El PP está empeñado en poner puertas al campo de blockchain, pero no sabe exactamente cómo hacerlo. Hasta el punto de que ha pasado por todas las fases. Empezó ignorando el tema y echando balones fuera, siguió con una moción muy dura en el Senado en la que se proponían duras regulaciones y terminó aguando sus propias propuestas y tirando balones fuera.

Remontémonos a lo que sucedió el año pasado. El 5 de septiembre de 2017, el Gobierno respondía a una pregunta formulada por tres senadores socialistas sobre el papel de las criptodivisas. En ella, recordaba que había una propuesta de directiva en la última fase de tramitación, pendiente de aprobación por el Parlamento Europeo, y esquivaba la responsabilidad.

“No parece que el proyecto de desarrollo de una regulación integral de las monedas virtuales deba acometerse en el futuro desde ámbitos meramente nacionales, al menos en el seno de los estados miembros de la Unión Europea”, señalaba, antes de recordar su “alcance global, que trasciende las fronteras de cada país”.

Sin embargo, parece que el partido de Mariano Rajoy, ante los problemas generados con el fuerte crecimiento de Bitcoin y su subsiguiende desplome, no han podido resistirse a la tentación de ir más allá sin hacer prácticamente nada al respecto.

Una dura moción en el Senado

El pasado 29 de enero el Grupo Parlamentario Popular presentó una dura moción en el Senado en la que pedía al Gobierno que valorase “la necesidad de abordar un proceso de regulación de las criptomonedas que permita generar confianza y fiabilidad en nuestros mercados, que advierta a los inversores y usuarios de criptomoneda de sus riesgos y que evite la oficialidad de la misma en tanto no haya alcanzado un nivel de desarrollo y transparencia”.

Concretamente, exigían tres cosas. La primera era “gravar fiscalmente las ganancias (denominada minería en el lenguaje digital)”. No está claro, leyendo el texto, si comprendían siquiera las diferencias entre ‘minar’ criptodivisa y las posibles plusvalías obtenidas de su venta.

La segunda exigencia pasaba por “regular las operaciones financieras, tanco ICOs como splits, y las operaciones de conversión de monedas”. Esto exige una explicación. Las ICO son las ofertas iniciales de ‘tokens’, que pueden servir para financiar a una empresa, a través de una titulización -que ya está regulada en España-, o para garantizar el acceso futuro a un determinado producto y servicio. Los ‘splits’ o ‘forks’ son las bifurcaciones que experimentan en ocasiones la cadena de bloques de una criptomoneda.

El tercer punto de la lista pasa por eliminar el anonimato y obligar a identificar a los usuarios y exigir licencias de operación y registro en la CNMV. Básicamente, obligar a los usuarios de un sistema libre y descentralizado a no ser ni libre ni descentralizado.

Sin embargo, la moción se aguó durante el trámite hasta el punto de que, en el momento de la votación, no incluía apenas ningún posicionamiento. Hasta el punto de que el senador popular de Unidos Podemos, Ferrán Martínez, explicó su abstención por la falta de posicionamiento de una moción que había pasado a ser totalmente genérica.

Y mientras tanto, en la Cámara Baja

El PP en el Congreso, por su parte, presentó el 6 de febrero una proposición no de ley mucho más documentada y en la que volvía a recordar que Bruselas ultima una nueva regulación. En esta, con argumentos similares a los de grupo en el Senado, instaba al Gobierno a que traslade en los ámbitos y foros internacionales, especialmente en el G20, la necesidad de adoptar una regulación supranacional.

En el texto se habla de “aprovechar las ventajas tecnológicas que aumenten la eficiencia, el ahorro de costes y la rápida ejecución de transacciones, para que redunden en una mayor inclusión financiera y un menor coste de financiación, evitando los obstáculos derivados de su mala utilización”.

El primero de los puntos que propone es muy razonable. Dado que el componente especulativo de criptomonedas como bitcoin dificulta su uso como medio de pago, “es necesario promover la difusión de advertencias acerca de los riesgos que entraña su emisión y utilización”.

El segundo pide “estudiar” aspectos relacionados con la prevención del blanqueo de capitales. Si bien es más expeditivo a la hora de pedir que se considere como entidades sujetas a la regulación de blanqueo de capitales, quedando obligadas a la identificación de sus clientes, a los proveedores de servicio de cambio de monedas virtuales por monedas virtuales y a los prestadores de servicios de custodia de claves (los monederos virtuales).

Reclaman también estudiar los aspectos fiscales de su uso para evitar cualquier tipo de evasión y apoyar el grupo de trabajo del Ministerio de Economía con participación de la CNMV y del Banco de España. ¿El objetivo? “Aprovechar las ventajas que la nueva tecnología ofrece en términos de ahorro de costes y desintermediación”. Por último, sugiere advertir del componente especulativo y del riesgo de burbujas y analizar y fijar, “si procede”, cuál debe ser la cantidad mínima de inversión a partir de la cual un particular debe informar al regulador de sus operaciones”.

Durante la presentación de esta moción ante los medios, el portavoz popular, Rafael Hernando, previno contra la volatilidad de la divisa y afirmó conocer “casos en los que monedas de este tipo acaban siendo elementos en los que se refugia dinero procedentes de actividades criminales, dinero negro o evasión fiscal".

El portavoz adjunto de los 'populares' en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, Teodoro García Egea pidió reformas supuestamente para ”atraer inversión, talento y empleo especializado” y liderar “esta nueva transformación digital en torno a las transacciones internacionales y la tecnología blockchain”.

Una moción “adulterada”

En la sesión en el Senado de este miércoles, 7 de febrero, los grupos que apoyaron la moción popular --PP, PSOE, EAJ-PNV, PDeCAT-CDC-AHI/CC-PNC y el grupo parlamentario mixto-- propusieron que, hasta que se apruebe dicha regulación supranacional, se advierta a los usuarios del componente especulativo, de los fraudes y del riesgo de burbujas de las criptomonedas, así como de la necesidad de ser "prudente" en su utilización.

El más duro fue Ferrán Martínez Ruiz, de Unidos Podemos, que insistió en que esta moción “Frankenstein” ha “edulcorado” sus propias propuestas iniciales. Para su grupo parlamentario, no tiene sentido asociar un medio de pago a un comportamiento delictivo, “como si no se pudieran cometer delitos con dinero fiduciario”.

En la exposición de motivos se hablaba de que las criptomonedas están “tradicionalmente” asociadas a la economía sumergida e incluso a actividades delictivas como tráfico de divisas, tráfico de drogas, estructuras piramidales o financiación del terrorismo. Martínez mostraba su estupefacción ante la generalización que implica esa frase y bromeó diciendo que, “a este paso, el PP las terminará utilizando para su financiación ilegal”.

Sobre los fenómenos especulativos, el joven senador observó la paradoja de que el PP proponga regulación estatal. “Les pone frente a sus propias contradicciones, frente a su retórica falsamente liberal. ¿No es el mercado un mecanismo eficiente de asignación de recursos y es la regulación estatal la que provoca distorsiones? (...) Cuando ven algo que escapa a su control son los primeros en pedir intervención al Estado”.

Dicho todo lo cual, la respuesta del Gobierno de hace unos meses, con independencia de las mociones y las proposiciones, sigue siendo válida hoy en día. La regulación de las criptomonedas y de derivadas de la tecnología blockchain como las ICO dependerá de Europa.