Enrique Gómez Bastida (Cartagena, 1977), el Guardia Civil que dirigió la Operación Puerto -la mayor en la historia de la lucha antidopaje en España- lidera desde 2014 la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD, el gran organismo español antidopaje). Habla con EL ESPAÑOL horas después de presentarse la segunda parte del informe McLaren, encargado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) e irónicamente publicado en el Día Internacional contra la Corrupción.
Según la investigación, “más de 1.000 atletas rusos que compitieron en Juegos Olímpicos de Verano, Invierno y Paralímpicos están identificados como implicados o beneficiarios de manipulaciones para esconder tests positivos” en 30 disciplinas diferentes. "Una corrupción de los Juegos a una escala sin precedentes, cuya extensión probablemente nunca sea determinada", según concluye el documento presentado este viernes en Londres: un momento decisivo para el deporte olímpico si quiere recuperar credibilidad.
¿Alguna vez se había registrado semejante caso de dopaje estimulado desde el poder?
Es un sistema muy parecido al de la República Democrática de Alemania en época comunista; una versión sofisticada de aquel sistema de dopaje organizado, en el que había muy pocos controles, o eran muy poco fiables. Ese sistema se ha mejorado, implicando sustancias enmascarantes (altas concentraciones de sal, cápsulas de café) como dice el informe. Eso ha supuesto una corrupción de todas las estructuras: las deportivas y las encargadas de velar por la limpieza en el deporte y la política antidopaje, como la Agencia Antidopaje rusa. Los dos informes McLaren y el trabajo previo de la comisión independiente han revelado el mayor caso de dopaje colectivo conocido hasta ahora, con la gravedad adicional de la implicación de estructuras estatales.
Está acreditada la participación del ministro y viceministro de Deportes del Gobierno ruso.
El viceministro es citado, pero sobre Vitali Mutko [ministro de Deportes entre 2008 y 2016, actualmente vicepresidente ruso] no hay pruebas directas; tendría conocimiento de lo que estaba pasando, pero no hay pruebas ni acusación directa. Sí la hay de funcionarios ministeriales y de organismos públicos.
¿Sólo está acreditado el funcionamiento de la red desde 2011?
Sí, anteriormente a este año no se ha podido comprobar, no se sabe cuándo comenzó. Se sabe que continuó en 2014, después de los Juegos de Invierno de Sochi.
Es un momento decisivo en la lucha contra el dopaje.
¿Qué consecuencias se pueden esperar a partir de ahora, dada la autonomía con la que opera Rusia en el contexto internacional?
Lo que está ocurriendo actualmente a nivel internacional va a tener reflejo en el nivel nacional. Es un momento decisivo en la lucha contra el dopaje: el de definir cómo gestionar este tipo de situaciones. Es un cambio radical en varios aspectos; el primero, porque estamos acostumbrados a que un positivo se considere un hecho aislado. Ha habido pocas ocasiones (la Operación Puerto, el caso de Lance Armstrong) en que se hayan revelado sistemas planificados de corrupción. Esta es la primera vez que pasamos de hablar de la responsabilidad de un deportista o de un entrenador a hablar de un sistema generalizado, con participación de estructuras deportivas y de control del cumplimiento de las normas.
Se ha utilizado el propio sistema antidopaje para vulnerar el propio sistema. Se han manipulado los laboratorios, se ha manipulado la forma de los frascos, se ha manipulado el sistema de toma de muestras, y ahora mismo ha quedado patente que los organismos internacionales no tienen una respuesta clara para ese tipo de desafíos. Eso supone tener que redefinir la forma de actuación.
¿Cómo se enmarca esto en el conflicto actual entre el Comité Olímpico Internacional (COI) y la AMA sobre competencias en materia de antidopaje?
Las funciones principales de la AMA son la armonización (establecer reglas iguales para todos los deportistas, en cualquier tiempo y lugar) y monitorizar el cumplimiento de esas reglas comunes. Ahora bien, una de las preguntas es: ¿debe tener la AMA competencias mundiales de investigación o de sanción? Y surge el siguiente debate respecto al COI y a los Gobiernos: la AMA, que es una entidad privada, ¿puede sancionar directamente a comités olímpicos nacionales, organismos públicos o países? Ése es el debate: ¿quién debe sancionar en estos casos: la AMA, otra organización independiente, una sección del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) de Lausanne o el propio COI con arreglo a sus normas?
Si los hechos fueron promovidos por una federación internacional (como parece ser el caso de la Federación Internacional de Atletismo), ¿quién debe sancionarla? ¿Y a la Agencia Antidopaje rusa? ¿O al Ministerio de deportes ruso? No creo que sea de fácil solución: nunca se había previsto algo así. Nadie tenía en mente que se estuviese produciendo una corrupción organizada de estas dimensiones.
Nadie tenía en mente que se estuviese produciendo una corrupción organizada de estas dimensiones.
¿Cuál sería la mejor solución en su opinión?
La AMA es una entidad privada que debe liderar la lucha contra el dopaje; en eso estamos todos de acuerdo. Debe armonizar las reglas y monitorizar su cumplimiento, y en mi opinión debe tener las herramientas suficientes para poder hacerlo: son investigaciones complejas e internacionales que solo ella puede acometer con suficientes datos. Pero los delitos que afloren de la investigación y sus resultados deben ser entregados a tribunales y órganos sancionadores de jurisdicción deportiva. La información que reúna debe ser puesta a disposición de las autoridades correspondientes para que tomen medidas, sean quienes sean los afectados. Si no, estamos creando varias justicias paralelas: podría terminar habiendo tres sanciones por lo mismo, lo cual crearía un problema de inseguridad o incluso contradicciones entre medidas concurrentes.
¿Espera castigos ejemplarizantes para los responsables de esta gigantesca trampa?
En Francia hay una investigación criminal abierta contra la Federación de Atletismo [con sede en Mónaco], puede haber una sanción contundente. Aquí en España, por poner un ejemplo, si hubiese una infracción de este tipo tendría consecuencias administrativas y penales. Es el propio país el que tiene esos recursos, a través de los tribunales, como en cualquier caso de corrupción. Al fin y al cabo, se trata de dopaje pero es otra red de corrupción.
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