El juez Andreu está dispuesto a analizar cada aspecto relacionado con la resolución del banco Popular. En 48 horas ha puesto a funcionar la maquinaria judicial a todo trapo y quiere dejar ni un cabo suelto.

El último paso ha sido encargar a dos peritos del Banco de España el análisis de las cuentas, los salarios, las últimas ampliaciones de capital y, por supuesto, el proyecto ‘Sunrise’ con el que el expresidente Ángel Ron quiso sacar del balance más de 6.000 millones de euros con la creación de un banco malo.

Un paso complementario a la solicitud de información requerida a distintos actores implicados en la caída de la entidad. Desde la que se ha solicitado al propio banco y a su comprador, el Santander, a la que se ha pedido al Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Junta Única de Resolución (JUR), el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el Banco Central Europeo (BCE); la auditora PWC y a los distintos bancos que, en algún momento, mostraron su interés por hacerse con el ‘Popu’.

Cantidades ingentes 

Fuentes jurídicas explican a EL ESPAÑOL que serán miles los documentos que tendrán que llegar a la Audiencia Nacional. Por tanto, se prevé que el período de instrucción sea largo y tortuoso dado que en este tipo de procesos siempre hay imprecisiones, documentación que no llega e, incluso, quien se hace el loco.

El abogado Felipe Izquierdo, uno de los letrados presente en la causa como acusación particular, pone como ejemplo el caso de Abengoa, en el que todavía están esperando a recibir toda la documentación solicitada, y de eso hace más de año y medio.

La clave para las partes estará en conocer el informe Deloitte al completo. Es decir, sin ningún tipo de censura ejercida por la propia JUR. Algo que todavía está por ver que se consiga, máxime teniendo en cuenta que ya se prepara un nuevo informe en el que se analizará si los accionistas de Popular tenían otra alternativa más favorable a la resolución.

Desde la institución europea han declinado comentar decisiones judiciales; por tanto, sigue sin despejarse la incógnita. Así que ahora la otra esperanza de los afectados para conseguir el documento al completo está en el FROB, que ya ha mostrado en varias ocasiones su disposición a colaborar con la justicia.

Todavía es pronto para saber si podrá cumplir con su propósito. Fuentes cercanas explican a este periódico que no han recibido la providencia de Andreu y, por tanto, no conocen exactamente el requerimiento hecho por el magistrado.

Banco de España y CNMV

Otro actor importante será el Banco de España, a quien el juez reclama hasta 16 clases de documentos distintos. Desde informes de inspección a recomendaciones realizadas a la entidad, pasando por las actas de las reuniones mantenidas con los exdirigentes del Popular. También una copia del Plan ‘Sunrise’.

Una cantidad ingente de documentación, explican fuentes conocedoras de la situación, que el organismo que preside Luis María Linde tendrá que preparar en las próximas semanas. Y es que, según esas mismas fuentes, la disposición del regulador es la de prestar colaboración con la Audiencia Nacional, tal y como hace cada vez que se le reclama su intervención.

La misma que se prestará desde la CNMV. Fuentes cercanas al organismo que lidera Sebastián Albella explican a EL ESPAÑOL que tendrán que analizar cada petición realizada, ya que engloba desde los hechos relevantes a requerimientos de información o documentación acerca de las ampliaciones de capital o inspecciones llevadas a cabo sobre Popular en los últimos años... Y alguna de ellas podría tener algún tipo de protección; por tanto, hay que analizar caso por caso por si hubiera que aplicar algún tipo de restricción.

El papel del Santander

Plena disposición, por tanto, la que se está encontrando el juez a la hora de investigar la resolución del Popular por parte de los distintos implicados. El propio banco y el Santander también remitirán, según fuentes jurídicas, toda la documentación solicitada.

De hecho, muchos de los documentos requeridos (como las actas del consejo de administración del Popular) ya están en manos de la Audiencia Nacional. Lo mismo ocurre con la documentación sobre las auditorías realizadas por PwC. Desde la compañía aseguran a EL ESPAÑOL que siempre han “facilitado toda la información que se nos ha solicitado y así lo seguiremos haciendo".

La banca

Todo ello a falta de conocer qué harán los principales bancos a quienes Andreu ha solicitado información. BBVA, Sabadell, Caixabank y Bankia, que tuvieron ocasión de conocer datos de la entidad en procesos previos de venta, y a quienes les solicita que aporten sus valoraciones y análisis de riesgos.

A priori, en el sector se da por descontado que se aportarán todos los documentos que sea posible, pero teniendo en cuenta que podría haber algunos que afecten a la estabilidad del sistema. Por ello, tendrán que analizar exhaustivamente el tipo de datos que pueden aportar y los que requerirán de una protección determinada por parte del juez antes de facilitarlos.

En suma, un proceso en el que todas las partes parecen dispuestas a colaborar -excepto las autoridades europeas, que no se pronuncian- y en el que, aún así, se amontonará una inmensa montaña de papel que no dejará de crecer durante semanas. Su análisis chocará con la proverbial ‘velocidad’ de la Justicia y con la paciencia del juez Andreu.