Esta mañana se ha dictado el cese de José Luis Pérez Pont como gerente del Consorcio de Museos de la Generalitat Valenciana. El vicepresidente del gobierno autonómico y consejero de Cultura y Deportes, el exmatador y empresario Vicente Barrera, de VOX, sacó del baúl hace unas semanas el estoque y está haciendo honor a su primera profesión: tras el descabezamiento de este organismo, se ha confirmado que destituirá en breve, interrumpiendo sus contratos en vigor, a los tres directores adjuntos del Institut Valencià de Cultura: Roberto García (Artes Escénicas), Marga Landete (Música) y Francesc Felipe (Audiovisuales y Cinematografía), todos elegidos mediante un concurso público (procedimiento que, aseguran, volverá a utilizarse para reemplazarlos). Curiosamente, el consejero ha confirmado en su puesto al director general del IVC, Abel Guarinos, que ha expresado su “fidelidad” a la institución y a la consejería.

Tampoco se plantea relevar al director del Museo de Bellas Artes de Valencia, Pablo González Tornel, que accedió en 2020 al puesto tras la renuncia de Carlos Reyero, por haber sido el segundo candidato mejor valorado en el concurso que había ganado este, menos de un año antes. Hay quienes sospechan que la reciente eliminación en este museo de la sala que reunía obras de mujeres artistas desde la primavera del año pasado podría obedecer a indicaciones de la consejería pero eso es algo que no nos consta. De momento, Nuria Enguita sigue al frente del IVAM aunque supongo que no estará demasiado tranquila.

Parece algo caprichosa la expurgación en las instituciones culturales valencianas por parte de la consejería, que defiende su derecho a renovar cargos cuando se inicia una nueva etapa política. Da la impresión de que lo que molesta a su titular no es tanto lo que exhiban o programen sino que hagan convocatorias mediante las que se emplea dinero público en apoyo de producciones culturales de todo tipo.

Barrera compareció el 20 de septiembre por primera vez en el parlamento autonómico para exponer su programa. De su intervención se desprende que, básicamente, pretende luchar contra el “pancatalanismo” y defender las iniciativas empresariales y el mecenazgo privado como motores culturales, lo que significa dejar en la estacada a multitud de creadores y proyectos. Además, claro, de reivindicar la tauromaquia, favorecida con una subvención de 300.000 euros para la Fundación Toro de Lidia, que organizará novilladas en las tres provincias de la comunidad.

El consejero asocia las ayudas públicas con el sectarismo, la politización y la “cancelación”. Frente a ello reclama la “libertad”, aunque no parece que le agrade la que se respiraba hasta hoy en el Consorcio de Museos. Este fue creado en 2016 para mayor gloria de Consuelo Císcar, que impuso su reinado sobre diversos museos y salas de exposiciones con la justificación de optimizar recursos –en realidad dejó un agujero de al menos 11 millones de euros– mediante una programación unificada y circulante. En la actualidad, el Consorcio se ocupa de buena parte de las exposiciones en el Museo de Bellas Artes, el Centre del Carme, las Reales Atarazanas, la Fundación Chirivella Soriano, el Museo de Bellas Artes de Castellón, el Espai d’Art Contemporani, el Museo de Bellas Artes Gravina, la Lonja del Pescado, el Centro Cultural Las Cigarreras o el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA). Y los dota de actividades y recursos educativos.

Cuando Císcar asumió en 2004 la dirección del IVAM, Felipe Garín, en calidad de asesor científico, dio forma a aquello como pudo, con poca ambición y poca cercanía a la actualidad creativa, mientras pagaba la deuda recibida. En 2011 fue nombrado oficialmente director gerente y permaneció al frente hasta que en 2016 el gobierno del Botànic decidió cubrir las direcciones de las instituciones culturales mediante concurso. José Luis Pérez Pont, que había criticado duramente, como crítico de arte, la gestión del Consorcio, ganó la plaza.

Y propuso un modelo inédito, radicalmente participativo, en el que gran parte de las actividades eran escogidas mediante convocatoria. El objetivo era fortalecer las bases de la estructura del sistema, abrir posibilidades a artistas, colectivos, comisarios, mediadores, docentes… En ocho años, con un presupuesto ajustado, se han organizado 558 exposiciones, 6.039 actividades y 417 proyectos educativos. Se han establecido remuneraciones dignas a los participantes en ellas y ya en 2017 se promovió la creación –con jurados de adquisiciones– de una colección de arte contemporáneo, perteneciente a la Generalitat, a través de la cual se apoya a artistas y a galeristas.

