España no es una península en materia de pejes. Es una isla. Mientras que la mayoría del los países europeos optan por una política de pago por utilización de las carreteras de alta capacidad, en nuestro país se impone la gratuidad como modelo.

A diferencia del resto del Viejo Continente, donde la mayoría de los países optan por el pago de peajes para circular por sus autopistas tanto en lo que se refiere a los coches como a los vehículos pesados de mercancías, en España la mayor parte de la red es gratis para todos tipo de vehículos.

Nuestro país ha sufrido la mayor transformación viaria de toda Europa en los últimos 40 años. España ha pasado de tener un nivel de infraestructuras de un país en vías de desarrollo a contar con más de 17.000 kilómetros en la actualidad entre autopistas y autovías.

Una transformación que se ha conseguido gracias a las ayudas recibidas por la Unión Europea y al pago vía impuestos de estas infraestructuras pero que, ahora que el Estado tiene otras necesidades de gasto debido al envejecimiento de la población, se está convirtiendo en una pesada mochila para el país.

Europa dispone de 61.782 km de vías de gran capacidad tarificadas. En nuestro continente, 23 países tienen el 100% de su red de pago, 43.153 kilómetros y cuatro parcialmente su totalidad, 18.629 kilómetros. Solamente Italia, Francia, Irlanda y España cuentan con parte de su red gratuita.

Estado del pago por circular por las vías de gran capacidad en Europa.

De todo este grupo, España es el país con menor porcentaje de tarificación de carreteras. De los más de 17.000 kilómetros de vías de alta capacidad españolas, sólo 3.307 son de pago. En Italia el 86% de este tipo de vías son de pago. Un porcentaje que llega al 79% en el caso de Francia y al 38% en el de Irlanda. España por su parte se queda en el 18%.

Este dato representa que el 73% de la red libre de pago de toda Europa se localiza en España. 

Financiación vía impuestos

Los ciudadanos extranjeros circulan gratis por la mayoría de nuestra red de infraestructuras viarias. Además de los transportistas de otros países, casi 13 millones de turistas entraron en España por carretera en 2017.

Sin embargo, cuando un ciudadano español viaja al extranjero se encuentra con el pago de peajes en casi el 80% de la red de gran capacidad francesa o en el 100% de las vías rápidas portuguesas.

En toda Europa se grava la circulación con independencia de la nacionalidad. Sólo en España son los ciudadanos los que sufragan con sus impuestos el deterioro de la red que generan los vehículos nacionales y extranjeros.

Según los datos expuestos en el V Foro Global de Ingeniería y Obra Pública, la red europea de peaje ahorra anualmente 5.000 millones de euros gasto público en conservación, y genera una cantidad anual similar de ingresos por recaudación de impuesto de valor añadido (IVA).

El actual modelo de infraestructuras viarias también pone en desigualdad a la carretera frente a otros modos de transporte cuando se compara a España con Europa. En el caso de las mercancías, por ejemplo, el modelo no permite la igualdad entre modos, siendo España el quinto país de Europa que menor cuota de transporte de mercancías por ferrocarril.

España es el segundo país de Europa con mayor flota de camiones, sólo por detrás de Francia. Esto pone en evidencia las deficiencias del modelo actual, que prima el uso de la carretera como medio de transporte de mercancías, con el impacto que éstas tienen en su deterioro y, por tanto, en el aumento de las necesidades de recursos para su mantenimiento y conservación.

Así, España es el tercer país de Europa con mayor tráfico de mercancías en toneladas-kilómetro por carretera. Además, una importante parte de los viajes de estos vehículos se realizan en vacío. En concreto, el 46% de los viajes de transporte de mercancías intrarregionales y el 29% de los interregionales son en vacío.

Preocupación ante el nuevo Gobierno

Tanto en el último ejecutivo del Partido Popular como en el socialista surgido tras la moción de censura a Mariano Rajoy, existía cierta sensibilidad a la hora de comenzar a tomar medidas para equiparar la situación española a la de otros países de la Unión Europea.

Una circunstancia donde tenía mucho peso la experiencia del Gobierno portugués. Pese a que este ejecutivo es de corte socialista y cuenta con apoyos de partidos del mismo arco ideológico que el que ocupa Podemos en España, ha mantenido los peajes en todos sus kilómetros de su red de alta capacidad.

En el caso español, se apostaba por ir sensibilizando a la población para que, paulatinamente el pago por el uso de infraestructuras se presentara como una alternativa para reforzar el estado de bienestar. El argumento del "quién más usa más paga" sumado al de "quien más contamina, más paga" contaba con muchos apoyos tanto en populares como en socialistas.

La potencial entrada de Podemos en un futuro Gobierno se ve desde el sector como un freno para esta tendencia. Desde el partido de Pablo Iglesias se apunta al pago de más impuestos a la hora de financiar el gasto del Estado en la construcción, conservación y mantenimiento de infraestructuras.

Más cuando, además, un hipotético Ministerio de la Movilidad tiene muchas papeletas para caer en manos de representantes de la formación morada, en el caso de que finalmente se consume el Gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos.

Así las cosas, el desenlace político marcará de forma muy profunda la estrategia en la inversión en infraestructuras. La llegada de un hipotético gobierno, entre otras muchas, deberá despejar la incógnita de si España va a poner rumbo a los mismos modelos por los que están apostando sus socios comunitarios o, por el contrario, sigue nadando en dirección contraria.