¿Está justificada la venta del patrimonio artístico?

Miguel Zugaza
Director del Museo de Bellas Artes de Bilbao

Bienes no enajenables

Dejando al margen, de momento, la singularidad del ordenamiento jurídico español, que protege con auténtica firmeza la integridad de su patrimonio histórico-artístico, tanto público como privado, vamos a tratar de imaginar una situación excepcional en la que, por ejemplo, el Museo del Prado tuviese la oportunidad de adquirir una valiosa e inédita obra de Jan Vermeer de Delft y, ante la quebrada situación de las arcas públicas y la falta de otro recurso disponible, tuviera que plantearse vender una obra, supongamos, de Velázquez. ¿Alguien sería capaz de establecer el justiprecio de esa transacción, decidiendo cuál de los cuadros del genio sevillano pudiera ser el adecuado? No lo creo. ¿Y si la necesidad económica se debiera a la oportunidad no de llenar un vacío histórico en la colección, sino de cubrir el balance de la cuenta de resultados del museo para así evitar otras consecuencias dolorosas como recortes en servicios y despidos de personal? Tampoco.

¿Qué hubiera sido de la colección real española si en cada apretón económico los sucesivos monarcas, y más tarde las dictaduras y repúblicas diversas, hubieran dispuesto la venta de las obras para enjuagar la maltrecha hacienda española? Ocasiones no han faltado. Sin ir más lejos, debemos recordar el comentario jocoso de un ministro finlandés durante la anterior crisis financiera sugiriendo la entrega de Las meninas de Velázquez como prenda del necesario rescate económico que requería con urgencia nuestro país. El dilema planteado ahora a la opinión pública internacional por la Royal Academy of Arts de Londres, con la amenaza a su gobierno de vender el Tondo Taddei de Miguel Ángel para evitar el despido del 40 % de la plantilla, nos habla directamente de una posibilidad ausente en la norma española para cualquier museo público, y menos cuando se encuentra bajo protección de la Corona. En España, afortunadamente, los bienes culturales amparados por la administración pública no son enajenables, razón por la cual hoy, a pesar de los sucesivos expolios perpetrados en nuestra conflictiva historia contemporánea, podemos sentirnos orgullosos de conservar uno de los patrimonios históricos y artísticos más deslumbrantes del viejo mundo.

¿Qué hubiera sido de la colección real española si en cada apretón económico los sucesivos monarcas hubieran dispuesto la venta de las obras para enjuagar la maltrecha hacienda nacional?

Como ocurre con toda regla, existen sus excepciones. Quizás la más recordada es el intercambio de bienes culturales y artísticos entre el Gobierno del General Franco y el de Vichy durante la ocupación alemana de Francia. Entonces, en 1941, se pactó la repatriación nada menos que de la Dama de Elche, de parte del Tesoro de Guarrazar y de la maravillosa Inmaculada de los Venerables de Murillo confiscada por el Mariscal Soult durante la Guerra dela Independencia. Como compensación, se tuvo que tomar la delicada decisión de enviar al Louvre, entre otras, dos pinturas del Museo del Prado –un Greco y un Velázquez–, reconocidas ahora como obras de taller para alivio patrio. Al margen del desigual intercambio, visto de forma retrospectiva, no deja de servir esta operación diplomática como la gran excepción que no debe convertirse en regla.

Elena Hernando
Directora General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid

El tiempo pone a cada obra en su lugar

Una de las consecuencias de este virus impenitente es la acentuación de la crisis del sector de la cultura y la búsqueda de soluciones para paliarla. Dentro del ámbito de los museos el término deaccessioning, o retirada definitiva de una obra de la colección de un museo, provoca temor y suspicacia, pues ofrece una salvación que lleva implícita la renuncia a uno de sus fines esenciales y razón de su existencia: la custodia y conservación de los bienes culturales.

El Consejo Internacional de Museos los define como instituciones sin ánimo de lucro cuya finalidad principal es conservar, investigar y difundir el patrimonio cultural que albergan. A su vez, en su código deontológico establece unas directrices sobre el deaccessioning, sosteniendo que en ningún caso debe considerarse el valor monetario potencial de una obra entre los motivos para darla de baja, y establece que los fondos obtenidos por su venta deben utilizarse únicamente en beneficio de su colección, en ningún caso para financiar costes de mantenimiento.

El museo avanza a la par que el conocimiento de sus colecciones. Lo que ahora no forma parte del discurso expositivo o carece de interés científico, mañana puede cambiar

En España, los bienes culturales de los museos públicos son, según nuestra legislación, inalienables, imprescriptibles e inembargables, por lo que no se plantea el debate más allá de lo que constituiría una mera distopía. En el caso de los museos privados, la ley limita la venta si está sujeta a exportabilidad y puede suponer una pérdida para el patrimonio histórico de todos los españoles. Pero más allá de las razones jurídicas, ¿estaría, hipotéticamente, justificada la venta de obras en aras de garantizar la viabilidad de una institución? No, pues ello alteraría sustancialmente su identidad, su razón de ser.

En el caso de las obras en salas de reserva, no es válido el razonamiento que defiende que nunca serán expuestas, al tiempo que generan gastos. El museo es una institución concebida para perdurar y avanza a la par que el conocimiento de sus colecciones; de este modo, lo que ahora no forma parte del discurso expositivo o carece de interés científico, mañana puede cambiar. Recordemos el caso de un cuadro que se encontraba en los peines del Museo Lázaro Galdiano atribuido a Juan Martín Cabezalero y que pudo ser identificado recientemente por una profesora de la Universidad de Lovaina como obra de la pintora flamenca Michaelina Wautier. Inesperadamente, hoy se muestra orgullosa en sus salas.

Las obras que custodia un museo se deben a un legado histórico, son patrimonio de todos y pertenecen a las generaciones pasadas, presentes y futuras, por lo que no deben estar sometidas a vaivenes derivados de necesidades perentorias relacionadas con coyunturas económicas sin duda pasajeras. La situación actual puede limitar la actividad de una institución, pero su rescate no debe provenir del menoscabo de su patrimonio cultural, sino del apoyo del sector público y del conjunto de la sociedad. Pensemos soluciones que no pasen por privar al museo de una de sus principales funciones, ni al ciudadano del disfrute de las obras… No terminemos lamentándonos de que un día acaben encerradas en la cámara acorazada de un banco.