Estatuto del Artista "o del espectáculo": los problemas de los autónomos y los artistas visuales, en el aire

El adelanto electoral del 23-J ha dejado en suspenso la redacción y aprobación de muchas medidas aún pendientes del Estatuto del Artista. Una de las más importantes es la creación de una prestación por cese de actividad (el paro de los autónomos) específica para el sector cultural que tenga en cuenta la intermitencia laboral típica de este tipo de profesionales. El Gobierno ya aprobó hace unos meses una prestación por desempleo especial para los trabajadores culturales por cuenta ajena, pero entre los artistas, creadores culturales y otras profesiones relacionadas con el sector abundan los autónomos, por lo que se trata de una de las medidas más esperadas.

La mesa de trabajo entre los ministerios implicados y los representantes del sector se abrió hace unas semanas. Ante la inminencia de las elecciones, hoy había fijada una reunión de la mesa de trabajo para decidir si los representantes del sector aprobaban o no la prestación especial por cese de actividad, así como rebajar la cuota de autónomos de 161 a 125 euros mensuales y ampliar de 3.000 a 6.000 el umbral máximo de ingresos anuales para poder acogerse a esa reducción.

Finalmente, el sector ha rechazado estas medidas por considerarlas insuficientes, según informa a El Cultural el abogado y gestor cultural Alberto González Pulido, representante de la Unión de Artistas Contemporáneos de España en la comisión del Estatuto del Artista. “Los autónomos son la grandísima mayoría del sector cultural. No podemos saber cuántos son porque no están dados de alta, ya que no pueden hacer frente al pago de la cuota mensual de autónomos”, afirma el jurista, y lamenta: “De nada nos sirve que haya una prestación por cese de actividad si no podemos darnos de alta antes”. Además, la prestación por cese de actividad que plantea el Ministerio de Seguridad Social no solo “se ha quedado muy corta”, sino que “establece que durante el cobro de la prestación no se puede desarrollar ningún tipo de actividad, con lo cual limita el acceso al mercado laboral. Es una decepción tremenda”, añade González Pulido.

González Pulido afirma que el sector está “enfadado” por el poco margen de tiempo que ha habido para la negociación y por el trato recibido de algunos ministerios. Aunque agradece en nombre del sector la implicación del Ministerio de Cultura y Deporte, en especial de sus asesores José María Urquijo e Ignasi Camós (que acaba de ser nombrado director general del ICAA tras la salida de Beatriz Navas), lamenta “la desconexión absoluta entre algunas administraciones del Gobierno y la realidad del sector cultural”. “La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social nos ha escuchado, aunque ha propuesto medidas totalmente insuficientes, pero Hacienda ni siquiera se ha sentado con nosotros, no han tenido en ningún momento ni el más mínimo interés por negociar las condiciones de los gastos deducibles”, afirma.

Este punto es especialmente importante en el caso de los artistas plásticos, asegura el abogado: “Los artistas se autoproducen. Gastan mucho en el alquiler de un estudio, en materiales, en libros para su labor de investigación, en transporte. Nada de eso es deducible porque la mayoría de los artistas de este país se ven obligados a formar parte de la economía sumergida”, afirma González Pulido. Y no solo por la precariedad del sector, sino por las “malas prácticas tanto del sector privado como el público”, denuncia. El sector pretendía flexibilizar las condiciones de cotización de los autónomos para que todos esos profesionales pudieran “tener más oxígeno y poder entrar en el ámbito de la economía reglada”.

De hecho, el sector de las artes visuales se siente excluido del Estatuto del Artista por la falta de medidas para resolver sus problemas específicos. “Con el planteamiento actual, el Estatuto sin duda será bueno para otras profesiones, pero las creadoras y los creadores visuales seguiremos social, legal y fiscalmente desamparados. Será el Estatuto del espectáculo, pero no el Estatuto del Artista”, declararon en abril el Instituto de Arte Contemporáneo (IAC), Mujeres en las Artes Visuales (MAV) y la Unión de Artistas Contemporáneos de España (Unión_AC) en un comunicado conjunto.

Para el abogado de la Unión de Artistas Contemporáneos, el Estatuto del Artista “debería ser una cuestión de Estado”. En teoría lo es: recordemos que el informe de la subcomisión para la elaboración del Estatuto del Artista (es decir, el documento que enumera las medidas necesarias y que sirve como hoja de ruta para elaborarlas) fue aprobado por unanimidad por el Pleno del Congreso de los Diputados en septiembre de 2018. En enero de 2019, en tiempos del ministro de Cultura José Guirao, el Congreso aprobó también por unanimidad el Real Decreto-ley que contenía un primer paquete de medidas, con algunos beneficios fiscales y de cotización a la seguridad social.

No obstante, en parte debido a la pandemia, la mayor parte del Estatuto del Artista tardó en ponerse en marcha, y aún queda mucho por concretar. Desde que Iceta asumió la cartera del Ministerio de Cultura y Deporte, se pisó el acelerador y, aunque el ministro ha incumplido el año de plazo que se dio a sí mismo para completarlo, algunas de las medidas más importantes contenidas en la hoja de ruta ya han sido materializadas, como la primera prestación especial por desempleo para el sector o la compatibilidad de la pensión de jubilación con la actividad artística.

El Partido Popular ya ha avisado de que, en caso de llegar al poder, eliminaría —como siempre ha hecho— el Ministerio de Cultura y lo convertiría en una secretaría de Estado subordinada al Ministerio de Educación, lo cual hace temer al sector que el Estatuto del Artista pasaría de nuevo a un segundo plano.

Además de las medidas restantes del Estatuto del Artista, con el fin de esta legislatura quedan pendientes también, en el ámbito cultural, la reforma de la Ley del Cine, que se ha quedado al borde de ser aprobada; la creación de la anunciada Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos, cuyo anteproyecto fue aprobado en diciembre en el Consejo de Ministros; una ley para dotar de mayor autonomía al Teatro Real, como las que tienen el Museo del Prado o la Biblioteca Nacional; la Ley de Patrimonio Histórico, que Iceta desestimó porque enfrentaba al Ministerio con las comunidades autónomas acerca del reparto de competencias, y una ley para regular adecuadamente las enseñanzas artísticas.