El Gobierno pretende que las plataformas internacionales de streaming como Netflix, HBO o Amazon Prime Vídeo dediquen un 5 % de sus ingresos generados en España a la financiación de películas o series europeas. Así lo recoge el anteproyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual, sometido a audiencia pública desde hoy y hasta el 3 de diciembre. De esta manera, nuestro país se adaptaría a una directiva de la Unión Europea que busca que estos nuevos proveedores de contenidos, cada vez con más presencia y volumen de negocio, se equiparen a las cadenas de televisión en algunas de sus obligaciones. En España las televisiones privadas como Mediaset y Atresmedia y los operadores de telecomunicación como Movistar, Vodafone y Orange ya tenían que financiar el cine español y la televisión publica.

De la cantidad que se recaude con esta nueva medida, un mínimo del 70% servirá para financiar obras audiovisuales de productores independientes y un mínimo del 40% a financiar películas de productores independientes de cualquier género, en cualquiera de las lenguas oficiales de España. Si estas empresas generen una facturación en España inferior a 50 millones de euros al año, deberán destinar el 5% de dichos ingresos a la financiación de obra audiovisual europea, a la compra de derechos de obra audiovisual europea terminada o a la contribución al Fondo de Protección de la Cinematografía. Como mínimo el 70% se debe destinar a financiar obras de productores independientes. Si la facturación de alguna de estas plataformas no alcanza los 10 millones de euros, quedaría exenta.

Curiosamente, los ingresos declarados por Netflix en España en 2018 fueron de 538.921 euros, por lo que no hubiera tenido que aportar nada, y lo mismo ocurría con HBO en el mismo año. Es vox populi que las plataformas solo declaran una mínima parte de lo que facturan en nuestro país, desviando el resto a países con fiscalidades más favorables. Para el control del cumplimiento de las nuevas medidas, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) creará un registro en el que todas las plataformas deberán inscribirse y aportar datos como número de suscriptores o número de cuotas cobradas. Así se pretende obtener una cifra que sea más cercana a la realidad.

Además, el anteproyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual también establece que las plataformas tendrán que dedicar un 30 % de su catálogo a obras europeas, y que el 50% de esa cantidad tendrá que ser destinada a obras en lenguas oficiales en España. Pero finalmente, y pese a los rumores que hablaban de que era una medida que tendría cabida en la nueva Ley, no tendrán que aportar nada a la financiación de RTVE, como si hacen las televisiones privadas y los operadores de telecomunicaciones.