El valor económico de los contenidos culturales pirateados creció un 5 % en 2023 con respecto al año anterior, según un estudio realizado por la consultora GfK a instancias de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos. Aunque en el periodo estudiado se redujo un 1 % el número de contenidos a los que se accedió ilícitamente (5.079 millones), su valor total aumentó hasta alcanzar los 33.957 millones de euros.

El lucro cesante provocado por la piratería a los creadores e industrias culturales se elevó hasta los 1.992 millones de euros. Según el informe, la piratería ha impedido el pasado año la generación de 17.902 puestos directos, que habría situado la ocupación total de estas industrias en 107.410 empleos directos e indirectos. Además, calcula que las arcas públicas han dejado de percibir 600 millones de euros en concepto de IVA, IRPF y cotizaciones de la Seguridad Social.

Por ello, La Coalición de Creadores pide "el apoyo firme de los poderes públicos para perfeccionar las medidas e instrumentos legales y plantear soluciones efectivas ante las cambiantes prácticas delictivas que le asolan".

“Los creadores e industrias de este sector estratégico sabemos que los datos evidencian con rotundidad que las medidas que se han ido adoptando, muchas de ellas exitosas reformas legislativas, han conseguido durante algún tiempo revertir la grave situación y el perjuicio que producen los accesos masivos a contenidos ilegales, pues la tendencia desde 2017 parecía de claro y drástico descenso. Sin embargo, el estancamiento de los datos muestra como el parasitario mercado ilegal ha sabido eludir las medidas actuales para seguir delinquiendo, abrir fisuras en la recuperación y malograr los muchos recursos y esfuerzos que el sector cultural y la Administración han impulsado estos años atrás”, destaca Carlota Navarrete, directora general de La Coalición.

“Es el momento de perfeccionar con urgencia y voluntad todos los instrumentos y dar cabida a soluciones más eficaces, a la altura de las necesidades actuales. Es la única solución para afrontar los desafíos y ofrecer respuestas a los retos inmediatos de la protección de la propiedad intelectual y la Cultura, como ámbito estratégico fundamental para el futuro y la competitividad y para que sigamos siendo un referente en Europa y en el mundo”, añade Navarrete.

El sector de los libros encabeza un año más la clasificación de los porcentajes de individuos que acceden a contenidos ilícitos: un 37 %, un 4 % más que en 2022. Le siguen la música (30 %), los periódicos (26 %), las imágenes (25 %), las películas y series (22 %), las revistas (22 %) y los videojuegos (15 %).

"El acceso ilegal a contenidos editoriales sigue siendo una amenaza seria para la sostenibilidad del trabajo de autores y editores", señala Carme Riera, presidenta de CEDRO, la entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual de autores y editores. "Esta práctica no solo pone en riesgo la publicación de libros, periódicos y revistas, sino que también dificulta que los ciudadanos dispongan de una información y de unos contenidos veraces y de calidad".

La música vuelve a ser la más castigada económicamente por estas prácticas, con 2.369 millones de accesos por un valor de 11.320 millones de euros. Los 308 millones de videojuegos tienen un valor de 9.117 millones de euros, mientras que llegan a 6.153 millones de euros los 550 millones de películas a las que se accedió sin permiso.

La piratería ha provocado a las industrias culturales un lucro cesante de 1.992 millones de euros (1.995 en 2022). Este daño se reparte del siguiente modo: música, 628 millones de euros; periódicos y revistas, 628; películas y series, 330; libros, 253; videojuegos, 154; e imágenes, 112.

Antonio Guisasola, presidente de PROMUSICAE, la asociación que representa a la industria discográfica, opina: "Se están perdiendo millones de euros y puestos de trabajo que van a manos de delincuentes que se aprovechan del trabajo creativo ajeno. Es clave reforzar el compromiso y la acción decidida de las Administraciones públicas e incorporar reformas legislativas que se adapten a la evolución de este fenómeno parasitario y dañino para el conjunto de las estructuras culturales de nuestro país".

