En octubre de 2009, cuando el entonces reverenciado presidente Lula da Silva consiguió para Río de Janeiro los primeros Juegos Olímpicos de Sudamérica, Brasil era una fiesta. La séptima potencia económica del mundo capeaba la crisis financiera internacional bastante mejor que otros países y seguía destinando fondos ingentes a planes sociales. Todo era optimismo: el país había sido elegido para organizar en sólo dos años un Mundial de fútbol y unos Juegos.

Un lustro después, el ambiente ha cambiado notablemente. Los grandes protagonistas del ‘milagro económico’ (el Partido de los Trabajadores de Lula o Petrobras) han caído del pedestal tras descubrirse una masiva red de corrupción alrededor de esta compañía, símbolo del orgullo productivo nacional, hasta hace unos meses la mayor empresa estatal de Latinoamérica. En paralelo, el crecimiento económico sostenido se ha desplomado junto al precio internacional de las materias primas. La economía brasileña se contraerá este año entre un 2,5% y un 3% y el real se ha depreciado un 30% en relación al dólar en los últimos 12 meses.

El cambio también es psicológico, como ya demostraron las manifestaciones anti-Copa del Mundo de Fútbol en julio de 2013, un año antes de que la selección pentacampeona fuese zarandeada en casa por Alemania en Belo Horizonte. De aquel malestar proceden en parte los recortes anunciados esta semana por el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos, que reducirá gastos en un 10%. “El derroche es cosa del pasado”, afirmó Mario Andrada, director de comunicación de Río 2016, a agencias internacionales. “La gente se irrita con el lujo y los excesos. Tenemos que apretarnos el cinturón”.

“El presupuesto sigue inalterable, sucede que el ritmo de crecimiento de los gastos iba a hacer que superaran a los ingresos si no bajaban”, explicó posteriormente un portavoz olímpico a EL ESPAÑOL. Los cortes no afectarán a recintos deportivos o infraestructura urbana, y tampoco deberían perjudicar la experiencia del público o de los 15.000 deportistas participantes. Serán los preparativos de la ceremonia inaugural, el sistema de venta de entradas, el programa de voluntarios o los eventos de prueba quienes pagarán el novedoso empeño por el equilibrio presupuestario. El objetivo es evitar un auxilio de la Hacienda Pública brasileña, asfixiada por el ajuste fiscal ejecutado finalmente por el Gobierno de Dilma Rousseff, la sucesora de Lula. El Ejecutivo debe afrontar una inflación del 9,5% y un desempleo que se ha duplicado en año y medio.

El esfuerzo ahorrador del Comité Organizador contrasta apreciablemente con los Juegos Panamericanos de Río 2007, que tuvieron una sobrefacturación estimada del 500%, o el Mundial de fútbol, en el que varios estadios construidos ex profeso costaron tres veces más de lo previsto y hoy no se utilizan (los célebres ‘elefantes blancos’). El objetivo del comité es no salirse de los 1.700 millones de euros presupuestados para la organización del evento, distinto al montante de aproximadamente 8.000 millones dedicado a obras y movilidad urbana. La ceremonia de apertura del próximo 5 de agosto de 2016 costará, por ejemplo, un 10% de lo que se invirtió en la de Londres 2012.

Los Juegos de Río no han provocado la ola de descontento que afectó al Mundial, ni siquiera con el caos de obras que paraliza diariamente el centro de la ciudad, vendidas incesantemente por el Ayuntamiento como “legado olímpico”. El hecho de que las obras se financien en su mayoría con fondos privados, una obsesión del alcalde Eduardo Paes (admirador de Pasqual Maragall y Barcelona 1992), ha calmado los ánimos de una ciudadanía más interesada en los problemas domésticos, la posibilidad de un juicio político a la presidenta Rousseff o la inseguridad crónica de la ‘ciudad maravillosa’.

Las 52 obras proyectadas tienen fecha de entrega entre septiembre de 2015 y junio de 2016 (los Juegos comenzarán el 5 de agosto). La situación ha mejorado desde comienzos de 2014, cuando el COI alertó del preocupante estado general de las obras y fantaseó incluso con la posibilidad de un ‘plan B’. Los retrasos existen, pero ya no producen angustia, y el solo hecho de que la onda expansiva del ‘caso Petrobras’ no haya incidido sobre los trabajos en marcha es una victoria de las autoridades (están imputadas las mayores empresas constructoras del país y han sido detenidos algunos de sus presidentes). Las protestas por el campo de golf de Barra se han ido apaciguando y el pastor evangelista George Hilton (presentador televisivo, además de teólogo), nombrado ministro de Deportes el año pasado pese a su inexperiencia en el sector, no ha provocado escándalos.

La venta de entradas no marcha como se esperaba (apenas un 40%), pero se confía en recuperarla pese a la crisis económica. Sólo la limpieza de la contaminada bahía de Guanabara, promesa estelar de la candidatura brasileña hace seis años, es un fracaso ya asegurado. Las autoridades confían en que las mareas del invierno austral colaboren y los regatistas olímpicos no se encuentren animales muertos o electrodomésticos en su camino, como es costumbre. Pero también saben que ni siquiera eso empañaría la fiesta deportiva en la ciudad que organiza el carnaval más famoso del mundo, vaya el país bien o mal.