Varios exresponsables del departamento de Compliance del Barça coincidieron al declarar ante la Guardia Civil que desconocían los supuestos análisis arbitrales que realizó para el club José María Enríquez Negreira.
El FC Barcelona pagó más de siete millones de euros al exvicepresidente del Comité Técnico Arbitral (CTA) y a su hijo, Javier Enríquez Romero, a través de empresas vinculadas a ambos.
Joan Laporta, el actual presidente del club blaugrana, justificó ese descomunal desembolso en una comparecencia pública, en la que reveló que Negreira efectuó análisis arbitrales, que volcaba en unos informes que enviaba al Barça y por los que este último pagaba miles de euros.
Ahora bien, interrogados el pasado junio como testigos ante la Guardia Civil, quienes fuesen los responsables del departamento de Compliance negaron saber nada acerca de estos servicios. De hecho, varios de ellos también coincidieron en declarar ante los agentes que, de haberlos conocido, habrían informado a la cúpula del club de un posible "conflicto de interés" en estas operaciones.
El ex número dos del CTA también era el responsable de los ascensos o exclusiones de los árbitros. De hecho, tal y como declaró como testigo el árbitro José Luis González González, estos pagos debían estar orientados a "conseguir algún tipo de beneficio deportivo" para el conjunto catalán.
Así lo cree también la Fiscalía, que presentó la querella que dio lugar al llamado caso Negreira, investigado por el juez Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona.
La abogada especializada en cumplimiento normativo Mireia Simona formó parte de este departamento del club desde 2018. Interrogada por la Guardia Civil, declaró que desconocía la relación existente entre el FC Barcelona y Negreira. Sólo supo lo que expuso Laporta en la rueda de prensa del pasado abril. No obstante, manifestó, tajante, que nunca le constaron esos informes arbitrales o CDs con las actuaciones de los colegiados analizadas por el exvicepresidente del CTA.
En el mismo sentido contestó Sabine Julie Colette, quien puso en marcha en 2016 el departamento de Compliance, dedicado, entre otras labores, a la supervisión de las buenas prácticas en el club. De acuerdo con su declaración ante la Guardia Civil, también desconocía estos pagos a Negreira. De haber sabido que existían durante su etapa en el Barça, habría abierto una investigación para inspeccionar si las cantidades abonadas eran o no excesivas y determinar si existía un conflicto de interés.
Los informes arbitrales
Además, tal y como desveló EL ESPAÑOL, Javier Enríquez Romero facturó "entre 6.000 y 7.000 euros" por cada uno de los informes arbitrales que elaboró para el FC Barcelona. Se da la circunstancia de que el hijo de Negreira llegó a cobrar 26,3 euros por la misma labor, que también desempeñaba para un diario deportivo catalán.
Así lo reveló un informe de la Guardia Civil enviado hace unos meses al Juzgado. En esta causa judicial, figuran como imputados José María Enríquez Negreira, el Fútbol Club Barcelona y sus expresidentes Josep María Bartomeu y Sandro Rosell. También el actual, Joan Laporta, por cohecho, aunque Anticorrupción se opuso a que sea investigado judicialmente, al considerar que el supuesto delito, en su caso, habría prescrito.
El diario El Mundo Deportivo, con el que colaboraba el hijo de Negreira, aportó a la Agencia Tributaria las facturas que éste cobró por sus análisis en prensa. Por cada diez partidos, cobró un total de 526 euros. A finales de 2020, esta retribución se redujo a un total de 263. Es decir, 26,3 euros por cada uno de sus artículos en la sección El juez de La Liga, que publicaba el diario catalán, afín al Barça.
Esta cifra —26,3 euros— fue la que declaró Javier Enríquez Romero cuando le interrogó Hacienda. Y "dista considerablemente", en palabras de la Guardia Civil, "de los importes facturados" por sus servicios al FC Barcelona.
Servicios al Barça
El hijo de Negreira confesó que prestó servicios al club culé entre 2013 y 2018. Fue entre 2015 y 2018 cuando redactó estos informes arbitrales, después de cada partido. De acuerdo con un informe de la Guardia Civil incluido en el sumario del caso, su contacto en el club era Josep Contreras, un importante directivo del Barça fallecido el 25 de diciembre de 2022.
En su declaración, Enríquez Romero manifestó que el precio de esos informes —entre 6.000 y 7.000 euros cada uno— "lo puso Contreras" y que éste recibió los análisis futbolísticos a través de sus empresas y luego los hacía llegar al club.
La Guardia Civil también señaló, como dato "relevante", que la sección El juez de La Liga era publicada bajo la firma de su padre, José María Enríquez Negreira, pese a que eran "realizados, facturados y cobrados" por Soccercam SL, una de las empresas del hijo.
Negreira (padre) también recibió cantidades millonarias del FC Barcelona por supuestos servicios. Sólo entre 2014 y 2018, el ex número dos de los árbitros españoles cobró del Barça más de 2,9 millones de euros.
En su declaración ante la Administración Tributaria, José María Enríquez Negreira reconoció que fue contratado por el FC Barcelona para "asegurar que se tomaran decisiones arbitrales en contra del club y que todo fuera neutral".
El juez del caso investiga un supuesto delito continuado de corrupción en el deporte, en el marco del fraude deportivo. También, administración desleal y falsedad documental.
Otros dos ex altos cargos del FC Barcelona también fueron denunciados por la Fiscalía, que les atribuye los mismos delitos que a Negreira, su hijo, el Barça, Rosell y Bartomeu. Se trata de Óscar Grau, exdirector ejecutivo del Barça, y Albert Soler, antiguo director de deportes profesionales.
Tal y como recordó el Ministerio Público en su denuncia, los vicepresidentes del Comité Técnico de Árbitros, cargo que desempeñó Enríquez Negreira mientras cobró del club culé, forman parte de la Comisión de Disciplina y Méritos de la entidad.
Y, como detalló la fiscal del caso en la querella inicial, las cuentas de las dos empresas que el ex número dos de los árbitros administraba "se nutrían, prácticamente en su totalidad, de los ingresos procedentes del FC Barcelona".
Todo ello, sin estar previsto en los estatutos del club ni haber sido aprobado por su Asamblea General y "sin soporte legal alguno". Como avanzó en exclusiva EL ESPAÑOL, en su interrogatorio como investigado, la defensa de Negreira aportó al Juzgado un informe que le diagnosticaba alzhéimer y se acogió a su derecho a no declarar.