El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de la Ley del Cine, que introduce ayudas públicas para películas y series de televisión y la creación de un Consejo Estatal de la Cinematografía y la Cultura Audiovisual. La nueva norma, que pasará a llamarse Ley del Cine y la Cultura Audiovisual, podrá comenzar así su tramitación parlamentaria con el objetivo de que este mismo año quede cerrado el texto definitivo.

Esta ley sustituirá a la de 2007, adaptándose a los grandes cambios que ha experimentado el sector en los últimos años con la explosión de las plataformas audiovisuales, según señala un borrador del anteproyecto. El objetivo es "ampliar el campo de acción normativa al audiovisual en su conjunto para dotar de mayor coherencia y seguridad jurídica al sector, sin perjuicio de que la actividad cinematográfica continúe manteniendo un especial nivel de atención y protección", de acuerdo con el texto.

Porque, "en los últimos años, el sector ha experimentado cambios más profundos vinculados a la incorporación de nuevos servicios de distribución, explotación y difusión" en una "sociedad caracterizada por la cultura y la economía digital", lo que ha favorecido "la proliferación de una heterogeneidad de contenidos y narrativas audiovisuales y la diversificación de los hábitos de consumo".

Las ayudas a la producción de largometrajes sobre proyecto se harán extensivas así a "otras obras audiovisuales", entendiendo como tales las que no están destinadas en primer término a ser programadas en salas de exhibición cinematográfica, sino que llegan al público de otra manera, como pueden ser las plataformas televisivas.

Además, habrá nuevas ayudas para la distribución en espacios alternativos a las salas de exhibición o en internet para películas de difícil difusión, y otra línea para la distribución fuera de España de largometrajes y cortometrajes españoles. También hay nuevas ayudas para la creación de guiones y para el desarrollo de proyectos audiovisuales, así como para laboratorios de formación, para obras audiovisuales con empleo de nuevas tecnologías y para actividades de I+D+i.

"Han pasado 15 años de la anterior ley, se han producido importantísimos cambios en el mundo audiovisual y digital, el sector nos pedía una adaptación a la nueva realidad", ha dicho en rueda de prensa el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, que aseguraba en una reciente comparecencia en la Comisión de Cultura del Senado que la nueva ley buscará también la definición y el apoyo a los sectores independientes, tanto en el ámbito de la producción como en los de distribución y exhibición.

Iceta ha explicado que la norma estará abierta a modificaciones para que pueda perdurar en el tiempo y que el objetivo de la misma es "fortalecer la cadena de valor, hacer crecer nuestro cine fuera de nuestras fronteras y fomentar el trabajo conjunto entre el sector y las administraciones".

El ministro, además, ha hecho una defensa del cine español en su comparecencia. "Tenemos que sentirnos orgullosos de nuestro cine", defendía. "La aprobación de este anteproyecto se ha unido a la celebración de los Goya, a la Berlinale, a las nominaciones a los Óscar... Contamos con un gran respeto y reconocimiento internacional y, sin embargo, parece que se nos aprecia más fuera que lo que nos apreciamos nosotros mismos. Los premios que se dan a mejor actor o actriz tienen detrás a alguien que aguanta la cámara, a una persona encargada del cátering, a otro de las localizaciones... Es una industria que produce empleo".

El anteproyecto contempla además la creación de un Consejo Estatal de la Cinematografía y la Cultura Audiovisual, que se centrará en favorecer una mayor colaboración público-privada y en canalizar las peticiones y propuestas del sector en sus relaciones con las administraciones públicas.

La nueva norma establece la obligación por parte de las plataformas de informar del número de visionados de las películas y series y la incorporación de sistemas de accesibilidad (por ejemplo para personas sordas) como requisito para acceder a las ayudas a la producción de largometrajes y a la distribución.

En cuanto a la cuota pantalla de exhibición, se establece un porcentaje mínimo del 20 % de películas "comunitarias o iberoamericanas", frente al 25 % actual, que además son solo para filmes de la Unión Europea.