Yo no lo he seguido tan de cerca como para poder valorar en detalle todo este impulso pero la percepción que me transmiten diferentes agentes artísticos valencianos es la de que la gestión de Pérez Pont ha marcado un antes y un después. La airada y generalizada reacción al anuncio del cese es prueba de ello. La Asociación Valenciana de Críticos de Arte, la de Artistas Visuales de Alicante, València y Castellón, la Asociación Nacional de Investigadores en Artes Visuales, la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de la Comunitat Valenciana y la de Mujeres en las Artes Visuales (MAV) han emitido un comunicado conjunto y han convocado una manifestación esta misma tarde (actualizaré mañana la información). Le han mostrado también su apoyo un buen número de asociaciones en el sector de las artes escénicas. Y hay una petición abierta en change.org.

El consejo rector del Consorcio de Museos está presidido por el consejero Barrera y sus vocales son todos cargos políticos de VOX y el PP que representan a las administraciones consorciadas –las diputaciones de Alicante, Valencia, Castellón y los ayuntamientos de las capitales de esas provincias y de Elche– con una sola excepción: la representante del Consejo Valenciano de Cultura, Begoña Martínez Deltell, muy capacitada y conocida en la comunidad artística nacional como propietaria de la Galería Aural. Ella, plenamente respaldada por el CVC, ha sido la única que ha votado en contra del cese, manifestando muy a las claras su oposición a esta decisión, basada en informes que contienen errores y que han sido interpretados de manera torticera por la consejería.



El de Pérez Pont ha sido una “despido disciplinario” por haber incumplido supuestamente sus obligaciones. Se le acusa, en virtud de un informe del Instituto Valenciano de Conservación, Restauración e Investigación, de poner en riesgo la colección antes mencionada que en realidad no pertenece al Consorcio de Museos sino a la Generalitat y se guarda en almacenes de esta última, de los que por tanto debería responsabilizarse la consejería de Cultura y Deportes.

También le cargan con irregularidades y mala praxis recurriendo a sucesivos informes de auditoría en los que se señalan las habituales minucias en contrataciones y trámites administrativos, que no tienen mayor importancia y que se pueden subsanar con colaboración de la Administración tutelar, la cual no siempre adapta los marcos normativos, aporta los dineros o responde a las necesidades de personal de los museos y centros de arte. Son excusas. Y no dudo de que Pérez Pont, que es abogado, acudirá a los tribunales para enfrentarse a esas acusaciones. Por empeño suyo, el Consorcio de Museos ha llevado al máximo la transparencia económica, como pueden comprobar en el correspondiente apartado de su web. En ella podrán también leer los proyectos presentados por el ya exgerente en el concurso inicial de 2016 y para su renovación en 2021.

En la reunión telemática del consejo celebrada esta mañana, que ha durado escasos veinte minutos, la voz cantante y desabrida la ha llevado Paula Añó, secretaria autonómica de Cultura y Deporte, a la que el experto en economía de la cultura Pau Rausell, de la Universitat de València, atribuía hace poco un “pensamiento pueril”. (Ella ha emitido un voto que no sé si debería ser nulo, pues no está llamada a participar en la toma de decisiones del consejo, según sus estatutos). Ha dicho que el despido es irrevocable. Y, agárrense: será la nueva directora-gerente del Consorcio de Museos, de manera interina. No hasta que convoquen un concurso y un comité de expertos elija a un candidato sino hasta que encuentren a alguien de su cuerda que acepte el cargo a dedo. Lo sé porque todavía ayer por la tarde Añó hacía llamadas a la desesperada ofreciendo sin éxito el regalito envenenado.

Habrá una doble dirección, artística y económica, para mejor controlar el organismo. Se ha dado ya un paso en esa dirección al revocar la delegación de competencias vigente desde 2012 que daba cierta autonomía al director gerente del Consorcio: se le permitía autorizar gastos y ordenar pagos y actuar como órgano de contratación. A ver quién tiene la poca vergüenza de aceptar salir a ese ruedo, en el que tan bien se ejercita la suerte de matar.