Fernando Reinares. Foto: David de Haro.
Acaba de reeditar 'Patriotas de la muerte', obra clave para entender el terrorismo etarra
Pregunta.- ¿Cómo valora el hecho de que los interlocutores del Gobierno en la negociación con ETA durante la última tregua hayan sido interrogados por un juez?
Respuesta.- Tratándose de un asunto que es actualmente objeto de atención por un Juzgado de Instrucción de la Audiencia Nacional, difícilmente podría responder a la pregunta diciendo algo distinto a que las instituciones judiciales deben actuar como les corresponde en el marco de una democracia liberal. Eso sí, es de lamentar que, a la vista de algunos de los documentos que han sido divulgados por los medios de comunicación, los terroristas hayan percibido que, en las reuniones que mantuvieron durante esas negociaciones, los delegados del Gobierno se excusaron ante ETA porque el Estado de Derecho estuviese funcionando como se espera que funcione. Como ciudadano español, estas son cuestiones por las que sentirse dolido e incluso avergonzado. Sencillamente porque soy de los que piensan que los demócratas no tienen que excusarse ante los terroristas, ni los terroristas percibir que los demócratas se están excusando ante ellos. Pero, ¿sabe?, el mero hecho de conseguir que delegados de un Gobierno se sienten a negociar otra cosa que no sea exclusivamente la renuncia a la violencia y las posibles repercusiones en el tratamiento individualizado de la reinserción penitenciaria de los terroristas es siempre entendido como un logro, manipulable propagandísticamente, por las organizaciones terroristas, cualquiera que sea su orientación.
P.- ¿En qué medida es justificable la suspensión de la presión policial sobre los terroristas durante un proceso de negociación?
R.- Las actuaciones policiales contra el terrorismo no deben cesar en ese tipo de procesos. Es evidente que, en el periodo durante el cual se llevaron a cabo contactos entre interlocutores del actual Gobierno y de ETA, tanto la Policía como la Guardia Civil continuaron llevando a cabo sus labores de información e inteligencia policial, como demuestra el hecho de que, al concluir esas tratativas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hayan mantenido una respuesta preventiva altamente eficaz, que ha continuado debilitando aún más a la organización terrorista. Cosa bien distinta es que los procesos de negociación entre gobiernos y organizaciones terroristas generen en el seno de algunas instituciones y agencias estatales cierto grado de incertidumbre que incluso termina por afectar, se quiera o no y sin que existan consignas políticas para ello, las tareas cotidianas de los funcionarios que desempeñan sus labores en la lucha contraterrorista.
P.- Concluye en el nuevo capítulo de Patriotas de la muerte que los etarras dejan de matar pero rara vez se arrepienten...
R.- Hay centenares de etarras que han dejado de serlo a lo largo de las últimas cuatro décadas, pero sólo en una minoría de los casos el abandono de la organización terrorista a que pertenecían ha venido acompañado de una efectiva desradicalización. Es decir, sólo en una minoría de los casos la salida de ETA ha supuesto dejar de justificar la violencia y la existencia misma de esa banda armada. La mayoría concluyeron su compromiso militante de una manera aceptada por los dirigentes de ETA, normalmente tras haber cumplido condena en prisión y haberse mantenido disciplinados y sumisos, tanto a la banda armada como a su colectivo de presos. Los que, además de abandonar ETA y haberse desradicalizado ideológicamente, se arrepienten de su militancia terrorista, son un número muy exiguo y estadísticamente insignificante. En su mayoría, los etarras continúan viviendo con actitudes antidemocráticas, propias de un nacionalismo vasco étnico y excluyente, muy similares a las que tenían cuando ingresaron en la organización terrorista. Su entorno social inmediato, correspondiente al nacionalismo vasco radical, inhibe cultural y coactivamente tanto el arrepentimiento como, por supuesto, la expresión de arrepentimiento.
P.- ¿Considera la creación de Sortu una mera maniobra electoralista de ETA?
R.- Sortu formaba parte de un plan elaborado por ETA con el concurso de Batasuna. Sortu proviene de Batasuna. Pues bien, ni Batasuna ni cualesquiera otra de las denominaciones anteriores o posteriores con que se han presentado a sí mismas las entidades que articulan la base social de ETA han dejado nunca de estar subordinadas a los dirigentes de esta última. Esa es una lección importante que extraer del pasado. Una segunda lección es que en el seno de Batasuna sólo se ha empezado a cuestionar la violencia por motivos utilitarios y no de principio, después de su ilegalización y de la confirmación de su ilegalización por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Han sido estas circunstancias, y no décadas de presencia en las instituciones representativas, desde el ámbito local al nacional, las que han llevado al entorno proetarra a repensar críticamente la violencia. Durante decenios utilizaron las instituciones y los recursos institucionales para perpetuar el terrorismo. Por cierto, una tercera lección de las experiencias previas radica en el hecho de que ETA y Batasuna siempre han tenido una segunda mejor opción a la que recurrir, engañándonos.
