Son muchos los museos y centros de arte españoles que no reciben a tiempo las asignaciones y las subvenciones que las administraciones públicas les otorgan. Es frecuente que los fondos lleguen a final de año, propiciando que las instituciones culturales contraigan cuantiosas deudas con proveedores de todo tipo: servicios básicos externalizados, como limpieza o vigilancia; empresas de montaje, imprentas, servicios educativos; y profesionales más directamente ligados al mundo del arte. Artistas que no reciben lo invertido en producción de obras o en concepto de honorarios por su participación en exposiciones o talleres, comisarios, críticos que escriben textos para los catálogos, galeristas a los que se ha adquirido obra...
Pero al MARCO de Vigo se le han juntado los morosos, y lo han puesto en una situación verdaderamente límite. La prensa gallega ha desvelado, en coincidencia con la celebración de su noveno aniversario, que el museo acumulaba una deuda de sus patronos de 587.000 euros. Calderilla, si lo comparamos con los casi 6.000 millones de euros que deben los hospitales del Sistema Nacional de Salud a los suministradores de medicamentos, o los casi 5.000 millones pendientes de pago a las empresas de tecnología sanitaria, según se ha difundido estos días, pero suficiente como para paralizar la actividad del museo.
El MARCO depende de una fundación con cinco patronos: el Ayuntamiento de Vigo, la Consejería de Cultura de la Xunta de Galicia, la Diputación de Pontevedra, el Ministerio de Cultura y Novacaixagalicia. Pues bien, este año, sólo el Ayuntamiento ha abonado su parte, que es la mayor: 805.000 euros. La Diputación de Pontevedra debía hasta hace unos días nada menos que tres anualidades, que sumaban 450.000 euros. Tras ingresar una, debería aún entregar al MARCO 300.000 euros. El Ministerio de Cultura no ha aportado los 127.000 que había comprometido, sin ninguna explicación. Novacaixagalicia ha hecho efectivos 100.000 euros hace sólo una semana; debe aún 200.000. Compárense estas cifras con los 20 millones que cobraron los directivos de esta entidad en concepto de blindaje por despido y aportaciones a sus fondos de pensiones.
La Xunta pone como excusa para no haber entregado los 160.000 euros presupuestados y no ejecutados que no se ha renovado el convenio de cofinanciación, el cual debía haberse firmado en verano. Cosa que evidentemente no es culpa del director del museo, Iñaki Martínez Antelo. La Consejería de Cultura ha prometido que agilizará ese convenio pero la Diputación ha manifestado ante los medios de comunicación que no piensa hacer frente a sus obligaciones hasta que el alcalde “deje de atacar a la institución provincial y se muestre dispuesto a llegar a acuerdos en lugar de discriminarnos continuamente” (palabras de José Manuel Figueroa, vicepresidente de la Diputación). El aludido, Abel Caballero, ha respondido que la Diputación, presidida por Rafael Louzán, es “el gran moroso de la ciudad” y que acudirá a la vía judicial para reclamar una deuda de 621.000 euros que se extiende a otros organismos que deberían financiar conjuntamente: Provigo y la Agencia de la Energía.
Lo de siempre: ayuntamiento del PSOE y diputación del PP -o al revés, da igual- que no son capaces de colaborar por el bien de la ciudadanía. Una vergüenza. Las diputaciones dan mucha guerra en materia de cultura. Acuérdense de otras polémicas que han protagonizado: el Centro José Guerrero de Granada, la Sala Rekalde en Bilbao, el MUVIM de Valencia... Casos de afán de control político, partidista, de instituciones culturales. Ahora es otra cosa, pero estas situaciones diversas apuntan a una misma necesidad: museos y centros de arte con autonomía de gestión real, presupuestos propios (y recortes razonables) y libres de presiones o enfrentamientos políticos. Ya vale.
Pero al MARCO de Vigo se le han juntado los morosos, y lo han puesto en una situación verdaderamente límite. La prensa gallega ha desvelado, en coincidencia con la celebración de su noveno aniversario, que el museo acumulaba una deuda de sus patronos de 587.000 euros. Calderilla, si lo comparamos con los casi 6.000 millones de euros que deben los hospitales del Sistema Nacional de Salud a los suministradores de medicamentos, o los casi 5.000 millones pendientes de pago a las empresas de tecnología sanitaria, según se ha difundido estos días, pero suficiente como para paralizar la actividad del museo.
El MARCO depende de una fundación con cinco patronos: el Ayuntamiento de Vigo, la Consejería de Cultura de la Xunta de Galicia, la Diputación de Pontevedra, el Ministerio de Cultura y Novacaixagalicia. Pues bien, este año, sólo el Ayuntamiento ha abonado su parte, que es la mayor: 805.000 euros. La Diputación de Pontevedra debía hasta hace unos días nada menos que tres anualidades, que sumaban 450.000 euros. Tras ingresar una, debería aún entregar al MARCO 300.000 euros. El Ministerio de Cultura no ha aportado los 127.000 que había comprometido, sin ninguna explicación. Novacaixagalicia ha hecho efectivos 100.000 euros hace sólo una semana; debe aún 200.000. Compárense estas cifras con los 20 millones que cobraron los directivos de esta entidad en concepto de blindaje por despido y aportaciones a sus fondos de pensiones.
La Xunta pone como excusa para no haber entregado los 160.000 euros presupuestados y no ejecutados que no se ha renovado el convenio de cofinanciación, el cual debía haberse firmado en verano. Cosa que evidentemente no es culpa del director del museo, Iñaki Martínez Antelo. La Consejería de Cultura ha prometido que agilizará ese convenio pero la Diputación ha manifestado ante los medios de comunicación que no piensa hacer frente a sus obligaciones hasta que el alcalde “deje de atacar a la institución provincial y se muestre dispuesto a llegar a acuerdos en lugar de discriminarnos continuamente” (palabras de José Manuel Figueroa, vicepresidente de la Diputación). El aludido, Abel Caballero, ha respondido que la Diputación, presidida por Rafael Louzán, es “el gran moroso de la ciudad” y que acudirá a la vía judicial para reclamar una deuda de 621.000 euros que se extiende a otros organismos que deberían financiar conjuntamente: Provigo y la Agencia de la Energía.
Lo de siempre: ayuntamiento del PSOE y diputación del PP -o al revés, da igual- que no son capaces de colaborar por el bien de la ciudadanía. Una vergüenza. Las diputaciones dan mucha guerra en materia de cultura. Acuérdense de otras polémicas que han protagonizado: el Centro José Guerrero de Granada, la Sala Rekalde en Bilbao, el MUVIM de Valencia... Casos de afán de control político, partidista, de instituciones culturales. Ahora es otra cosa, pero estas situaciones diversas apuntan a una misma necesidad: museos y centros de arte con autonomía de gestión real, presupuestos propios (y recortes razonables) y libres de presiones o enfrentamientos políticos. Ya vale.