“Los inversores son los que soportan el impuesto y no las entidades financieras”. Así de contundente se muestra el Tribunal de Cuentas de Francia a la hora de analizar el impuesto a las transacciones financieras que impuso en el año 2012 el entonces Gobierno de Nicolas Sarkozy.

Lo hace en un informe en el que estudia los cambios que deberían adoptarse para que esa tasa gane en eficiencia y, en el que se destaca, que su puesta en marcha “redujo en un 10% el volumen de negociación de los productos afectados”. En concreto, el impuesto francés grava la compra-venta de acciones; las operaciones de ‘alta frecuencia’ -es decir, las que se hacen mediante programas informáticos- y, por último, las operaciones intradía.

La realidad, sin embargo, dista mucho de ser así. Según se desprende del documento, firmado en julio del 2017, ahora mismo tan sólo se aplica al primer grupo, es decir, a las acciones. ¿El resto? Nada de nada. Los motivos son distintos. En el caso de las operaciones programadas, porque debían gravarse aquellas que fueran efectuadas por empresas de origen galo. Sin embargo, “escapan al impuesto trasladando las operaciones al extranjero”, señala el informe.

En el caso de las operaciones intradía, ni están ni se les esperan, porque la puesta en marcha del impuesto de transacciones financieras se ha retrasado por las dificultades operativas que tiene llevarlo a cabo.

La ‘Tasa Tobin’ en Francia se puso en marcha en el año 2012. Un año más tarde logró recaudar 766 millones de euros, en 2015 alcanzó su tope con 1.058 millones de euros y, en 2016, cerraba con poco más de 947 millones de euros. Todo ello después de haberlo hecho evolucionar desde el 0,1% inicial hasta el 0,3% actual.

El ejemplo francés es, precisamente, uno de los que tiene en mente el departamento de Nadia Calviño, ministra de Economía, y que es objeto de negociación con Unidos Podemos. Se trata de una figura que queda a medio camino de la intención del PSOE (pero también del partido de Pablo Iglesias) de poner un impuesto directo a la banca, algo que ha sido muy criticado por sus principales ejecutivos.

A falta de conocer si hay o no acuerdo en torno a los presupuestos, y si se pone en marcha la ‘Tasa Tobin’ española, lo que parece claro es que no todos los grupos están de acuerdo con una medida de este tipo. Fuentes parlamentarias explican a EL ESPAÑOL que implantar un impuesto de este tipo es muy complicado.

¿Cuánto recaudará? 

“Buena parte de las operaciones se marcharán al extranjero”, apuntan, para sostener acto seguido que sería muy preocupante si, finalmente, se pone en marcha una tasa que grave al mercado de derivados (algo a lo que Francia todavía no se ha atrevido). “Si esto se lleva a cabo en España, te cargas todo el mercado en nuestro país”, apuntan.

Ahora habrá que esperar a los detalles de las negociaciones, pero lo que parece claro es que la ‘Tasa Tobin’ española no será la panacea, si nos fijamos en el ejemplo francés. Basta con leer otra de las principales conclusiones del documento -que avanzó La Vanguardia-  elaborado por el Tribunal de Cuentas: “no ha conseguido ninguno de sus objetivos”: ni hacer que la banca lo pagara, ni acabar con la especulación, ni servir de ejemplo para el resto de países de la Unión Europea.

Las dudas sobre el efecto que tiene la aplicación de un impuesto como este son tantas que hasta la Autoridad Fiscal Independiente (AIREF) decía que no está claro quién terminará pagándolo. Tampoco lo tienen claro los propios técnicos de Hacienda, quienes explican que la recaudación final dependerá de cómo se articule, eso sí, dudan de que nadie en España se vaya a atrever a gravar los derivados, que es la cuestión más importante y donde más dinero se podría recaudar.