Pedro Sánchez y el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ya tienen la decisión tomada. Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL con fuentes de Moncloa, una de sus primeras prioridades en materia económica cuando el Gobierno deje de estar en funciones será buscar el consenso político para establecer un sistema de peaje en las autovías que hasta el momento son de uso gratuito.

La información también ha sido confirmada este martes por la ministra de Hacienda María Jesús Montero que, en una entrevista en Espejo Público de Antena 3, reconoció que el Ejecutivo trabaja "sobre diferentes fórmulas que existen en otros países de Europa" para implantar este pago las autovías.

El objetivo inicial del equipo de Ábalos, según las fuentes consultadas por este periódico, era discutir el tema en la subcomisión parlamentaria para tratar la sostenibilidad y la financiación de la red viaria, pero los problemas para formar Gobierno llevarán el proyecto directamente a la Ley de Movilidad Sostenible con la que Pedro Sánchez quiere dar rango de ley a los planes de infraestructuras de transporte, coordinar la actuación de las administraciones y obligarlas a ajustarse a las prioridades del Ejecutivo.

El importe a cobrar rondaría los dos céntimos por kilómetro y los residentes cercanos a las autovías quedarían exentos del pago ya que este se centraría fundamentalmente en cobrar a quienes -como el transporte pesado- utilizan las carreteras de manera frecuente y los que, en definitiva, más contaminan.

Peaje centrado en la flota de mercancías

En el Gobierno indican que no tiene sentido que un camión pague un peaje por circular en Francia, deje de hacerlo en España y vuelva a pagarlo en Portugal, con el consiguiente coste de mantenimiento que tiene las carreteras que utilizan. Advierten que España se está quedando como el único país de nuestro entorno que no realiza este tipo de cobro por circular por sus autovías.

España es el segundo país de Europa con mayor flota de camiones, sólo por detrás de Francia. Esto pone en evidencia las deficiencias del modelo actual, que prima el uso de la carretera como medio de transporte de mercancías, con el impacto que éstas tienen en su deterioro y, por tanto, en el aumento de las necesidades de recursos para su mantenimiento y conservación.

Así, España es el tercer país de Europa con mayor tráfico de mercancías en toneladas-kilómetro por carretera. Además, una importante parte de los viajes de estos vehículos se realizan en vacío. En concreto, el 46% de los viajes de transporte de mercancías intrarregionales y el 29% de los interregionales son en vacío.

La puesta en marcha de un peaje reducido en todas las autovías también está relacionado con el fin del pago en las actuales autovías concesionadas mediante la no renovación de las concesiones que hay marcha. El propio Ábalos ha indicado en diferentes comparecencias que el objetivo del Gobierno es que el peaje se pague de manera equilibrada en todos los territorios españoles y que los actuales territorios con concesiones no soporten todo el coste del sistema.

Con ello, Moncloa persigue además un triple objetivo: ayudar al pago de las pensiones, aportar más recursos a la dependencia y solventar el mantenimiento de las propias vías, que tienen un coste anual superior a los 1.000 millones para el Estado.

El razonamiento de Moncloa tiene que ver con el déficit actual de inversión en obra pública, que a cierre de 2018 llegó a los 26.000 millones, esto es 30.900 millones de euros menos que en 2007, debido a que las prioridades de gasto social condicionan cada vez más la inversión pública. Si las autovías generan ingresos en toda España, podrán costear su mantenimiento y el aumento en la obra pública, liberando recursos para la dependencia, pensiones y el gasto social.

Apoyo de los grupos parlamentarios

En este contexto, tanto desde la parte pública como desde la privada comienza a imponerse cierto consenso por abrir la vía del pago por uso para conseguir los ingresos necesarios para mantener estas infraestructuras. De hecho, como ha publicado este periódico, el pago por uso es una medida que no se ve con malos ojos desde los grupos parlamentarios PSOE, PP o Ciudadanos.

En cambio, tanto en el lado de Podemos como en el de los partidos nacionalistas vascos y catalanes parece complicado que se apoye este tipo de solución. En este sentido, en Moncloa lo tienen claro: se buscará el máximo consenso posible para sacar adelante este proyecto prioritario cuando el Gobierno deje de estar en funciones.

El pago por uso en carreteras que actualmente son gratuitas es una vieja demanda del sector las infraestructuras. Para Julián Núñez, presidente de Seopan, la patronal de las empresas constructoras y concesionarias de infraestructuras, "es imprescindible recuperar la colaboración público-privada como modelo de financiación extrapresupuestaria para resolver el déficit inversor, ya que las prioridades de gasto social, la reducción de la deuda pública y el pago de sus intereses no permitirán en los próximos años atender las necesidades de inversión de infraestructuras con cargo a los presupuestos públicos".

En octubre del año pasado, la propia Seopan presentó un informe de AT Kearney en el que se estimó en una horquilla de 59.000 millones a 113.000 millones de euros, en un periodo de 25 años, el impacto económico que supondría la tarificación de carreteras de autovías.

El país con menos peajes de Europa

En los cursos de verano de la Universidad Menéndez Pelayo de Santander, realizados en el pasado mes de junio, la patronal volvió a pedir al Gobierno poner peajes en las autovías para pagar su mantenimiento. Seopan propuso el precio que podría tener el peaje, de tres céntimos por kilómetro para los vehículos y de 14 céntimos para los camiones.

Se trata de una tasa que, si bien sería la "más reducida de entre las actualmente vigentes en Europa", permitiría levantar unos 1.200 millones de euros anuales, dicen las empresas concesionarias.

Según la patronal, España es el país europeo con menor porcentaje de carreteras con peaje, con el 18% del total, frente a 23 países que tienen toda la red tarificada y otros cuatro con tasas en gran parte de ella. Seopan considera que el sistema de pago por uso de las autovías que propone, además de generar recursos para su mantenimiento, "permite liberar este gasto público y destinarlo a otros fines sociales, evita subir impuestos, es equitativo dado que afecta a quien circula por la autovía y potencia el transporte de mercaderías por ferrocarril".

Europa dispone de 61.782 km de vías de gran capacidad con pago por uso. En nuestro continente, 23 países tienen el 100% de su red de pago, 43.153 kilómetros y cuatro parcialmente su totalidad, 18.629 kilómetros. Solamente Italia, Francia, Irlanda y España cuentan con parte de su red gratuita. De todo este grupo, España es el país con menor porcentaje de tarificación de carreteras ya que el 73% de la red libre de pago de toda Europa se localiza en nuestro país. .

De los más de 17.000 kilómetros de vías de alta capacidad españolas, sólo 3.307 son de pago. El problema es que más de la mitad de esta red de peaje dejará de serlo a partir del año 2021, fecha en que vencen sus actuales contratos con privados.

De momento, la única que ha caducado su concesión -y que no ha sido renovada- es la AP-1 de Burgos en diciembre de 2018. La idea de Moncloa es comenzar un proceso paulatino mediante el cual estas vías pasen al nuevo sistema de pago reducido, al igual que toda la red que debería comenzar a autofinanciarse si es que se aprueba el pago en las vías que actualmente son gratuitas.