La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, hoy en el Congreso. Foto: EFE

La ministra de Cultura ha presentado este miércoles en la sesión plenaria del Congreso un paquete de cuatro medidas "para mejorar el funcionamiento de las entidades de gestión", entre las que destaca la modificación parcial de la Ley de Propiedad Intelectual para impedir "la creación indiscriminada" de sociedades y fundaciones mercantiles por parte de las gestoras."Solo se autorizarán, por parte de la Administración Pública competente, aquellas [sociedades mercantiles] que tengan interés manifiesto y que sean necesarias para desarrollar actividades complementarias que la propia entidad no pueda desarrollar en su funcionamiento ordinario", ha subrayado Ángeles González-Sinde.



En segundo lugar, propone la puesta en marcha de una "auditoría pública de funcionamiento obligatoria" para todas las entidades de gestión y ha subrayado que la SGAE ha sido sometida "continuamente" a auditorías financieras de gestión de calidad y de seguridad. "No es verdad en absoluto, por lo tanto, que la SGAE no haya rendido cuentas a nadie ni que haya campado por sus respetos, pero esta nueva evaluación de funcionamiento añadirá un elemento más de vigilancia y de control", ha precisado la dirigente socialista.



En tercer lugar, apuesta por resolver, aunque sea de forma "provisional" mientras Bruselas dicta su directiva sobre derechos de autor, la administración de competencias territoriales sobre el control de entidades de gestión. Para ello, ha pedido la colaboración de todos los grupos parlamentarios, incluidos los nacionalistas, en un "complejo" en que cualquier solución, dice, "tendrá dificultades".



Por último, la ministra ha propuesto la creación de un régimen sancionador especial para las entidades de gestión que no cumplan con sus actividades, ya que, según indica, "es bueno garantizar al máximo su transparencia y obligarlas a cumplir su función sin desviarse".



La ministra, que esta tarde comparecerá ante la Comisión de Cultura del Congreso, ha indicado que "no es que las entidades funcionen mal, simplemente unos individuos presuntamente han violado la ley y se les ha detenido, no hay que olvidarlo". Por otra parte, los grupos del Congreso de los Diputados mostraron este martes su respaldo a la proposición no de ley del PP en la que insta al Gobierno a publicar un Real Decreto mediante el que se suprima el canon digital y se "sustituya por otras fórmulas menos arbitrarias y, por tanto, más justas y equitativas, de remuneración de la propiedad intelectual, basadas en el uso efectivo de las obras y prestaciones".



Las medidas anunciadas por la ministra han sido recibidas con escepticismo por Josep Jover, el abogado que firmó la demanda interpuesta por varias asociaciones de internautas a la SGAE. "Los auditores lo que hacen es contrastar la existencia y el importe de la factura, no la finalidad del servicio prestado. De modo que la auditoría financiera es una gran excusa, nada más". Por ese motivo, el abogado propone sustituir las auditorías financieras por auditorías de responsabilidad social corporativa, y ha señalado esta circunstancia como explicación para que los auditores de la SGAE no descubrieran el pufo de 400 millones que él y sus clientes sí supieron ver.



Con respecto al canon digital, Jover considera que "el problema está en entender que hoy la copia privada genera la mitad de ingresos que hace cinco años, porque la gente trabaja ya mayoritariamente en streaming".