El Gobierno aprueba el proyecto de Ley reguladora del Museo Reina Sofía

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el proyecto de ley reguladora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) presentado por la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde.

El proyecto prevé dotar a la institución de un nuevo marco jurídico que responda a las necesidades de funcionamiento y gestión propias de un centro de estas características, garantizando al mismo tiempo el máximo nivel de calidad exigible a un museo de titularidad pública estatal en la prestación de sus servicios culturales. Se trata de lograr una gestión más ágil y flexible de la institución manteniendo el carácter público del museo si bien con algunas características que lo sitúan en aspectos concretos en la órbita del derecho privado.

La modificación de la naturaleza jurídica de los museos ha sido un fenómeno generalizado entre los grandes museos del resto de Europa. En España existe el precedente inmediato del Museo Nacional del Prado, que abandonó la figura de organismo autónomo de carácter administrativo, como hace ahora el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, para convertirse en un organismo público con estatuto específico en virtud de una Ley propia que se aprobó en el año 2003.

Principales cambios

Las principales diferencias respecto del régimen actualmente aplicable en el museo se concentran en tres grandes materias: En el ámbito de la contratación administrativa se le dota de más flexibilidad para agilizar algunas actividades necesitadas de un margen de maniobra superior, como las exposiciones temporales. A su vez facilitará la gestión de otros servicios del Museo como la tienda-librería o la cafetería-restaurante. Desde la perspectiva presupuestaria, el proyecto proporcionará una gestión económico-presupuestaria más ágil a la institución. Para ello prevé un control financiero permanente que permitirá mayor rapidez y eficacia de la gestión, reduciendo notablemente los tiempos de tramitación. Hay que tener en cuenta que el Museo celebró más de 1.000 contratos en 2010, muchos de ellos además con instituciones extranjeras.

Por último, se aborda también una modificación a futuros, unificando el régimen jurídico del personal del organismo, promoviendo así una gestión homogénea de los recursos humanos.