamente a sabiendas" y liderar "una persecución pública" con el fin de apartarle de la carrera a la reelección en la Federación (que se celebrarán en el mes de mayo, tras ser retrasadas ya dos veces). Amenazaba, concluyendo su argumentación, con iniciar acciones judiciales por prevaricación. En la carta se afirmaba que "el presidente del CSD no respeta ni la estructura ni el régimen competencial de la RFEF", con lo que deja "en la más absoluta indefensión" a Villar, su máximo dirigente desde 1988. 

"Tiempo para pensar"

La segunda medida intimidatoria de Villar se produjo este mismo mes cuando un abogado de su defensa se personó en la reunión del tribunal, acompañado por un notario, para "dejar constancia de que no había ningún error de procedimiento" y advertir sobre querellas individuales por prevaricación a los miembros del tribunal. El presidente del órgano deliberador, Enrique Arnaldo Alcubilla, justificó posteriormente la demora en pronunciarse alegando que "son asuntos muy complejos, que necesitan tiempo para pensar" y negó que hubiera presiones externas: "Presiones no podemos admitir que tengamos, porque no podríamos resolver. Ningún tribunal pueda admitir presiones".

En su intento por evitar la inhabilitación por los presuntos tratos de favor al Recreativo de Huelva y al Marino de Tenerife, Villar ha utilizado los servicios de un abogado relacionado con el despacho en el que trabaja Tomás González Cueto, uno de los siete miembros del TAD que juzgan el caso (y que se apartó del caso, tras conocerse el vínculo, el pasado día 26). El asesor jurídico de Villar, Gilberto Pérez del Blanco, es abogado externo del bufete Jiménez de Parga, experto en derecho deportivo, en el que trabaja el citado miembro del TAD. El elegido por Villar, confirman fuentes cercanas al caso, es Ignacio Peláez, conocido por haber sido quien apartó al juez Garzón de la carrera judicial al querellarse contra él por escuchas irregulares en el caso Gürtel.

"Esto no es una amarilla ni el 'caso Cherysev'"

La realidad es que las advertencias (o amenazas) han surtido efecto. "Están contra la pared", comenta a este periódico Miguel Galán, uno de los dos candidatos (el otro es Jorge Pérez, secretario general de la federación) que disputarán a Villar la presidencia del fútbol español en mayo. Este periódico intentó recabar (sin éxito) este miércoles la opinión de la Real Federación de Fútbol.

El Tribunal Administrativo del Deportes es la máxima instancia de la justicia deportiva y depende orgánicamente del Consejo Superior de Deportes, quien decide su composición junto a diferentes federaciones deportivas. Galán dice "dudar de la independencia de sus miembros", aunque paradójicamente no se refiere a las posibles injerencias jerárquicas del CSD, sino a las "presiones derivadas de la dictadura que reina en el fútbol español", en referencia al largo mandato de Villar, que de ser inhabilitado no podría presentarse a las próximas elecciones.

El tribunal (que se reúne casi todas las semanas para confirmar o anular sanciones disciplinarias, establecer medidas cautelares, etc.) ha suspendido previamente a presidentes federativos: entre ellos el anterior de tenis, José Luis Escañuela, y el  ex presidente de la Real Federación Española de Tiro con Arco, Lorenzo Miret, por la incorrecta utilización de fondos públicos. "Pero en este caso el ejercicio de sus funciones es mucho más arriesgado", insisten fuentes próximas al caso. "No es lo mismo Miret que Villar". “No es lo mismo decidir sobre una tarjeta amarilla que sobre inhabilitar a un presidente de una Federación”, ha comentado por su parte un miembro del tribunal, donde hay malestar por la prominencia del caso y el enfrentamiento político que subyace entre el Gobierno y Ángel María Villar (que confía en alargar el proceso todo lo posible, en espera de un cambio de Gobierno). 

Pocas dietas y mucha responsabilidad

Los miembros del tribunal cobran dietas escasas (no más de 100 euros por reunión) y su pertenencia no constituye su fuente de ingreso. Saben que se juegan su responsabilidad civil y penal en un asunto con perfil jurídico complejo que puede acarrearles una querella por prevaricación con consecuencias patrimoniales y para su reputación personal. Ahí radica, según las fuentes consultadas, la debilidad del órgano.

La suerte de José Luis Sáez, todavía presidente del baloncesto español, corre en paralelo a Villar; el Tribunal no publica la decisión sobre su caso hasta que resuelva sobre la 'patata caliente' de uno de los hombres más poderosos del fútbol español, que en el pasado no dudó en recurrir a la FIFA (con amenaza de expulsión del fútbol español de competiciones internacionales) cuando se vio envuelto en otro conflicto similar y denunciaba "injerencias del Gobierno" en entidad de derecho privado (la federación).

El 'caso Recre' moviliza a todo el deporte español: Villar ha sido apoyado por el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco; por el contrario, Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional (y enemigo acérrimo de Villar) quiere unirse a la denuncia por tratarse el Recreativo de un club profesional. Los 140.000 euros que adelantó la RFEF al club onubense parecen poca cosa en comparación con las sospechas (nunca demostradas) de corruptelas millonarias en los 28 años de gestión de Villar, pero como dice un destacado dirigente deportivo sobre el caso: "¿Por qué cayó Al Capone? Por una minucia en su historial: evasión de impuestos".