El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado este miércoles que Uber es una empresa de transporte y no meramente una plataforma digital de intermediación, por lo que está obligado a obtener las licencias exigidas por la legislación nacional.

El TJUE concluye que la prestación de poner en contacto pasajero y conductor, facilitada por vía electrónica, ni es autónoma ni principal en relación con la prestación de transporte. Por ello el TJUE zanja que el servicio ofrecido por Uber no puede calificarse de “servicio de la sociedad de la información”: se trata de la organización y gestión de un sistema completo de transporte urbano bajo petición.

Para la Federación Española del Taxi (Fedetaxi), esta sentencia demuestra que la actividad de Uber podría haber entrado en competencia desleal con los taxistas españoles, especialmente los de Barcelona, demandantes iniciales en el litigio por prácticas contrarias a la competencia cometidas por la multinacional.

Efectos en España

Respecto de las futuras actuaciones del regulador en España, Fedetaxi indica que los efectos de la declaración de Uber como empresa de transporte se deberán aplicar desde la entrada de la plataforma en España hasta la actualidad.

“De este modo y siendo un hecho claro y notorio su actuación en la precontratación de servicios de alquiler con conductor (VTC) para el transporte urbano en la Comunidad de Madrid y en Cataluña, ambas CC.AA. deberían proceder de modo urgente e inmediato a revisar todos los servicios en los que la empresa de transportes Uber ha operado para instruir los correspondientes expedientes sancionadores por infracción a la normativa de transportes”.

Indican que la Inspección de transportes terrestres, delegada en las CC.AA. por el Ministerio de Fomento, puede solicitar a las empresas que son subcontratistas de la empresa de transportes Uber para realizar sus servicios de VTC, o a esta misma, todas las “hojas de ruta” que hayan realizado en España, a fin de comprobar si Uber ha cumplido con los requisitos legales como una empresa de transportes.

Posibles multas de hasta 5.000 millones

“En caso contrario, la obligación de las administraciones autonómicas es incoar el correspondienteexpediente sancionador, tanto por ausencia de autorización de transporte como por el restante cúmulo de infracciones que hubieran llevado a cabo”, indica Fedetaxi. Las cuantías de las multas oscilan entre 4001 € y 600 € por cada uno de los trayectos llevados a cabo por la multinacional

Según el presidente de Fedetaxi, Miguel Ángel Leal, “el tema no es ni mucho menor, pues según cálculos de Fedetaxi el total de las sanciones podrían ascender a más de 5.000 millones de euros, una cantidad con la que, por ejemplo, se solucionaría en gran parte el déficit público de las comunidades autónomas” a lo que añadió que “si los gobiernos autonómicos actúan como deben y los taxistas, como afectados y contribuyentes esperamos, la elusión fiscal y la precariedad que estas compañías hubieran podido practicar, tendría un efecto cero en la economía nacional” lo que sería un “mensaje potente de cara a todas estas multinacionales extractivas de la falsa economía colaborativa”.

TaxiEurope Alliance y Unauto

Por su parte, Miguel Ángel Leal, presidente de TaxiEurope Alliance (TEA), ha recalcado la importancia de esta Sentencia, la cual marca un antes y un después para el sector del taxi. “Uber es un servicio de transporte que compite con el sector del taxi, y como tal, debe estar sometido a las misma reglas de juego. Uber no puede caer en las trampas de la evasión fiscal, debe de garantizar los derechos de sus trabajadores y,
en definitiva, tiene que respetar la normativa de cada Estado Miembro en el ámbito
del transporte”.

En tanto, el presidente de la Asociación Nacional del Taxi (ANTAXI), Julio Sanz, ha anunciado este miércoles que su colectivo valorará exigir indemnizaciones por los daños ocasiones por la actividad que Uber lleva "desarrollando de manera ilegal en España desde 2014".

Sanz ha señalado que esta sentencia de la justicia europea evidencia el “error del discurso de la clase política española” y ha recordado que “el Ministerio de Fomento tiene la responsabilidad de regular todas las formas de transporte que operan en su territorio y hacerles cumplir la ley”.

Para Unauto la sentencia emitida hoy por el Tribunal Europeo de Justicia hace referencia a uberPOP, un servicio entre particulares que Uber dejó de operar en España en diciembre de 2014. Desde marzo de 2016, Uber opera en Madrid uberX, un servicio operado por conductores profesionales con vehículos VTC, es decir, con autorizaciones otorgadas por la Comunidad de Madrid y bajo la ley española de transporte.

Tal y como recuerda el mismo Tribunal, el transporte es una competencia de los Estados miembros. “A pesar de la interpretación interesada de ciertos portavoces del taxi, la realidad es que esta sentencia no tiene ningún impacto en España porque hace referencia al transporte entre particulares y en ningún caso a la operativa de las VTC. Tampoco guarda relación con las nuevas regulaciones que se están impulsando, a petición y por presión del sector del taxi, que lamentablemente siguen protegiendo sus privilegios monopolísticos”, destaca Eduardo Martín, Presidente de UNAUTO VTC.

Cabify responde a las críticas

Por otro lado, Cabify se ha defendido de las críticas, indicando que esta decisión no está relacionada en absoluto con la compañía española ni afecta a su actividad. Y recuerdan que “la compañía española está constituida como agencia de viajes, tal y como estipuló la Dirección General de Turismo y la Dirección General de Transportes Terrestres de la Comunidad de Madrid en mayo de 2012”.

De esta manera, afirman que el criterio del fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para determinar la naturaleza de “servicio de transporte” de la actividad de Uber Pop en Barcelona “no resulta aplicable al servicio prestado por Cabify”.

Ello es así puesto que, indican, al constituirse en España, Cabify lanzó (en su condición de agencia de viajes) una plataforma para facilitar la intermediación entre sus usuarios y un sector profesional preexistente: los transportistas titulares de licencias VTC. “Dichos transportistas vienen desarrollando desde hace muchos años la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor en España, dando estricto cumplimiento de la normativa que regula el transporte de viajeros, los seguros de responsabilidad civil asociados al mismo, así como la fiscalidad y las relaciones laborales de los conductores”.