El secretario de Estado para el Deporte, José Ramón Lete, ascendió el mes pasado al puesto de subdirectora general (nivel 30 de la Administración, cargo de libre designación) a su cuñada Lucía Muñoz-Repiso, Administrador Civil del Estado y empleada del Consejo Superior de Deportes (CSD) desde el año 2000.
Muñoz-Repiso, casada con Víctor Lete (hermano del actual presidente del CSD y técnico deportivo en la casa), reemplazó en el cargo a uno de los puntales de la institución, Fernando Puig de la Bellacasa, que cesó en el cargo a finales de marzo tras liderar el saneamiento financiero del deporte español impuesto por Miguel Cardenal, ex presidente del CSD, entre 2012 y 2016.
Las fuentes que informaron del polémico ascenso a EL ESPAÑOL admitieron la capacidad profesional de Muñoz-Repiso (hija de Carlos Muñoz-Repiso, director general de Tráfico entre 1996 y 2004), pero denunciaron el presunto "nepotismo" del nuevo secretario de Estado en una institución que es "como su casa". Además de su hermano y de Muñoz-Repiso, en el CSD trabaja también la exmujer de José Ramón Lete, Ana Ruth Rodríguez, directora del PROAD (Programa de Atención al Deportista de Alto Nivel). Los tres familiares, cabe aclarar, llegaron al CSD antes que su actual presidente.
"Idoneidad"
Fuentes autorizadas del CSD explicaron el martes a este periódico que tras la destitución de Fernando Puig quedó libre una subdirección general entre cuyos trabajadores no había reemplazante con la categoría profesional A1 (máximo escalafón en la carrera funcionarial), y que por tanto se movió a esta subdirección al subdirector o subdirectora más idóneo, con lustros de experiencia en la institución, que ya ocupaba un puesto del mismo rango.
La explicación es válida sólo a medias: si bien es cierto, como dice el CSD, que no había en la Subdirección de Deporte Profesional y Control Financiero ningún funcionario de escala A1, había (y hay) otros funcionarios con cargo de Administrador Civil del Estado en el Consejo con capacidad para asumir el cargo. Más relevante aún es que en la propia web del Consejo se advertía este martes la inexactitud o falta de veracidad de la explicación gubernamental: Lucía Muñoz-Repiso ocupaba hasta el mes pasado el puesto de subdirectora adjunta (nivel 28 en la escala funcionarial), no el de subdirectora (nivel 30, de libre designación). La versión oficial, pues, no se ajusta a la realidad: se trata de un ascenso en toda regla.
La Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, establece en su artículo 3 que los altos cargos (entre ellos los secretarios de Estado) "adoptarán sus decisiones al margen de cualquier factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares, o cualesquiera otras que puedan estar en colisión con la objetividad".
En su artículo 11, sobre conflictos de interés, la ley afirma que debe evitarse "que sus intereses personales puedan influir indebidamente en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades". Entre esos "intereses personales" figuran "los intereses familiares, incluyendo los de su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad".
De cualquier manera, la medida de Lete podría no contravenir expresamente ninguna norma, puesto que los cargos de libre designación no tienen limitaciones específicas (según expertos jurídicos consultados por este diario). No obstante, como indican fuentes próximas al Consejo, "la mujer del César no sólo debe ser honesta, sino parecerlo".