A Ángel María Villar y su hijo Gorka, imputados por cuatro delitos en el marco de la Operación Soule, los doce días que pasaron en la cárcel les han cambiado la vida probablemente para siempre. Superado el susto y la humillación, sus abogados llevan meses estudiando los miles de folios del sumario del caso; cada día que pasa, aseguran, están más seguros de poder defender su “inocencia”.
La semana pasada, el diario El País publicó que Villar activaba su vuelta a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF): el presidente suspendido solicitó al Tribunal de lo Contencioso-Administrativo medidas cautelares contra la inhabilitación temporal que le impuso el Consejo Superior de Deportes (con la venia del Tribunal Administrativo del Deporte) el pasado mes de julio.
El recurso, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL en exclusiva, presenta una lógica jurídica “inobjetable”, según tres expertos en derecho deportivo consultados por este periódico (y que piden el anonimato por el ambiente emponzoñado y guerracivilista que rodea al deporte español). En el entorno del Consejo Superior de Deportes y su presidente, José Ramón Lete, cunde el temor tras encargar informes internos que acreditan la validez de las pretensiones de Villar: un escenario dantesco para el Ejecutivo español.
En las próximas semanas podría vivirse una situación completamente inesperada y de difícil digestión para el secretario de Estado para el Deporte. Lete llegó al cargo con una misión pacificadora y quiso subirse a la rueda anti-Villar muchos meses después; según coinciden fuentes muy diversas, se precipitó posteriormente, probablemente obsesionado por que el avispero de la RFEF y la guerra del fútbol español no le salpicase de lleno en un momento de auténtico clamor social por la mediatización del caso Soule (detenciones ante las cámaras incluidas).
Inquietud gubernamental
La preocupación ha llegado ya hasta el despacho de Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidente del Gobierno; el ministro Méndez de Vigo destituyó a Miguel Cardenal para enfriar el conflicto con Villar hace un año y observa con espanto que la situación se vuelva a enquistar después de que los responsables de la Operación Soule le aplicasen la ‘pena del telediario’ y la opinión pública se echase definitivamente encima del hombre que dirigió el fútbol español durante 29 años.
En el escrito, de 42 páginas, los abogados de Villar acusan al Consejo Superior de Deportes (CSD) y al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) de “fraude de ley” y de generar indefensión a su representado; califican las resoluciones del TAD y el CSD de “manifiestamente nulas” y solicitan la medida cautelar consistente en revocar la suspensión decretada por un año el pasado mes de julio. Es decir: si el Tribunal Contencioso-Administrativo atienda a esta petición, Villar podría volver a su despacho de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas antes de Navidades.
Los argumentos son diversos. El primero es que ni en la apertura de expediente sancionador por parte del TAD (24 de julio) ni en el acuerdo de la Comisión Directiva del CSD (un día después) que decretó su suspensión se determinan los hechos que la motivaron, haciéndose referencia únicamente a “abundantes indicios de una posible utilización incorrecta de fondos federativos” e “indicios racionales de la posible comisión de infracciones disciplinarias” en el sumario, sin mayor concreción. (Un hecho que contravendría el artículo 64.2.b) de la Ley de Procedimiento Administrativo Común).
“El interesado en obtener la suspensión tiene la carga de probar adecuadamente qué daños y perjuicios de reparación imposible o difícil concurren en el caso para acordar la suspensión, sin que sea suficiente una mera invocación genérica”, reza el documento: “La jurisprudencia es unánime en considerar nulos de pleno derecho los acuerdos de incoación de un procedimiento sancionador en los que no constan los hechos imputados, como es nuestro caso [...] Vicia todo el proceso”.
Ángel María Villar, el día que salió de la cárcel.
El segundo argumento es que los hechos recogidos en el auto penal por el que se arrestó y encarceló preventivamente a los Villar en julio fueron en gran parte obtenidos mediante escuchas telefónicas y correos electrónicos: “Diligencias limitativas de derechos fundamentales”, se afirma en el recurso, “que en modo alguno pueden utilizarse en un procedimiento administrativo”.
Esto, según los abogados de Villar, ha sido rechazado de plano por la jurisprudencia en numerosas ocasiones y “vulnera el derecho al secreto de las comunicaciones”. (El proceso penal contra Villar y otros cuarenta imputados federativos está en fase de instrucción; ningún hecho ha sido declarado como probado).
