Quizá el verdadero problema de las elecciones a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) es que no le interesan a casi nadie. Los artículos sobre el proceso, salvo honrosas excepciones, aparecen en la lista de los menos leídos en los periódicos digitales y la eterna letanía sobre los 28 años que lleva Ángel María Villar en la presidencia y la posible 'renovación' liderada por el hombre que fue su socio durante 13 años, Jorge Pérez se diluye en el farragoso recuento de las zancadillas, querellas y presuntas corruptelas que enfangan un proceso francamente patético.
De otra manera, no se entiende cómo la guerra entre Villar y Javier Tebas, presidente de LaLiga (gran valedor de Pérez), que se cobró ya la cabeza de un secretario de Estado para el Deporte (Miguel Cardenal), siga desarrollándose 'sine die' y vaya camino de judicializarse definitivamente después de que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) decidiese este viernes no hacer nada y pedir otro informe más (el enésimo) antes de pronunciarse sobre la impugnación cursada por Jorge Pérez a la luz de las irregularidades denunciadas por su equipo.
Los detalles varían respecto al año pasado, pero el relato es el mismo. Las elecciones deberían haberse celebrado en febrero de 2016, pero se retrasaron por una interminable discusión reglamentaria (reflejo de intereses y temores ocultos) que sobrevivió incluso a Miguel Cardenal, sacrificado en aras de la pacificación en el seno del deporte más popular del país. La llegada en otoño al Consejo Superior de Deportes de su sutituto, José Ramón Lete, un gestor conciliador, presagiaba al menos el aquietamiento de un conflicto insuperablemente enquistado que el Gobierno quería apaciguar a toda costa después de haberse acercado incluso peligrosamente al bando de Tebas.
Siete meses después, la situación es (si cabe) peor. La eleccion previa de los 140 asambleístas con derecho a voto otorga en principio una amplia ventaja al candidato Villar, pero las graves irregularidades presuntamente cometidas en ese proceso de voto por correo previo (que afectarían a casi un 20% de los votos emitidos) han hecho que Pérez ni siquiera se haya registrado como candidato oficial. En su lugar, impugnó el proceso ante el TAD y solicitó una medida cautelar de nulidad y repetición del proceso que no ha sido atendida (ni tampoco desestimada) por el tribunal de justicia deportiva español, un organismo paralizado por lealtades diversas, carestía de recursos y amenazas de recusación que le han vaciado de funciones en este caso desde hace más de un año.
¿Neutralidad o pasividad?
Jorge Pérez afirma que la Federación "vive en una burbuja dictatorial en pleno siglo XXI" y pide que "el Consejo Superior de Deportes y el Tribunal Administrativo del Deporte hagan cumplir la ley" en las elecciones. Ante la "neutralidad" esgrimida por el CSD y la apatía del TAD, Jorge Pérez acudirá el martes, dado que el lunes es festivo en Madrid, a un Tribunal Contencioso-Administrativo para paralizar el proceso por vía judicial y denunciar en la Justicia ordinaria el destino de unos 1.500 votos no contabilizados o emitidos fuera de plazo. Su gran objetivo será conseguir la paralización como mínimo del proceso antes del lunes 22, fecha de las elecciones. En fuentes deportivas y jurídicas consultadas por este periódico esa paralización judicial se da casi por segura.
Villar, mientras tanto, mantiene junto a su entorno el silencio y la aparente tranquilidad que ha caracterizado su estilo de mando en las siete legislaturas que acumula al frente del fútbol español, entre acusaciones permanentes de clientelismo nunca demostradas fehacientemente. Su nivel de apoyos entre las federaciones autonómicas, el sindicato de jugadores y los árbitros sigue siendo muy alto pese a la promesa de "renovación" que encabeza la candidatura rival.
Las elecciones, pues, seguirán postergándose en medio de un fragor de querellas que podrían conducir, paradójicamente, a una tercera vía: que los procesos judiciales ya en curso por los casos 'Recre' y Marino (por presuntos tratos de favor) y sobre todo el 'caso Haití' (por fraude en subvención pública, reconocida por la Federación) abocasen a ambos candidatos a una posible inhabilitación para cargo público. Ambas denuncias fueron interpuestas contra Villar por un tercer precandidato hoy retirado, Miguel Galán, pero los abogados del mandatario persuadieron a la justicia de que imputasen también a Jorge Pérez por el simple hecho de que casi todas las decisiones federativas eran firmadas por su entonces secretario general e íntimo aliado, hoy enemigo.
La narración periodística podría complicarse ad nauseam con los argumentos, ataques, contraataques y piruetas jurídicas de ambos bandos. Lo único irrefutable es que la federación deportiva más importante y rica de España lleva 16 meses con un presidente interino, envuelta en una guerra que desnuda las miserias del balompié nacional y la incapacidad de un Gobierno acusado por la oposición de "ponerse de perfil". Sea verdadero ese reproche o constituya su actitud, en efecto, un ejercicio de neutralidad, el esperpento de las elecciones bloqueadas a la RFEF ingresa definitivamente en un laberinto judicial de difícil salida. Como suele recordar el propio Gobierno, ya hay un precedente de elecciones paralizadas por la Justicia: la federación de voleibol. Un caso que interesa aún menos al público español que la de fútbol.