El arquitecto valenciano Santiago Calatrava tendrá que acudir el próximo 13 de noviembre al Tribunal de Cuentas italiano, junto a los ingenieros Roberto Scibilia, Salvatore Vento y Roberto Casarin, a quienes se acusa de "negligencia grave" y de los "daños a las arcas del Estado" por los errores cometidos durante la construcción del 'Puente de la Constitución', ubicado en Venecia desde el año 2008 y que une la Plaza de Roma a la estación de Santa Lucía.

Así, tras nueve años de investigaciones y evaluaciones el fiscal del Tribunal de Cuentas, Carmine Scarano, ha valorado un crecimiento exponencial de los costes del puente, pasando de los 3,8 millones de euros iniciales a 10,7 millones, según ha informado este martes el diario italiano Corriere del Veneto.

Ante estos datos, Scarano ha manifestado que la cifra final "aún no es definitiva, y tal vez nunca lo será". "En el futuro, el puente ocasionará un constante y desproporcionado desembolso económico por parte de la administración, como consecuencia de la enfermedad crónica que sufre el trabajo -ha agregado-. El puente se encuentra bajo vigilancia continua para demostrar la insuficiencia de la solución de diseño".

Además, ha expresado que los registros de los archivos muestran "un patrón de incapacidad grave y generalizada, que se traduce en un vergonzoso y asombroso conjunto de errores encontrados desde las primeras etapas de planificación y ejecución".

Asimismo, Scarano ha anunciado que podría solicitar 1.078.000 a Calatrava, así como 1.705.000 euros a Roberto Scibilia, 1.723.000 a Salvatore Vento y 1.379.000 a Roberto Casarin, si finalmente se demostrara que son culpables de esta "negligencia grave".