P.- ¿Qué consecuencias puede tener en la cúpula dirigente de Eta la exclusión de Sortu del proceso electoral? Los habrá que vean en ello una nueva justificación para volver a las armas, ¿no?
R.- Los dirigentes de ETA saben que su proyecto político y social ha fracasado. Quieren evitar un final que se parezca a una derrota. Tratarán de hacer valer el uso de las armas para conseguirlo, pero probablemente son conscientes de que ello no sería otra cosa que una huida hacia delante. Eso sí, si los militantes de ETA dentro o fuera de prisión pudiesen pronunciarse, mediante voto individual y secreto, la decisión colectiva sería abandonar la violencia, disolver la banda armada y plantearse el modo de administrar sus cuentas pendientes con el ordenamiento legal o sus condenas. Asediada por una gran eficacia policial y la cooperación internacional, más aislada socialmente que nunca, ETA puede volver a matar, pero su proyecto político y social ha fracasado, y eso es irreversible. ETA debe ser derrotada por la democracia, es decir, por la acción del Estado de Derecho y de la sociedad civil. Y debe haber justicia, teniendo en mente la memoria y la dignidad de las víctimas del terrorismo. Hay que evitar que el final de ETA ocurra de un modo que erosione valores fundamentales de la convivencia democrática. Se lo debemos a las futuras generaciones de ciudadanos españoles.
P.- ¿En qué sentido la banda terrorista ha tenido que modificar sus estrategias con la llegada al Gobierno vasco de los partidos no nacionalistas?
R.- Hasta que el Gobierno Vasco no ha sido formado por el Partido Socialista de Euskadi, con el respaldo parlamentario del Partido Popular del País Vasco, la implicación de la Ertzaintza en tareas de prevención y lucha contra el terrorismo se encontraba muy por debajo del óptimo necesario, e incluso estuvo deliberadamente minimizada, sobre todo mientras el Partido Nacionalista Vasco y Eusko Alkartasuna prefirieron pactar con otras fuerzas nacionalistas aunque no fuesen demócratas antes que con los demás partidos vascos aunque no fuesen nacionalistas. Por otra parte, el actual Gobierno Vasco, con el apoyo tanto del PSE como del PP, ha tomado por primera vez la decisión de llevar a cabo programa de prevención de la radicalización violenta, en ámbitos como el educativo, el de los medios de comunicación o el de otros espacios públicos. Que en las localidades del País Vasco ya no se exhiban pancartas con fotografías que glorifican a miembros de ETA, proponiéndolos así como modelo para niños y adolescentes, es en sí mismo un gran avance. ETA sabe que todo esto la menoscaba todavía más. ¿Acaso no planearon matar a Patxi López?
P.- ¿Qué efecto puede tener sobre el terrorismo islamista la intervención occidental en Libia? ¿Puede espolear el odio contra Occidente? ¿O no?: al fin y al cabo Al Qaeda considera a Gadafi un enemigo.
R.- El enfrentamiento civil en Libia puede generar condiciones de desintegración del poder y disolución del tejido social que, transcurrido un cierto plazo de tiempo, resulten propicias para la actividad de grupos y organizaciones del terrorismo yihadista. Al Qaeda se prepara para la transición en ese país y en otros del mundo árabe, donde pueden surgir oportunidades asimismo favorables para su estrategia global. . Interés en ello, desde luego, no le va a faltar, pues buena parte de los actuales líderes y mandos intermedios de Al Qaeda son libios. Además, hay centenares de antiguos miembros del Grupo Islámico Combatiente Libio, en el pasado asociado con Al Qaeda, que en 2010 reconocieron como islámico al régimen de Gadafi y fueron excarcelados, pero cuyo compromiso difícilmente se mantendrá con otras autoridades, menos aún si son democráticamente elegidas. Varios centenares más continúan en prisión. La propia Al Qaeda en el Magreb Islámico cuenta con una partida libia, y quizá haya conseguido nuevo armamento procedente de los arsenales oficiales saqueados en las últimas semanas. A ello hay que añadir que de las localidades del noreste de Libia salieron muchos voluntarios para misiones suicidas de Al Qaeda en Irak, una sustanciosa parte de los cuales regresaron a sus lugares de origen. A todo este elenco de yihadistas, cualquier tipo de intervención occidental les enardece, pero podrían extraer especial provecho de manipular en beneficio propio una eventual presencia de tropas occidentales en suelo libio, que en principio resultaría contraproducente.