Joan Laporta lanzó un órdago para encontrar vías que le permitan inscribir a los fichajes de este verano con los indicios de delito en las renovaciones de contrato de Frenkie De Jong, Gerard Piqué, Marc-André ter Stegen Ter Stegen y Clément Lenglet en 2020. El FC Barcelona recibió un impacto salarial extra de 311 millones de euros con estas cuatro operaciones con la operación que cerró Josep Maria Bartomeu antes de presentar su dimisión. Aunque puede acarrear una administración desleal, el presidente culé busca presionar a sus jugadores con esta medida para que modifiquen sus contratos.

Eso parece que lo va a conseguir en el caso de Piqué; también en el de Sergio Busquets que está fuera de este 'caso De Jong' que fue desvelado en Reino Unido y amplificado desde Cataluña. La raíz del lío está en la reducción de salario que recibieron los cuatro futbolistas en la temporada 2020/2021, difiriendo el resto de la parte que les corresponde en los años que les extendieron. Esto lo hicieron a espaldas de la negociación que comandaba Leo Messi para hacer una rebaja salarial general.

Fue una segunda auditoría a las cuentas que dejó Bartomeu la que descubrió esta gestión irregular. EL ESPAÑOL contacta con Toni Roca, CEO del Sports Law Institute, para conocer qué consecuencias tendría que el caso llegue a los juzgados. Ninguno de los jugadores podría tener responsabilidades penales. Eso sí, en caso de que si el tribunal declarase nulas esas renovaciones, los futbolistas tendrían que devolver el dinero de más percibido, pero el club también debería pagarles lo dejaron de cobrar durante esos dos años y que aceptaron rebajarse.

A Roca le cuesta creer que "el Barça lleve este caso a la justicia, porque una posible solución al caso llevaría varios años y para cuando llegue puede que incluso los futbolistas ya ni estén en el club", situación que sucede en el caso de Lenglet. El jugador está cedido en el Tottenham este año mientras los azulgranas pagan el 15% de su salario. Además, cree que la judicialización de todo el procedimiento podría tener un "impacto reputacional" negativo con las posibles denuncias que pudieran interponer los sindicatos FIFPRO y AFE.

La posible querella sí podría llegar contra Bartomeu. Según establece el Código Penal, aquel que incurriera en administración desleal será castigado con las penas previstas en los artículos 249 y 250: prisión de 6 meses a 3 años. El expresidente, según explica la SER, asegura que los cuatro contratos fueron revisados por los servicios jurídicos, el compliance y los auditores de Ernst & Young, así como LaLiga revisó las operaciones e inscribió a los jugadores en la competición.

La administración desleal

En cualquier caso, ninguna de las figuras a las que señala tendría responsabilidad penal. "Del delito de administración desleal sólo deben responder las personas que tengan facultades para administrar un patrimonio ajeno, que en el caso del FC Barcelona serían el presidente y demás miembros de la anterior Junta Directiva", explica el CEO de Sports Law Institute. Lo curioso es que el Barça pueda querellarse por algo que la nueva junta ha planteado en diferentes ocasiones. 

"La actual Junta Directiva entiende que esas operaciones podrían suponer un delito de administración desleal al haber aumentado el impacto de la masa salarial tras los dos años de recorte salarial. Por su parte, la anterior Junta Directiva defiende que esas operaciones no revisten ningún indicio de criminalidad, que se trató de un simple acuerdo entre trabajadores y club por el que esos futbolistas acordaron rebajar su salario durante dos temporadas a cambio de unas mejores condiciones en los años subsiguientes", explica Toni Roca. Es algo que se planea hacer con Piqué o Busquets.

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El CEO de Sports Law Institute anticipa que no sabe "qué tan sólida podría ser su defensa en este caso", pero explica que el Barça no puede reprochar nada a sus jugadores. "A mi entender, los jugadores no han incurrido en ninguna actividad delictiva: se les pidió que ayudasen al club en un momento crítico para la institución mediante una importante rebaja de su salario durante dos años (algo a lo que no tenían por qué acceder), y es lógico que exigieran (y que el club les diera) algún tipo de contraprestación a cambio", concreta Roca.

Lo único que les afectaría a los jugadores es si finalmente el Tribunal declara nulas las renovaciones dentro de las consecuencias que podría tener la imputación del delito de administración desleal. En concreto, el que provocaría más caos sería Ter Stegen. El portero culé acababa contrato en 2022 antes de esa renovación. "Si la fecha de vencimiento de los contratos originales fuera anterior a la fecha en que las renovaciones hipotéticamente se declarasen nulas, todos los jugadores que se vieran en esa situación serían en principio agentes libres", apunta Toni Roca.

Una medida de presión

El Barça sigue en ese proceso de encontrar soluciones económicas para inscribir a los fichajes de la presente ventana de mercado. La filtración de esta situación solo se puede entender como una medida de presión para que los jugadores afectados lleguen a un acuerdo con la entidad para modificar sus contratos. Si el club judicializa el caso, "no afectaría para la presente temporada" ya que cualquier cambio en las cuentas del club "debería aplicarse en el momento en que se obtuviera una sentencia judicial firme", tal y como señala el CEO de Sports Law Institute.

Sobre todo, el objetivo de esta presión se centra en De Jong. El club tiene que abonar 88,58 millones por el salario fijo y los bonos de fidelidad que tiene en su contrato hasta 2026. A esta cantidad se le podrían sumar variables por valor de ocho millones si juega el 60% de los partidos y un máximo de 12,8 por títulos conseguidos o entrar en la final de la Champions, como desgranó MARCA. Esto supone una gran carga en la escala salarial del Barça.