Se esperaban chispazos en la Asamblea General Extraordinaria de la Real Federación de Fútbol (RFEF) celebrada este martes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, pero las decisiones anunciadas por Ángel María Villar (su presidente desde hace 28 años) han elevado a máximo nivel la tensión del conflicto abierto con el Gobierno (concretamente, el Consejo Superior de Deportes, CSD) desde hace ya mucho tiempo.
Esta guerra, que ha visto ya este año una querella por prevaricación de Villar contra Cardenal desestimada por los tribunales y una petición de expediente disciplinario a Villar por parte del CSD, continuará con el recurso contencioso-administrativo que va a interponer la RFEF próximamente en el marco del enfrentamiento por el reglamento de las elecciones federativas, inicialmente previstas para primavera y postergadas después hasta el 20 de diciembre. Tras la resistencia de Villar a aceptar las modificaciones reglamentarias del CSD (y por tanto no convocar elecciones) se abre, en palabras de un alto cargo del deporte español, "un escenario jurídico desconocido".
Villar iba a competir en los comicios con su secretario general y antiguo hombre de confianza, Jorge Pérez, cuya candidatura tiene alguna opción de dar la sorpresa y a quien destituyó sin miramientos este martes. El tercer aspirante, Miguel Galán (presidente de Cenafe Escuelas, Centro Nacional de Formación de Entrenadores), no tiene posibilidades reales de victoria pero ha enredado seriamente a Villar en una querella por prevaricación por la que debe declarar aún este viernes, después de haber aplazado dos veces su comparecencia por citas médicas.
Retraso electoral
La denuncia es precisamente por "dilatar voluntariamente las elecciones a la Federación", como explica un miembro de la candidatura de Galán. "La federación más rica y poderosa del deporte español no aceptaba los cambios indicados por el CSD a su propuesta de reglamento electoral [que debe aprobar el Consejo] y retrasaba la convocatoria de los comicios que podrían poner fin a 28 años de poder casi omnímodo".
Las discrepancias se agravaron hasta el punto de que el Consejo Superior de Deportes (CSD) se dirigió esta misma semana por burofax a Villar para solicitarle que adoptase "las medidas oportunas" para evitar que los órganos de la RFEF aprobasen acuerdos "contrarios al ordenamiento jurídico" en la Asamblea General Extraordinaria e informase a los participantes de la "ilegalidad" y las consecuencias de ese proceso. "Tras ocho meses de peticiones para que se adecúe el proyecto remitido, la Federación que usted preside sigue sin adaptar el citado proyecto de reglamento a la Orden ECD/2764/2015", continuaba el escrito.
Galimatías legal
La Junta Directiva de la Federación (órgano colegiado que firmó la decisión en lugar de Villar) no se amilanó este martes por esta advertencia y dobló la apuesta: aprobó por mayoría reenviar al Consejo Superior de Deportes el reglamento electoral rechazado en su día y acudir a la Justicia para que aclare la disputa si, como es seguro, el CSD mantiene su rechazo de la ordenanza.
Ángel María Villar (c), junto al vicepresidente de la entidad, Juan Padrón (d), y el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco (i), durante la Asamblea General Extraordinaria.
El último reglamento de la RFEF, enviado este mes al CSD, mantenía la composición de la asamblea con 140 miembros con derecho a voto, pero establecía que estaría formada por 13 futbolistas de Primera y Segunda División y 19 no profesionales. Sin embargo, la Comisión Directiva del CSD estima que, dado que la RFEF dispone de 19 circunscripciones electorales (federaciones territoriales), los futbolistas no profesionales deben ser diez más (29). Una discrepancia relacionada, además, con los cálculos sobre una votación quizá más reñida de lo esperado.
Menos apoyos que antaño
La negativa a ajustarse a los requisitos impuestos por el CSD y la determinación de acudir a los tribunales ordinarios agota la vía administrativa y eleva el nivel de conflicto en un momento políticamente complicado para Villar: sin los apoyos de antaño en la FIFA o la UEFA, enfrentado tanto al Gobierno como a la Liga de Fútbol Profesional que preside Javier Tebas, su jugada es la declaración definitiva de guerra y también "una forma de ganar tiempo", como explica otro portavoz oficial a EL ESPAÑOL.
Tanto Miguel Cardenal como Jorge Pérez como Javier Tebas han testificado ya en la querella de Miguel Galán, presumiblemente en su contra. En cambio, Villar contó durante la Asamblea con la presencia (y el apoyo implícito) del presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, que abrió la sesión y expuso: "Ya está bien que el fútbol español intente ser dominado con gente que no está aquí. Gente con intereses en el fútbol quieren controlar la Asamblea".
"Estamos aquí porque los presidentes de federaciones y provinciales, de la AFE, de los árbitros y los entrenadores solicitaron a la Comisión Delegada su convocatoria y porque la decisión de la Comisión Directiva del CSD ataca ese principio de pacificación y participación del fútbol español", aseguró posteriormente Villar en su alocución.
Panorama inédito
El panorama jurídico que se abre es inédito y sólo permite especulaciones: ni se sabe cuánto tiempo puede aplazarse la resolución del conflicto (y por tanto la convocatoria de elecciones), ni si el Consejo Superior de Deportes podría encontrar la vía legal para tomar el control de una Federación que presumiblemente pasará más de 5 años sin elecciones, transitando de esta forma un camino inexplorado. Tampoco si los actos (o ausencia de actos) de Villar permitirían una inhabilitación del presidente por parte del CSD. O si el abogado bilbaíno acabará saliéndose con la suya y continuará en el cargo hasta 2021. La guerra es total y ya no admite un resultado pacífico.