La industria cultural ya puede respirar aliviada. No ha ganado la guerra pero la victoria es importante. Por fin se termina más de una década en la que ha reinado la ley de la jungla en la red a rebufo de una industria a la que el toro pilló tarde. El Consejo de Ministros celebrado hoy ha anunciado que la Ley Sinde ha sido proclamada por un Gobierno en el que, paradojas, no está la propia Sinde, que ha pasado por un verdadero calvario personal, con su disputa con Alex de la Iglesia, entonces presidente de la Academia, como punto álgido. Un proceso tortuoso y eterno que ha culminado con la aprobación, por un gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy y con el sociólogo José Ignacio Wert como ministro, de un Reglamento que impone una línea moderadamente "dura" y que pretende tapar un vacío legal que se ha llevado por delante a la industria musical, ha dañado especialmente al cine con mercado de DVDs y televisión digital y comenzaba a amenazar a la industria editorial ante el auge del ebook.



Esta es una ley que castiga a quienes ofrecen los contenidos y no a quienes se los descargan, como sucede en Francia. La ley también ofrece una generosa amnistía al proporcionar a los infractores 48 horas para cerrar y desaparecer sin pena alguna. Hasta la fecha, la Coalición de Creadores calcula que en el último año casi el 80% de los contenidos culturales consumidos a través de internet son piratas. En cifras, el negocio legal en la red movió 1.538 millones de euros de enero a junio de 2011. El valor de lo adquirido subrepticiamente es de 5.229 millones. Cuatro veces más.



Se desconocen aún oficialmente los detalles de un Reglamento que ha estado dos años en el limbo y que ha sido sometido a examen por parte del Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial ante la posibilidad de que se plantee un conflicto relativo al recorte de libertades, el temido Gran Hermano en Internet. Si las filtraciones en prensa no andan equivocadas, y todo indica que no, se ha impuesto la celeridad a la hora de atajar el asunto: se castiga a las webs de enlaces, se impone el plazo express para cerrar webs en diez días, se penaliza con dureza la reincidencia y si una página cierra pero vuelve a abrir en otro dominio como una seta, no se vuelve a empezar el proceso sino que se suma a la comisión del delito. Los críticos han ganado dos pequeñas batallas al asegurarse que sea un juez quien deba autorizar el cierre de una página y la supresión del polémico canon digital, que será sustituido por algún tipo de protección de copia privada por determinar. Todo esto lo aplicará una nueva "Sección Segunda" de la Comisión de la Propiedad Intelectual que podrá moverse con rapidez y seguridad jurídica a la hora de impedir que se siga propagando contenido protegido de manera ilegal.



Desde luego, los más contentos en este momento deben de ser los abogados especialistas en propiedad intelectual, que van a tener muchísimo trabajo. Hoy día, como cualquiera sabe, basta teclear en Google el título de algún disco popular o estreno reciente para encontrarlo en streaming o listo para la descarga en decenas de portales que sobreviven, cuando no se enriquecen, alojando publicidad. Millones de personas llevan años consumiendo música y cine sin pagar nada en lo que es un hábito social plenamente instaurado. Eso es un hecho que las cifras certifican año tras año por lo que la ley bien puede considerase una revolución. Una vez ganada la batalla legal, sin duda, a la industria cultural le queda por delante ganar la de una opinión pública que ha sido muy poco sensible a sus demandas. No todo es malo. Los ciudadanos se han acostumbrado a consumir cultura de forma masiva, incluso procaz, y si la ley funciona y la oferta se basa en precios justos y competitivos, la demanda puede ser brutal y el aumento de ingresos exponencial.



La aprobación de la Ley Sinde coincide con un momento en el que la industria cultural, que reaccionó ostensiblemente tarde y mal al huracán de internet, está mucho más preparada para ofrecer contenidos legales y a precios mucho más bajos que hace tan solo una década. Un reciente informe del Instituto Nacional de Estadística indica que en la última década, desde la aparición del euro, los precios han subido un 31%. La única salvedad es la cultura, que ha bajado un 1.7%. Propuestas como Spotify en música, el auge de portales Amazon o iTunes que ofrecen contenidos digitales, videoclubes online como Filmin o waki.tv y un largo etcétera de portales y servidores legales están preparados aunque son claramente insuficientes. Si todo sale bien, es el momento de que aparezcan nuevos negocios e ideas que terminen de configurar el nuevo panorama. Nunca antes en la historia de la humanidad va a ser accesible para amplias capas de la población, que no necesitarán más que una conexión a Internet, una oferta cultural tan basta y asequible. Será la hora de la calidad tras años en los que han proliferado copias infectadas de virus y en pésimas condiciones que atentaban contra el derecho de los autores a que su obra sea consumida en su integridad.



Desde luego, la industria cultural no ingresará el año que viene ni los 10.000 millones que dijo haber perdido por culpa de la piratería ni los 12.000 de "pérdidas" que se prevén para éste. Pero el descalabro, afectado también por la desaparición de los formatos físicos, ha sido demoledor en todos los sectores. La industria musical, la más afectada: en 2003 el sector facturaba 450 millones de euros, en 2010, 192 millones. En cine, el sector más perjudicado ha sido el del cine doméstico. Entre 2005 y la actualidad, el mercado de DVDs ha perdido más de un 50% de sus ingresos y la inmensa mayoría de videoclubes han cerrado. En el sector del libro, el fantasma de la piratería comenzaba a asomar y la Coalición de Creadores le adjudicaba pérdidas por valor de 793 millones en los últimos seis meses. La Ley Sinde llega diez segundos antes de un descalabro que hubiera podido ser total.