El tercer argumento es demoledor. Como es ampliamente sabido, un miembro de la Comisión Directiva del CSD que firmó la suspensión de Villar, Jesús Castellanos, presidente de la Federación Española de Taekwondo (FET), está imputado por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, administración desleal, fraude a las subvenciones, apropiación indebida y falsedad documental. Fue arrestado en junio de 2016 por esos hechos. Pues bien: Castellanos no sólo no ha sido suspendido como presidente de la FET, sino que tampoco ha sido excluido de esa Comisión Directiva. “Ni siquiera”, concluye el escrito, “se abstuvo para tomar la decisión de suspender/inhabilitar a Villar”.
Por último, los abogados destacan que el CSD conocía las prácticas presuntamente delictivas de Villar desde hace dos años exactos, cuando el entonces secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, entregó un informe con supuestas irregularidades a la Fiscalía Anticorrupción. José Ramón Lete fue informado el mismo día de su toma de posesión, hace un año. “¿Por qué tardaron casi dos años en instar un procedimiento sancionador?”, se preguntan retóricamente los letrados.
Su conclusión es que el expediente fue incoado “únicamente para poder suspender al presidente de una federación, siendo además ese expediente suspendido en el momento en que se acuerda su inicio” (puesto que inmediatamente se subsumió en el proceso penal y dejó de tener utilidad). “Parece responder más a una situación mediática -con la aplicación mediática a su vez de medidas cautelares penales- que a una justificación real, fáctica, jurídica y temporal de ese modo de actuar [...] Y ello permite apuntar que la actuación del TAD se produjo con la única intención de esa suspensión cautelar, lo que evidencia desviación de poder”.
Reuniones de alto nivel
La preocupación en el CSD es lógica si se tienen en cuenta estos razonamientos jurídicos, según diversos expertos. Esta semana se celebró una reunión entre el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, y el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo. En ella se abordó una cuestión que se creía resuelta con el estallido de la Operación Soule, cuyo sumario está trufado de conversaciones impresentables y alusiones a diversas irregularidades y tejemanejes, pero que vuelve a emerger como los pueblos hundidos por pantanos en plena sequía.
“En la Federación no se habla de otra cosa”, afirmaba este viernes un empleado federativo, horas después de la visita conjunta de Ángel María Villar y su hijo Gorka a sus instalaciones. El presidente suspendido se permitió incluso alguna broma sobre su pronto regreso, aunque no se espera una resolución de las posibles medidas cautelares hasta el mes de diciembre.
Seis presidentes imputados
Hay un aspecto sorprendentemente ausente del recurso de Villar, dado que parecería otro potente argumento a su favor: ¿por qué él sí fue suspendido y los seis presidentes de federaciones territoriales (Valencia, Ceuta, Melilla, Rioja, Cantabria y Murcia) imputados por delitos similares en el mismo proceso penal de la Soule no lo han sido? Aunque fuentes próximas a Villar destacan su “código de honor”, que le impediría teóricamente volverse contra antiguos aliados, la jugada puede entenderse mejor como una maniobra electoral en el caso de una próxima moción de censura. (Según informó Rafa Fernández en Onda Cero en la tarde del viernes, Luis Rubiales ha anunciado a su equipo que la presentará este mismo mes, una vez que se habilite el plazo el 22 de noviembre).
La argumentación del CSD para no actuar con más contundencia contra estos imputados, basada en informes de la Abogacía del Estado, es que el juez Santiago Pedraz no dejaba claro los delitos que se les imputaban. Una postura discutible, dado que los servicios jurídicos del Estado tienen acceso al sumario entero y a las declaraciones tomadas por Pedraz en la Audiencia Nacional.
Los 'barones' regionales del fútbol español han mudado su apoyo entre Villar y Luis Rubiales, presidente del sindicato de futbolistas (AFE) y exdelfín oficial del villarismo, en los últimos meses. Las próximas semanas van a ser decisivas en el futuro de la Federación Española de Fútbol, que depende del marasmo de denuncias y recursos en el que se ha convertido en los últimos tiempos: además del recurso contencioso-administrativo explicado anteriormente, está el que pretende interponer el CSD para que una eventual moción de censura en la RFEF pueda decidirse por mayoría simple y no de dos tercios (lo que daría alguna opción a Rubiales). Y también la posible repetición de las elecciones de mayo, en manos del Tribunal Administrativo del Deporte.
La posición política de José Ramón Lete puede quedar seriamente dañada si Villar regresa a la Federación por descuidos del CSD. La solidez del recurso es inesperada si se recuerda el infierno legal y social que vivieron los Villar el pasado verano. Como dice una de las personas que mejor conoce el deporte español y el derecho deportivo de las últimas décadas (poco sospechosa de amistad con los Villar), “si cualquier otra persona pidiese el levantamiento de la suspensión con este recurso, estaríamos hablando de una probabilidad de éxito del 80%. Siendo Ángel María Villar, bajo ese porcentaje al 50”.