Estela Artacho, presidenta de FEDICINE, la federación de distribuidores cinematográficos, afirma: "Una de cada cinco personas ve ilegalmente películas y series. Esto impacta a miles de empleos y a toda la cadena de valor del audiovisual y provoca pérdidas devastadoras, cuantificables en un perjuicio para el sector de Películas y Series de 330 millones de euros en su conjunto".

Los consumidores continúan, en su mayoría, justificando su acceso a contenidos ilícitos a partir de diversos argumentos. “Pirateo para evitar pagar por un contenido que luego, posiblemente, no me guste”, asegura un 61 % de ellos; “el acceso a los contenidos ilícitos es rápido y sencillo” (52 %) o “porque no pasa nada y lo hace todo el mundo” (38 %).

Además, un 46 % asegura no saber distinguir entre plataformas legales e ilegales. En este sentido, casi la mitad de los individuos relaciona la legalidad con la disponibilidad de los datos de contacto de la empresa. El 27 % considera legal a aquellos que le piden registrarse o a los que han tenido que facilitar sus datos. El 26 % estima que es legal si muestra métodos de pago conocidos con logos. Y un 18 % si se publicitan marcas reputadas.

Paradójicamente, estos mismos usuarios que acceden a contenidos ilícitos reconocen, en un 65 %, que los creadores y las industrias de contenidos culturales son un sector estratégico para la economía y el empleo de nuestro país y dinamizadores de otros sectores económicos (57 %). También confirman que en nuestro país existe suficiente oferta legal (61 %) y que, además, es fácil acceder a ella (63 %).

El informe explica que los métodos de acceso a páginas ilegales son variados, pero Google es el buscador que acapara el 92 % de las búsquedas. Tras los buscadores, la mensajería instantánea y las redes sociales son las vías más usadas para acceder a portales que no respetan los derechos de propiedad intelectual.

Por primera vez, Telegram (37 %) supera a Facebook (31 %) como opción preferida para buscar contenidos pirateados, seguidos por YouTube (28 %), WhatsApp (24 %), Instagram (23 %) y X (18 %).

El uso de los datos personales aportados por los internautas, la publicidad y el pago por el consumo de contenidos son las principales fuentes de financiación de los portales ilegales.

El 65% de los consumidores de contenidos gratuitos ha declarado que necesitó registrarse en los portales para acceder al contenido. La mitad (52%) confiesa que aportó el correo electrónico, mientras que el 20% respondió a un cuestionario y el 21% facilitó su número de teléfono. El riesgo en este punto se centra en que al proporcionar sus datos personales, estos puedan ser utilizados para su posterior venta a terceros y ser empleados en campañas de spam y phishing.

La publicidad es la mayor fuente de financiación de los portales de contenidos ilícitos, pues está presente en 9 de cada 10 de ellos, según declaran los internautas. Hay un claro predominio de los anuncios de apuestas y juegos (45%), venta online (37%) y contactos y citas (30%). En 2023 se ha producido, por primera vez, un descenso en la presencia de la publicidad de las grandes marcas (perfumes, coches, grandes superficies, etc.), que se sitúa en un 28%.

En cuanto a la efectividad de las medidas adoptadas desde la Administración y las industrias para impedir el acceso a los portales de contenidos ilícitos, el estudio revela que 6 de cada 10 usuarios han intentado acceder a un portal que había sido cerrado o había dejado de existir, mayormente tipo Torrent. En 2022 o 2021 el porcentaje era bastante menor. Esto, en opinión de La Coalición, "evidencia que el esfuerzo de las industrias al perseguir estos portales, y el éxito de la Justicia y la Administración al aplicar los mecanismos legales, son reales y constantes, pero necesitan perfeccionarse para ser efectivos ante los nuevos retos".

Como ya se reflejó en el informe de 2022, los principales factores que a los internautas les hacen de barrera para no piratear "son impactantes": miedo a ser estafado (85%), temor al robo de los datos de la tarjeta de crédito (82%), posibilidad de infección de los terminales con virus (81%), que se pueda hacer negocio con los datos personales aportados (74%) o que los beneficios de los portales se destinen a organizaciones delictivas (73%). En cambio, la preocupación por el perjuicio a los trabajadores (48%) y los autores/creadores (46%) se sitúan entre las últimas razones, aunque se percibe el despunte de una creciente sensibilidad.