La querella por cuatro presuntos delitos de José Luis Escañuela, ex presidente inhabilitado de la Federación Española de Tenis, contra el actual secretario de Estado (en funciones) para el Deporte es el último capítulo de una guerra abierta en el deporte español desde hace años; de hecho, Ángel María Villar presentó este mismo año otra por prevaricación contra Cardenal (que fue desestimada en mayo por un juez de Madrid).
El escrito denuncia presuntos delitos de prevaricación continuada, revelación de secretos, falsedad en documento público e injurias y calumnias. El texto, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, sorprende por basarse en conversaciones grabadas (sin autorización) con diversos periodistas españoles y sobre todo por la insólita referencia a los últimos fusilamientos del franquismo (en 1975), a los que Escañuela vincula con Cardenal por dos motivos.
Fusilamientos y errores de identidad
El primero es que Antonio Carro, ministro de la Presidencia en el último Gobierno de Francisco Franco, comparte apellido con Miguel Cardenal Carro: una alusión que ha producido estupor en el Consejo Superior del Deporte, como afirmó este viernes el propio Cardenal: "No tengo ninguna relación de parentesco con esa persona".
El segundo motivo para aludir al ocaso de la dictadura es que Alfonso Osorio Iturmendi, presidente de la auditoría BDO España (consultora utilizada por el CSD) y "familiar de uno de los mejores amigos de Cardenal en el Comité de Competición de la Federación de Fútbol, Lucas Osorio Iturnemdi", aparece en la causa que una jueza argentina investiga desde 2010 sobre estas penas capitales ("la única causa abierta en el mundo por los crímenes del franquismo", añade la denuncia).
El error de Escañuela y sus abogados en este punto es sonrojante. La jueza argentina (María Servini) dictó en efecto una orden de detención en 2014 contra diecinueve cargos franquistas. Entre ellos Carro (a quien imputa "haber convalidado con su firma la sentencia de muerte por garrote vil de Salvador Puig Antich y los últimos fusilamientos del régimen") y Alfonso Osorio. Pero no Alfonso Osorio Iturmendi (sic), sino Alfonso Osorio García, ex ministro de la Presidencia con Franco y ex vicepresidente segundo del Gobierno con Adolfo Suárez.
Grabaciones a periodistas
Un elemento muy destacado de la querella (presentada en mayo, admitida a trámite esta semana) es que incluye conversaciones grabadas sin autorización con reporteros de diversos medios españoles. A través de ellas argumenta que presuntas filtraciones de Cardenal y Ana Muñoz Merino, ex Directora General de Deportes, a reporteros supusieron delitos de revelación de secretos y de calumnias. La denuncia incluye incluso los números de teléfonos de algunos periodistas, por si el juez tuviese a bien contactarles.
Las conversaciones privadas, señala el querellante, pueden servir de medio legítimo de prueba cuando esté presente el querellante en la charla, aunque el otro interlocutor o interlocutores no estén advertidos de que estaban siendo grabados. Fuentes de la Abogacía del Estado indican a este periódico que ese valor probatorio sólo rige cuando el contenido de la conversación se refiere a un hecho concerniente a ambos interlocutores, y no a terceros (como amenazas, coacciones, etc).
El caso Gala León
Escañuela (inhabilitado en 2015 por el Tribunal Administrativo del Deporte) y Cardenal pusieron fin a sus relaciones hace ya tiempo, después de que el nombramiento -y posterior destitución- de Gala León como capitana del equipo español de Copa Davis abriese un conflicto grave entre ambos dirigentes. El expresidente del tenis español acusa en su querella al jefe del deporte español de haber incurrido en malversación al haber utilizado fondos del CSD -dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte- para pagar la indemnización "millonaria" por el despido de León, que sustituyó en septiembre de 2014 a Carlos Moyá y fue destituida del cargo en julio de 2015.
Según la querella, fue el CSD (y no la Federación de Tenis) el que habría sufragado el coste económico de su desvinculación contractual, lo que en su opinión implicaría una malversación de fondos públicos. Desde el CSD lo niegan.
"Acoso mediático"
El cuarto delito denunciado (prevaricación continuada) remite al intento de "desestabilizar a la Federación" mediante el "acoso mediático", a un "plan sistemático y delictivo que culminó en el cese ilegítimo de Gala León" y en haber influido sobre la consultora BDO para que su auditoría de la Federación de Tenis arrojase un resultado negativo tras las sospechas publicadas sobre desvíos económicos de cientos de miles de euros.
Miguel Cardenal aseguró este viernes que la querella "es una mentira desde la primera palabra hasta la última", dijo estar "muy tranquilo" y destacó que "no es ni la primera ni la segunda querella que me ponen. Aquí hay una estrategia combinada en la que hay gente que no quiere que siga desarrollando las funciones que estoy desarrollando".
Menciones a la Federación de Baloncesto
En la querella presentada por Escañuela también figuran gastos atribuidos a la Federación Española de Baloncesto (FEB), que han provocado que el juez del caso deduzca testimonio y abra una pieza separada al respecto. Entre los gastos detallados se recoge un "almuerzo con Princesas en Eurodisney (pagado con fondos federativos)", "compras de fijador o desodorante Old Spice", "viajes de hijos e hijas", "alquiler de coche y conductor para una boda privada", "compra personal de ordenadores" o "adquisiciones indiscriminadas según los propios correos acompañados".
Escañuela se basa en una denuncia de la Comisión de Auditoría de la FEB del 27 de noviembre de 2015 presentada ante el Registro General del Consejo Superior de Deportes (CSD). El auto judicial al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL dice textualmente: "Sobre los hechos reflejados en la querella y documentación aportada en relación a la Federación Española de Baloncesto, debe deducirse testimonio y remitirse a Decanato a fin de que el mismo sea turnado a este Juzgado".
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid preguntadas a este respecto explican que lo que hace el juez es desgranar de la querella lo que afecta a la Federación de Baloncesto y lo remite a una instancia superior (el Decanato) para que decida a que Juzgado le corresponde indagar sobre ello.