La jueza ve "indicios" para imputar a la cúpula de la Federación de Taekwondo por corrupción

La cúpula de la Real Federación de Taekwondo está más cerca de enfrentarse a un juicio por su gestión económica. EL ESPAÑOL desveló la investigación de la UDEF que sacaba a la luz cómo los principales directivos del organismo se habrían beneficiado del dinero recibido por subvenciones mediante diferentes estrategias fraudulentas. El Juzgado de Instrucción nº7 de Alicante ha acordad la continuación del procedimiento abreviado por considerar que hay "indicios suficientes" para la imputación de los denunciados.

Jesús Castellanos, presidente de la RFET; Miguel Pérez Otín, (entonces) tesorero; Alicia Sancho Carbonell, gerente desde 2015; José María Pujadas Fernández, secretario general, y Victorino Pizarro, antiguo presidente de la Federación Valenciana de Taekwondo, son las personas contra los que están abiertas las diligencias previas, a la espera de que se presenten los escritos de acusación para la apertura del juicio. La Federación presentó unos informes propios en el mes de abril de 2022 que contradecían a los de la UDEF que fueron rechazados porque podrían defenderse en juicio oral.

Algunas de las estrategias que ha atendido el Juzgado eran la duplicidad en la justificación de subvenciones, pagos justificados que no se materializaron, trasvases de fondos sin autorización o gastos no asumidos por la RFET que fueron justificados ante el CSD. Aunque Castellanos rechazó ceder los informes a EL ESPAÑOL, quedó constatado que las facturas presentadas no se desglosaban, como el ejemplo de los viajes a Croacia que quedaban justificados con movimientos a El Cairo o París.

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El Juzgado entiende que "las diligencias practicadas a lo largo de las presentes diligencias previas aportan indicios suficientes" para que continúe la tramitación del procedimiento abreviado "por si los hechos imputados (...) fueren constitutivos de presunto delito de fraude de subvenciones, malversación de fondos públicos, administración desleal, apropiación indebida y falsedad documental".

Las acusaciones particulares entre las que se encuentran la Abogacía del Estado, el Consejo Superior de Deportes, la Federación Gallega de Taekwondo, así como Jesús Tortosa (extécnico) o el entrenador Eugenio Granjo. En el auto del Juzgado de Instrucción nº7 de Alicante al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL se le atribuyen a las personas contra las que se han abierto diligencias previas diferentes estrategias que podrían ser constitutivas de delito.

Los viajes

La cúpula de la RFET justificaba ante el Consejo Superior de Deportes facturas manipuladas donde se incluían viajes con destinos falsos o a torneos que se habían disputado en fechas diferentes a las indicadas. Miguel Pérez Otín se encargaba de gestionar todo este entramado, indicando a la agencia de viajes qué conceptos y gastos debían incluir en la factura. Estos, por desconocimiento, seguían las indicaciones del ente federativo.

También se incluían conceptos que en realidad no eran tales y que sortearon los controles del CSD. La Federación, simplemente con mostrar la factura con el importe y el concepto, lograba el visto bueno de un Consejo que no podía observar con detalle a qué se había dedicado realmente ese dinero porque no estaban desglosadas. Si el ente gubernamental hubiera recibido la misma información con la que contaba la agencia de viajes no habría aceptado la presentación de esos gastos.

Además de pactar el kilometraje y las dietas que debían percibir, la cúpula federativa también actuó con mala praxis a la hora de justificar los viajes oficiales ante el CSD. Resalta lo sucedido en las facturas de 2013 a Serunion: la RFET cifró un gasto de algo más de 20.000 euros que presentó ante el CSD, pero la empresa Viajes Ecuador contabilizó menos de 11.000, por lo que se produjo un exceso de más de 9.000 euros respecto a las facturas reales.

Alicia Sancho Carbonell se mostraba en contra de las prácticas que se estaban realizando a su llegada a la Federación. La gerente desde 2015 incidió en que había que "seguir la guía" del CSD. "No es que quiera cambiarlo, es que hay que cambiarlo [...]. Yo creo que mejor lo hacemos como quieren y que no nos mareen", llegó a indicar en un correo electrónico, cuando Pérez Otín le estaba explicando que pusiera lo "realizado" igual que lo "presupuestado".

Cabe recordar una de las conversaciones entre estas dos personas que dejaban claro el modus operandi. En dicho correo, Pérez Otín subraya: "Limpio me quedan 1.500€ por 15". En más conversaciones siguientes, Sancho no termina de comprender el mecanismo que le propone y este responde: "Con Jesús (presidente) quedamos que a mí me tenían que quedar limpio 1.000€ de la factura más 500 de los gastos del despacho". Un despacho que, según el auditor, no servía ya que ejercía desde su domicilio.

Otras fórmulas

La RFET recibía distintas cantidades por el programa que lleva a cabo el CSD para impulsar el deporte femenino que fueron aprovechadas para obtener fondos públicos indebidamente. La documentación que presentó a Federación "simulaba actuaciones realizadas en el marco de actividades vinculadas" a este programa "que no habían tenido lugar o eran inexistentes, o si se producían lo hacían en el marco de otros programas distintos".

También se recogen documentos que justificaban gastos de personas relacionadas con la federación como si los gastos los hubiera pagado esta. De esta manera, presentaban al CSD operaciones bancarias obteniendo el dinero público siendo realmente gastos que no se habían realizado. También se utilizaban facturas percibidas siendo inciertos los pagos, aunque el dinero público no dejaba de llegar. De hecho, llegaban a utilizar a sus propios familiares.

Estas prácticas no se quedaban ahí. Se justificaron gastos que habían sido pagados por otras federaciones, clubes o deportistas. Se centralizaban los cobros de las cantidades que pagaban a hoteles, agencias de viajes y solicitaban a las empresas de servicios que expidieran facturas a su nombre, sin descontar lo que pagaban otros entes, para presentarlo todo ante el CSD. Los investigados, de forma conjunta, llevaban a cabo todas estas actuaciones.

Lo mismo sucedía con la justificación de dietas individuales. Se encuadraban los gastos en determinadas partidas contables, denominándoselas para percibir el dinero público. Se confeccionaban documentos para justificar los gastos conceptualizados, aunque estos no se ajustaban a la realidad para percibir esas cantidades que no debían ser soportadas por el CSD. Esto alteraba claramente la contabilidad durante todos los años en los que han estado al mano de la RFET.

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