La ministra de Cultura, Ángeles González Sinde. Foto: José Ayma
El PSOE, el PP y CIU han alcanzado in extremis en el Senado un acuerdo para sacar adelante la ley Sinde. La introducción de mayores de garantías judiciales en el procedimiento de cierre de las webs de descargas de contenidos protegidos ha permitido consensuar una enmienda conjunta.El pacto ha llegado sólo cuatro horas antes de la finalización del plazo para presentar enmiendas a la Ley de Economía Sostenible, en la que se encuentra regulada (en una Disposición Adicional) la nueva normativa sobre la propiedad intelectual en el marco digital. El proyecto de ley venía del Congreso, donde había sido rechazado al no encontrar el PSOE apoyos suficientes para sacarlo adelante.
El batacazo en la cámara baja hizo recapacitar a la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, y al Gobierno. Su intención era salvar la norma aun a costa de introducir ciertos retoques. Una mayor flexibilidad en su postura, sobre todo en lo que respecta al papel de la comisión controlada por el ministerio, que tenía la facultad de clausurar sitios web por su propia iniciativa, ha propiciado desbloquear la negociación con el resto de grupos parlamentario.
Según la nueva redacción, el órgano judicial intervendrá desde el primer momento en el procedimiento. Es decir, desde que la comisión requiere a una web que se identifique porque tiene sospecha de que esta vulnerando la normativa de propiedad intelectual.
Además, el Gobierno ha adquirdo un compromiso en firme respecto a la modificación del canon digital: "En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, mediante Real Decreto y con plena conformidad al marco normativo y jurisprudencial de la Unión Europea, procederá a modificar la regulación de la compensación equitativa por copia privada".
Hace apenas una semana el acuerdo parecía lejano. Hubo que pedir, de hecho, una prórroga en el plazo de planteamiento de enmiendas, para poder acordar una en común. Hoy era el día en que se cerraba y al final se ha podido conseguir. Esta mañana las declaraciones de María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, ya hacían pensar que había posibilidades entendimiento. Había advertido que una mayor garantía judicial en el procedimiento de cierre sería suficiente para dar su visto bueno a la nueva ley.
El próximo paso es que las enmiendas a la ley pasen a la Ponencia y a la Comisión de Economía del Senado el próximo día 1 de enero, y llegarán al pleno para su votación el próximo 9 de febrero.